El Gobierno vasco "ha invadido competencias del Estado" seg¨²n el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional considera que la Administraci¨®n aut¨®noma vasca "invadi¨® competencias reservadas al Estado" al dictar, en julio de 1981, un decreto sobre regulaci¨®n colectiva de las condiciones de trabajo de la Administraci¨®n local que ven¨ªa a sancionar el convenio suscrito por los representantes de las diputaciones y ayuntamientos de la comunidad aut¨®noma, por una parte, y las centrales CC OO y ELA-STV, por otra.La sentencia, que declara "nulo en su integridad" el mencionado decreto, incide indirectamente en algunos de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos de la LOAPA -atribuci¨®n de competencias en temas relacionados con la funci¨®n p¨²blica-, por lo que, m¨¢s all¨¢ de cualquier consideraci¨®n jur¨ªdica, est¨¢ llamada sin duda a suscitar una fuerte pol¨¦mica pol¨ªtica. Al convenio en cuesti¨®n se adhidieron en su d¨ªa la mayor¨ªa de los ayuntamientos de Vizcaya, Alava y Guip¨²zcoa (concretamente, todos menos aquellos en que era mayoritario el PSOE, solidario con la negativa de UGT a firmar un acuerdo en cuya negociaci¨®n no lleg¨® a participar), lo que no hace sino subrayar el car¨¢cter pol¨ªtico del tema.

El decreto dictado por el Gobierno vasco el 15 de julio de 1981 fue recurrido poco despu¨¦s por la Administraci¨®n central, por estimar que aqu¨¦l hab¨ªa quebrantado el orden de competencias establecido en la Constituci¨®n, cuyo art¨ªculo 149 atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de r¨¦gimen estatutario de los funcionarios de la Administraci¨®n p¨²blica.

A su vez, el Gobierno vasco justificaba su intervenci¨®n mediante el decreto dictado hace trece meses por la existencia de un vac¨ªo legal respecto a la regulaci¨®n del derecho de los funcionarios p¨²blicos a la negociaci¨®n colectiva de sus condiciones de empleo.

De acuerdo con la disposici¨®n transitoria s¨¦ptima del Estatuto de Autonom¨ªa, que permite ejercer tal competencia legislativa "siempre que se respeten las bases que racionalmente se deduzcan de la legislaci¨®n estatal vigente".

Ninguno de ambos puntos de vista es aceptado por la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera que "no existe un racional nexo causal entre el derecho de sindicaci¨®n y la negociaci¨®n colectiva como concurrencia necesaria de aqu¨¦l", La referencia del Gobierno vasco a diversas resoluciones de la OIT y otros organismos internacionales de los que forma parte Espa?a tampoco son consideradas de aplicaci¨®n al caso por el Tribunal Constitucional, que recuerda que el convenio 151 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo -que se refiere expresamente al derecho de los funcionarios a la negociaci¨®n colectiva- no ha sido ratificado por el Gobierno espa?ol.