Francia ha desatendido treinta solicitudes espa?olas de extradici¨®n de presuntos 'etarras' en los ¨²ltimos 3 a?os

Un total de treinta peticiones de extradici¨®n de presuntos etarras ha formulado el Gobierno espa?ol al franc¨¦s en los ¨²ltimos tres a?os, sin ¨¦xito en ning¨²n caso. En seis ocasiones la petici¨®n de Espa?a obtuvo informe favorable del correspondiente tribunal franc¨¦s, pese a lo cual el Gobierno del pa¨ªs vecino tampoco accedi¨® en estos casos. El Consejo de Ministros espa?ol del pasado d¨ªa 15 decidi¨® denegar la extradici¨®n de dieciocho delincuentes comunes solicitada por Francia.

El convenio de extradiciones vigente entre Espa?a y Francia data del 14 de diciembre de 1877 y fue complementado por un nuevo acuerdo del 9 de abril de 1969. El convenio estable de un acuerdo entre ambos pa¨ªses para la extradici¨®n de individuos perseguidos por la justicia, con la salvedad de que no ser¨¢ entregada persona alguna si el delito por el que se pide la extradici¨®n est¨¢ considerado como delito pol¨ªtico o como hecho conexo con este tipo de delitos. Hasta la reforma democr¨¢tica las exdiciones no hab¨ªan sido motivo de fricci¨®n entre los dos pa¨ªses. Para los casos de delincuentes comunes, las extradiciones eran concedidas sin problemas en una u otra direcci¨®n, y en lo que se refiere a los presuntos etarras, el tema ni se planteaba.

?Delitos pol¨ªticos o comunes?

Es a partir de la implantaci¨®n de la democracia en Espa?a cuando el Gobierno espa?ol estima que no existen motivaciones de car¨¢cter pol¨ªtico que justifiquen para los etarras otra consideraci¨®n que la de delincuentes comunes. De acuerdo con esta idea, en 1977 el Gobierno espa?ol solicita del franc¨¦s la extradici¨®n de Miguel Angel Apalategui Ayerbe, Apala, acusado de participaci¨®n en el secuestro y asesinato de Javier de Ybarra. Un tribunal de Akix-en-Provence examina la petici¨®n mientras Apala se declara en huelga de hambre y el caso despierta, grandes movilizaciones populares. Antes de decidir si la extradici¨®n procede o no, el tribunal concede libertad provisional a Apala, que escapa, con lo que el caso queda interrumpido.En 1979, el gobierno espa?ol presenta una demanda de extradici¨®n en bloque de catorce presuntos etarras. La respuesta francesa fue desalentadora para las autoridades espa?olas. Sobre Jos¨¦ Ram¨®n Mart¨ªnez de la Fuente Inchaurregui y Juari Mar¨ªa Otegui El¨ªcegui no hay respuesta, y sobre Juan Jos¨¦ Aristiz¨¢lbal Cortajerena, Angel Mar¨ªa Galarraga Mendiz¨¢bal, Ignacio Mar¨ªa Gabirondo Agote, Miguel Angel Goyenechea Frad¨²a, Angel Mir¨ªa Lete Ech¨¢niz, Juan Lorenzo Lasa Michelena jefe de los comandos especiales de ETAm, Emilio Mart¨ªnez de Marigorta y Txomin Iturbe Ab¨¢solo (n¨²mero dos de ETAm) la respuesta es no ha sido localizado.

S¨®lo se considera la extradici¨®n de Mart¨ªn Apaolaza Azcargorta y Miguel Angel Goikoetxea Elorriaga, para los que el tribunal de Aixen-Provence, donde son detenidos, examina si existen o no motivaciones en las actividades imputadas a ambos por la polic¨ªa espa?ola. Como defensor de los etarras act¨²a Robert Badinter, hoy ministro de Justicia del Gobierno socialista franc¨¦s. El juez decide que los delitos que se les imputan (asesinato de dos guardias civiles y robo a mano armada) no son delitos de derecho com¨²n: "Las infracciones que se les reprochan a los dos hombres han sido perpetradas en el marco de una lucha conducida por una parte de la poblaci¨®n vasca con el fin de conseguir su autonom¨ªa policial". El Gobierno franc¨¦s, en consecuencia, deniega las extradiciones. Quedan en libertad, pero inmediatamente son detenidos de nuevo para atender una nueva demanda de extradici¨®n por parte de Espa?a, que ahora denuncia tres asesinatos de polic¨ªas, varios robos y un atentado con explosivos contra la central de Lem¨®niz. La decisi¨®n del juez es la misma: no se trata de delitos comunes.

En la primavera de 1981, Espa?a prueba suerte de nuevo y presenta otra petici¨®n, esta vez sobre quince etarras. En esta ocasi¨®n s¨®lo de uno de ellos, Ignacio Aranceta Garc¨ªa, se responde no localizado. En los casos de Jos¨¦ Ram¨®n Alcorta Chasco, Alberto Mar¨ªa Aldana Barrena, Francisco Imaz Martiarena, Antonio P¨¦rez I?iguez de Heredia, Juan Luis Zuzuarregui Redondo, Eneko Alegr¨ªa Ayerdi, F¨¦lix Garc¨ªa Rodr¨ªguez y Jos¨¦ Mar¨ªa Lara Fern¨¢ndez los tribunales correspondientes emiten informe desfavorable, pero en las seis demandas restantes los tribunales estiman que se trata de delitos de derecho com¨²n y, en consecuencia, emiten informe favorable a las extradiciones. Los seis etarras que se encontraban en este caso eran Juan Carlos Arruti Azpitarte (acusado de participaci¨®n en cinco asesinatos), Miguel Angel Aldana Barrena (diez asesinatos), Eugenio Barrutiabengoa Zabarte (cuatro asesinatos), Tom¨¢s Linaza Echeverr¨ªa (ocho muertes, con participaci¨®n en el c¨¦lebre atentado de Isp¨¢ster, donde murieron seis guardias civiles), Juan Miguel Arrugaeta San Emeterio y Jos¨¦ Agust¨ªn Achega Aguirre. La decisi¨®n de los jueces coloca en una dif¨ªcil postura al Gobierno franc¨¦s, que finalmente se decide a denegar la extradici¨®n. Linaza, Arrugaeta y Aldana, junto con otros dos etarras sobre los que no pesaba demanda de extradici¨®n, son confinados a la isla de Yeu, a diecis¨¦is kil¨®metros de la costa occidental francesa.

Varias posibles causas

Seg¨²n fuentes del Ministerio de Justicia espa?ol, la raz¨®n del anunciado cambio de actitud del Gobiemo franc¨¦s respecto a estos temas no estar¨ªa simplemente relacionada con el cambio de Gobierno en Espa?a, sino que podr¨ªa ser consecuencia de una serie de causas que habr¨ªan actuado de forma conjunta sobre el Gobierno franc¨¦s. Entre ellas, y siempre de acuerdo con esta versi¨®n, estar¨ªa la negativa acordada en el Consejo de Ministros espa?ol del pasado d¨ªa 15 a conceder diecinueve de mandas de extradici¨®n presenta das por Francia a Espa?a sobre otros tantos delincuentes comu nel, entre ellos dos acusados de asesinato.La decisi¨®n, que seg¨²n un destacado, funcionario no fue hecha p¨²blica en ese momento porque hubiera resultado inelegante hacerlo as¨ª en plena campa?a electoral, fue muy discutida y cont¨® con el voto en contra del ministro de Exteriores, P¨¦rez-Llorca. Para justificar ,la negativa, el Gobierno espa?ol invoca el principio de reciprocidad y cita el antecedente de los seis citados etarras, a los que tribunales franceses calificaron de delincuentes comunes.

Esto se habr¨ªa unido a una fuerte ofensiva de parte de la Prensa francesa contra los ministros de Justicia e Interior del Gobierno soc¨ªalista, a los que acusan de falta de rigor para combatir la inseguridad ciudadana. Y, finalmente, Francia se encuentra ahora enfrentada a la demanda italiana de extradici¨®n de Oreste Scalzone y Mar¨ªa Grazia Barbierato, pertenecientes a la organizaci¨®n Potere Operai, acusados de ases¨ªnato y tenencia il¨ªcita de armas. El pasado 21 de octubre el correspondiente juzgado franc¨¦s ¨ªnform¨® favorablemente. Para Francia ser¨ªa dif¨ªcil entregar a estos dos terroristas a Italia y seguir neg¨¢ndose a entregar a los etarras solicitados por Espa?a.

Robert Badinter propuso recientemente, sin ¨¦xito, en una reuni¨®n de ministros de Justicia de la CEE la creaci¨®n de un tribunal penal comunitario que interviniera en estos casos, lo que hubiera facilitado a Francia la soluci¨®n de estos problemas sin que se resintiera bruscamente su tradici¨®n de para¨ªso de los asilados pol¨ªticos.