Agitaciones campesinas andaluzas

EL PRIMER Gobierno aut¨®nomo andaluz tom¨® posesi¨®n el martes, y por vez primera los socialistas se encuentran con una importante responsabilidad de gobierno en una regi¨®n que inequ¨ªvocamente les ha otorgado su confianza. La semana anterior, numerosas poblaciones de Andaluc¨ªa Occidental registraron alteraciones de orden p¨²blico surgidas por la demanda de los jornaleros de m¨¢s fondos del empleo comunitario. La respuesta de la Administraci¨®n central ha sido, como siempre, enviar m¨¢s fondos a las cajas de los gobiernos civiles y as¨ª retrasar, ante un nuevo brote, los problemas de fondo que enmarcan la actual situaci¨®n del campesinado andaluz. Hace una semana, el Instituto Nacional de Empleo libraba m¨¢s de 2.200 millones de pesetas con destino a Andaluc¨ªa y Extremadura. El director general de este instituto matizaba que esta nueva partida responde "a los env¨ªos normales que se producen atendiendo las peticiones de los gobernadores civiles de cada provincia" y nada tiene que ver con las protestas que se vienen registrando en el campo andaluz. Sin embargo, hasta ahora, los problemas surgidos en el campo -fundamentalmente el andaluz y extreme?o- en torno al empleo comunitario han sido frenados por la v¨ªa presupuestaria: 20.000 millones en 1981, 22.400 millones en 1982, 25,000 millones previstos para 1983. El reparto de fondos -en manos de los gobernadores civiles- no acaba con el problema, pero lo retrasa hasta una pr¨®xima vez.

El establecimiento de un sistema de seguro de paro para el sector agrario similar al existente en los dem¨¢s sectores resulta problem¨¢tico y dif¨ªcil. Falta dinero y, posiblemente, voluntad pol¨ªtica para hacerlo. Dentro de los propios sindicatos, la reforma del empleo comunitario, que conllevar¨ªa la p¨¦rdida del mismo para numerosos jornaleros, provoca tensiones entre los que son partidarios de una reforma a ultranza que clarifique las cosas, aun a costa de la p¨¦rdida de clientela, y los que entienden que es un tema que, de quemar a alguien, debe quemar al Gobierno. Durante las negociaciones del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), la modificaci¨®n del sistema del empleo comunitario estuvo sobre la mesa negociadora. Pero tampoco en aquella ocasi¨®n se busc¨® una soluci¨®n que zanjara definitivamente lo que l¨ªderes sindicales han calificado como "sistema para la creaci¨®n de vagos y maleantes". Se elevaron los fondos de 12.000 millones en 1981 a 20.000 millones para el mismo a?o.

El Gobierno se comprometi¨® a negociar la modificaci¨®n del sistema en el seno de la reci¨¦n creada comisi¨®n interministerial, elaborando un censo agrario que, desde entonces, duerme el sue?o de los justos. Los intentos realizados en este sentido no han dado resultado. Unas veces, por la incapacidad notoria de llevarlo adelante; otras, por las dificultades que los mismos beneficiarios han ido poniendo para su elaboraci¨®n. No hay censo agrario. Y en el incumplimiento de esta parte del ANE -que ya dejaba las puertas abiertas para ello-, la responsabilidad recae sobre todas las partes que firmaron el mismo, incluidos los sindicatos.

Bien es cierto que los sindicatos han presentado sus propuestas y que no han obtenido el benepl¨¢cito de las otras partes. Pero no es menos cierto que el tema del empleo comunitario quema en las manos de todos los implicados. Las medidas que habr¨ªan de adoptarse -la primera, un censo agrario riguroso que evitara picarescas y situaciones injustas- son, en algunos casos, suficientemente impopulares como para que nadie quiera echar el resto en algo que s¨®lo peri¨®dicamente aparece en las p¨¢ginas de los peri¨®dicos. Sin embargo, cabe preguntarse qu¨¦ ocurrir¨¢ cuando los 22.400 millones de pesetas se terminen.

El ajuste social de la crisis econ¨®mica ha sido especialmente implacable en las zonas rurales andaluzas de tradicional asentamiento de jornaleros. Toda la pol¨ªtica practicada en estos a?os por el Gobierno ha consistido en una subvenci¨®n al orden p¨²blico por la v¨ªa de los fondos del empleo comunitario. Un sistema degradante, que amortigua las tensiones sociales, pero que propicia un complicado y degradante mundo de picarescas y corrupciones. Pero no es l¨ªcito culpar a los parados de esas pr¨¢cticas si la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos consolidan y fomentan ese sistema sin actuar a fondo sobre los aspectos estructurales que hacen posible la existencia de ese mundo de marginaci¨®n social. El nuevo Gobierno andaluz, cuyas primeras actuaciones van a ser observadas por partidarios y detractores con todo cuidado, tiene ante s¨ª una papeleta envenenada, cuya soluci¨®n ni es f¨¢cil ni r¨¢pida. De la inteligencia y prudencia del Gabinete de Escuredo puede esperarse, al menos, un acercamiento solvente al problema que evite el c¨ªclico carnaval que comporta el caduco sistema del empleo comunitario.