Las comisiones por la compra de los F-18A pueden ascender a casi 500 millones de pesetas
El vicealmirante E. R. Seymour, jefe del comando de sistemas aeronavales de la Marina norteamericana, ha expresado sus dudas acerca de la legalidad de las comisiones que la compa?¨ªa McDonnell Douglas Corp. planea pagar a sus intermediarios espa?oles por sus servicios en la operaci¨®n de venta de 84 aviones F-18A a las Fuerzas A¨¦reas espa?olas, seg¨²n revel¨® ayer el New York Times. Estas comisiones, de acuerdo con la informaci¨®n del diario neoyorquino, ascienden a cuatro mibones de d¨®lares -unos 456 mifiones de pesetas-. Uno de los principales beneficiarios de esta cifra fue la Compa?¨ªa Aeron¨¢utica Espa?ola (CAESA).
El Gobierno espa?ol se decidi¨® definitivamente, hace un mes, por la compra del F-18A Hornet, dentro del programa FACA -Futuro Avi¨®n de Combate y Ataque-, frente al F-16C, fabricado por la tambi¨¦n norteamericana General Dynamics, en lo que se calific¨® como el contrato del siglo. Este contrato totalizaba una inversi¨®n de 310.000 millones de pesetas en la compra de las 84 unidades del F-18A.La informaci¨®n del New York Times indica que el vicealmirante E. R. Seymour, jefe del comando de sistemas aeronavales, comunic¨®, en una carta dirigida al entonces jefe de operaciones navales, almirante Thomas B. Hayward, que los t¨¦rminos de un acuerdo firmado entre la McDonnell Douglas y su agente en Espa?a, Compa?¨ªa Aeron¨¢utica Espa?ola, "exced¨ªan, aparentemente", los l¨ªmites impuestos por la normativa gubernamental norteamericana. Esta normativa proh¨ªbe ciertos pagos de m¨¢s de 50.000 d¨®lares a los intermediarios, mientras que la McDonnell propuso a sus agentes en Espa?a un pago total de alrededor de cuatro millones de d¨®lares, fraccionados, en cantidades parciales de 350.000 d¨®lares anuales.
El New York Times, en su informaci¨®n, no olvida citar los casos de pagos ilegales de las compa?¨ªas Lockheed y Grumman, el primero de los cuales tuvo importantes repercusiones en nuestro pa¨ªs.
Diferencia de cifras
Sin embargo, el diario neoyorquino no llega a afirmar que, en esta ocasi¨®n, se tratase de comisiones ilegales, ya que solamente se violar¨ªan las normas gubemamentales vigentes en el caso de que el pago a los intermediarios de la operaci¨®n haya repercutido en el precio final de los aviones, y no ya en los beneficios obtenidos por los vendedores.
La carta del vicealmirante Seymour, de la tan s¨®lo se ha tenido conocimiento ahora, fue escrita el pasado 5 de febrero al almirante Hayward, quien, por cierto, se retir¨® recientemente de su cargo, por razones de edad.
Aunque un portavoz de McDonnell Douglas subray¨®, a la vista de esta informaci¨®n, que la compa?¨ªa aeron¨¢utica hab¨ªa actuado de acuerdo con las normas y reglamentos en vigor, medios competentes espa?oles expresaron su sorpresa ante el elevado precio alcanzado por los aparatos vendidos a Espa?a -casi 37 millones de d¨®lares cada uno-, frente a los 22,5 millones que ofrece por cada F-18A la Marina de los Estados Unidos (precio a¨²n en discusi¨®n).
Estos medios especulan, a la vista de estas cifras, con la posibilidad de que las comisiones se encontrasen incluidas en el precio de venta de los aparatos a nuestro pa¨ªs, pese a la existencia de las numerosas contraprestaciones comerciales ofrecidas por la firma aeron¨¢utica norteamericana.
CAESA, gran beneficiaria de las comisiones
La gran beneficiaria de las controvertidas comisiones sena la Compa?¨ªa Aeron¨¢utica Espaf¨ªola (CAESA), empresa presidida por Ricardo Fuster, quien, de acuerdo con un reciente informe aparecido en la revista Tiempo, ser¨ªa amigo de Ram¨®n Llad¨®, hermano del hasta hace poco embajador espa?ol en los Estados Unidos y miembro del bufete del abogado y l¨ªder del Partido Dem¨®crata Liberal Antonio Garrigues Walker.
De acuerdo con este informe, personas afectas a CAESA no han dudado en afirmar que "superaremos ampliamente" la cantidad de 50.000 d¨®lares impuesta por la legislaci¨®n americana como l¨ªmite en las comisiones a pagar a intermed¨ªarios.
Seg¨²n los c¨¢lculos de la citada revista, la comisi¨®n recibida por la compa?¨ªa espa?ola puede superar los cien millones de pesetas, es decir, una cantidad superior en casi veinte veces al l¨ªmite permitido por la legislaci¨®n estadounidense.
Aunque en mucha menor medida, el bufete de Garrigues tambi¨¦n se habr¨ªa beneficiado de la conclusi¨®n -que, formalmente, no tendr¨¢ lugar hasta el mes de enero pr¨®ximo- del contrato FACA.
En este bufete se han realizado para la McDonnell Douglas los borradores de contratos, traducciones, asesoramientos, informes, etc¨¦tera, trabajos en los que participaron no menos de cuatro abogados del despacho de la calle de Antonio Maura. Los honorarios, seg¨²n la revista Tiempo, ascender¨¢n a unos quince millones de pesetas, lo cual, se puntualiza, nada tiene que ver con la percepci¨®n de comisiones.
Operaci¨®n de Gobierno a Gobierno
En el caso de FACA, la operaci¨®n comercial est¨¢ clasificada por Washington como ventas militares al exterior, lo que significa que el contrato global de compraventa ha de realizarse de Gobierno a Gobiemo, sin intervenci¨®n privada.
Pero posteriormente se efect¨²a la firma del contrato b¨¢sico entre el Gobierno espa?ol y la compa?¨ªa aeron¨¢utica McDonnell Douglas, del que se derivar¨¢ una larga serie de minicontratos entre las distintas compa?¨ªas americanas que participan en la fabricaci¨®n del sofisticado avi¨®n de combate y ataque y las diversas empresas espa?olas que se favorecer¨¢n de las contraprestaciones establecidas. En la mayor¨ªa de estos minicontratos intervendr¨¢n, por otra parte, en calidad de asesores, los abogados del despacho de Antonio Garrigues Walker.
Siempre seg¨²n el citado informe, una de las empresas que intervienen en la fabricaci¨®n del F-18A, la Northrop -que aporta el 40% de los elementos del avi¨®n-, cont¨® con la colaboraci¨®n en nuestro pa¨ªs de la empresa especializada en imagen Gesmagen, a la que est¨¢ ligado Rafael Ans¨®n Oliart, cuya participaci¨®n en las mediaciones fue presentada como muy ventajosa a la empresa norteamericana, en raz¨®n de su parentesco con el ministro de Defensa, Alberto Oliart.
Pero el desarrollo y desenlace del programa FACA no parece, concluye el citado informe, haber tenido ning¨²n punto oscuro en las esferas de la Administraci¨®n espa?ola, y mucho menos en el ¨¢mbito militar: "El tema ha sido de una transparencia absoluta", coment¨® Oliart.
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