La 'foto fija de la transici¨®n /y 2
La negociaci¨®n de convenios colectivos durante el presente a?o ha originado mayor cuota de conflictividad que en los a?os 1980 y 1981, increment¨¢ndose el n¨²mero de horas perdidas en un 16,85% durante los seis primeros meses del a?o en relaci¨®n con el mismo per¨ªodo del a?o anterior.De otra parte, la imagen empresarial ha aparecido ante la opini¨®n p¨²blica distorsionada. Se ha acusado al empresariado de incumplir el ANE, de no propiciar la creaci¨®n de empleo, de practicar una pol¨ªtica de resistencia pasiva, de huelga de inversiones, etc¨¦tera.
Necesariamente, hemos, de preguntarnos qu¨¦ es previsible suceda durante los pr¨®ximos meses, en orden a determinar o no las respectivas pol¨ªticas de los sindicatos Interlocutores sociales en relaci¨®n con 1983, por lo que a concertaci¨®n global se refiere. A nuestro juicio, los sindicatos s¨®lo podr¨ªan repetir el mismo esquema de comportamiento que les llev¨® al ANE sus exigencias.
UGT ha sostenido recientemente que el objetivo fundamental del sindicato socialista ser¨¢, durante 1983, pelear por la defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores. En todo caso, renunciar a incrementos salariales a cambio de mayores niveles de gasto p¨²blico, m¨¢s cobertura de servicios sociales y una creciente intensificaci¨®n de la presencia de los sindicatos en toda clase de organismos p¨²blicos por la v¨ªa participativa, obligando indirectamente al Gobierno a consensuarlo todo en materia econ¨®mico-social, podr¨ªa justificar la reedici¨®n de un nuevo ANE para CC OO y UGT. Si ello ocurriera, el Gobierno habr¨ªa renunciado de antemano a abordar una pol¨ªtica econ¨®mica singular, y UCD, como partido que sostiene al Gobierno, renunciar¨ªa a su propio programa en beneficio del deducido previsiblemente de la concertaci¨®n misma.
La CEOE definir¨¢ en septiembre sus conceptos y criterios en materia de pol¨ªtica econ¨®mica. No es previsible que difieran de los mantenidos en repetidas ocasiones durante el transcurso de 1982. La suscripci¨®n de un nuevo ANE por la CEOE le- obligar¨ªa a reconsiderar buena parte de las ideas y convicciones p¨²blicamente manifestadas hasta ahora. As¨ª, para la CEOE, contener el gasto p¨²blico resulta esencial como medio para contribuir a abaratar el cr¨¦dito y favorecer la inversi¨®n privada, evitando la socializaci¨®n paulatina de la econom¨ªa espa?ola. Un nuevo ANE viajar¨ªa en direcci¨®n contraria a estos ¨²ltimos prop¨®sitos.
ANE: ?remedio contra todo?
Evidentemente, los programadores gubernamentales de la econom¨ªa creyeron que bastar¨ªa con reducir los salarios, esperar una favorable coyuntura exportadora, liberar excedentes y ello traer¨ªa como consecuencia nuevos empleos. El argumento, aparentemente s¨®lido, ha sido incapaz de desenvolverse en la pr¨¢ctica. S¨®lo la inversi¨®n privada puede crear empleo en medida suficiente. Pero ello no ocurrir¨¢ mientras las expectativas econ¨®micas internacionales no meJoren y reduzcamos los costos que nos distancian todav¨ªa del horizonte competitivo empresari¨¢I con el que necesariamente hemos de enfrentarnos. Los crecientes ingresos fiscales de los que se han beneficiado los Gobiernos de la transici¨®n, han financiado los gastos corrientes y los subsidios de desempleo, y no han podido evitar la elevaci¨®n extraordinaria del d¨¦ficit p¨²blico. Tales circunstancias no favorecen las vocaciones empresariales; por el contrario, contribuyen a la burocratizaci¨®n del pa¨ªs. S¨®lo la cuota de desempleo en a?o y medio ha pasado de representar un 2,7% a alcanzar el 6% de los salarios reales deveng¨¢dos. El ANE haquerido ser lenitivo para todos los males que padecemos, pero s¨®lo lia conseguido gastar con profusi¨®n el dinero de todos, sin resolver el cada vez m¨¢s acusado d¨¦ficit de empleos, grav¨ªsimo problema que trasciende de la bondad de un mero acuerdo.
?Cu¨¢l, es la actitud del empresariado ante la doble alternativa de mantener o no lapol¨ªtica de concertaci¨®n global para 1983?
Evidentemente, a ¨¢quellos sectores afectados en menor medida por la crisis y en condiciones de responder positivamente a la natural defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadoressostenida por los sindicatos, la ausencia de un nuevo ANE les supondr¨¢ asumir un mayor costo salarial, al perder la justificaci¨®n -referida a la existencia de un pacto de nivel superior restrictivo de los salarios susceptibles de ser pactados- de ofertar niveles salariales por debajo de sus posibilidades. Pero tales sectores constituyen, desgraciadamente, una excepci¨®n en nuestro pa¨ªs hoy. La mayor¨ªa de nuestras ramas de producci¨®n, con ANE o sin ANE, negociar¨¢n durante 1983 convenios a la baja y con unos costos en conflictividad no necesariamente superiores a la observada durante 1982.
Pactos racionales
La inexistencia de un pacto que afecte a los incrementos de rentas salariales no implica necesariamente que los sindicatos y las organizaciones empresariales vuelvan a nuestro m¨¢s inmediato pasado, ¨ªetrotrayendo las relaciones industriales a 1977, 1978 y 1979, cuando las partes sociales se desconoc¨ªan in¨¦ luso entre s¨ª, y se constitu¨ªan en la mesa de negociaciones como enemigos irreconciliables.
El pacto y los pactos -son varios posibles-, en todo caso, deben discurrir sobre sendas de estricta racionalidad. No es posible negar al sindicato lo que es suyo, ni puede una organizaci¨®n empresarial renunciar a sus m¨¢s ¨ªntimas convicciones, ni a su peculiar entendimiento de la pol¨ªtica que, a su entender, es preciso llevar a cabo para afrontar la crisis, en defensa de una concepci¨®n art¨ªficial de la concertaci¨®n, administrada ¨¦sta pol¨ªticamente al constituirse el Gobierno en art¨ªfice de la misma, asumiendo el mayor costo.
En efecto, reducir la presi¨®n salarial, no ofreciendo como contrapartida reivindicaciones que son susceptibles de ser aceptadas o administradas por el empresariado, conlleva de hecho la existencia de una concertaci¨®n pol¨ªtica, no estrictamente econ¨®mico-social. Esto es necesariamente otro tema.
En todo caso, para la CEOE, sin duda, resulta esencial analizar cuidadosamente el inevitable riesgo que para ella misma comporta un acuerdo de estas caracter¨ªsticas. Ser¨ªa absurdo que el precio a pagar por la reedici¨®n de un supuesto ANE fuera excesivo y, adem¨¢s, no remediara nada; es decir, sigu¨ªeran cayendo el empleo y la inversi¨®n privada, aumentara el gasto p¨²blico y, adem¨¢s, ninguno de los corresponsables de nuestra econom¨ªa se hiciera responsable de lo que ocurre.
La foto fija de la transici¨®n ya no tranqu¨ªliza a casi nadie.
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