Los acreedores del Banco de los Pirineos reclaman indemnizaciones al Banco de Espa?a

Los depositantes afectados por la crisis del Banco de los Pirineos, en n¨²mero de 270, han interpuesto una reclamaci¨®n administrativa contra el Banco de Espa?a en la que solicitan que se les abonen 872 millones de pesetas que ten¨ªan depositados en la entidad, que suspendi¨® pagos el 7 de diciembre de 1981.La reclamaci¨®n se fundamenta en la normativa jur¨ªdica sobre responsabilidad patrimonial de la Administraci¨®n, que contempla la posibilidad de indemnizar a los particulares, "siempre que la lesi¨®n sea consecuencia del funcionamiento de los servicios p¨²blicos". En la tesis de la demanda, el Banco de Espa?a y el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos han producido esta lesi¨®n a los impositores del Banco de los Pirineos por "el incorrecto ejercicio o, lo que es m¨¢s grave, la no utilizaci¨®n" de las facultades interventoras de la autoridad monetaria, puesto que en el caso de que hubiesen desempe?ado sus atribuciones "con el celo y la diligencia necesaria, se habr¨ªan detectado, sin lugar a dudas, y, en su caso, enmendado y corregido las irregularidades del banco antes de que ¨¦ste se precipitase en la insolvencia".

En apoyo de este razonamiento, los afectados recuerdan que la insolvencia del Banco de los Pirineos se produjo apenas un a?o despu¨¦s de haber obtenido la autorizaci¨®n definitiva del Banco de Espa?a, y que previamente a ello la entidad estuvo durante cinco a?os sometida a una vigilancia y control especiales. ?C¨®mo se entiende -se pregunta la parte demandante- que la entidad llegase a un d¨¦ficit de 2.061 millones de pesetas en tan s¨®lo un a?o de gesti¨®n? "Es evidente", argumentan, "que el origen de ese d¨¦ficit se deber¨ªa remontar tiempo atr¨¢s, preisamente durante el per¨ªodo de especial vigilancia de cinco a?os que el Banco de Espa?a realiz¨® o tuvo que realizar al Banco de los Pirineos".

Contrarrestando el argumento seg¨²n el cual es pr¨¢cticamente imposible detectar las irregularidades cuando hay actividad dolosa de por medio -lo que ocurri¨® en este caso, como, en definitiva, demuestra el hecho de que el presidente del Pirineos, Higini Torras Majem, siga huido del pa¨ªs, habi¨¦ndose instalado presumiblemente en el Brasil-, el escrito de los perjudicados sostiene que no se agotaron todos los resortes de inspecci¨®n y otras acciones que la ley pone a disposici¨®n de la autoridad monetaria.

Conducta "poco diligente"

Esta queja se ejemplifica se?alando que la pol¨ªtica de alto volumen de riesgo concedido por el banco a las firmas vinculadas a ¨¦l o a su consejo de administraci¨®n, que fue la principal causa de la insolvencia, "fue advertida por el Banco de Espa?a a ra¨ªz de una inspecci¨®n practicada a finales de 1978" a los administradores, quienes contestaron con certificaciones falsas. Ello implica, en la versi¨®n de los afectados, una actuaci¨®n dolosa del consejo de administraci¨®n, pero tambi¨¦n "una conducta poco diligente, ya que no ingenua", del banco emisor.Abundando en los indicios de ilegalidad que debieran haber sido analizados por la autoridad, los afectados recuerdan, adem¨¢s de la alta concentraci¨®n del riesgo, el hecho de que varios consejeros formasen parte de m¨¢s de cuatro consejos de administraci¨®n de sociedades espa?olas, lo que est¨¢ prohibido, salvo autorizaci¨®n en cada caso del Banco de Espa?a.

Por todas estas razones, los depositantes imputan al Banco de Espa?a una conducta negligente que conllevar¨ªa una culpa in vigilando, por lo que solicitan una indemnizaci¨®n por la cuant¨ªa de sus dep¨®sitos no recuperados.