Indicios de irregularidades en los contratos y expedientes de obras del Estado

Se han detectado diversos indicios de que las irregularidades en los contratos y expedientes de obras del Estado ha crecido en los ¨²ltimos meses, coincidiendo con el fuerte aumento de la licitaci¨®n p¨²blica. El fen¨®meno ha sido advertido en fuentes del PSOE, entre cuyos responsables se ha comentado la intenci¨®n de investigar los proyectos adjudicados durante el ¨²ltimo a?o y volver a dar prioridad a los concursos-subasta, frente a otras modalidades.

El PSOE ha tenido noticias, procedentes de medios de la Administraci¨®n, en el sentido de que las irregularidades han crecido de forma preocupante por una doble v¨ªa. En primer lugar, la influencia de las empresas en algunos funcionarios y cargos, mediante la entrega de dinero o regalos, para conseguir acelerar expedientes. De otra parte, la influencia econ¨®mica y pol¨ªtica para conseguir la adjudicaci¨®n de determinados contratos, en estos casos de gran dimensi¨®n.Ambas maneras habr¨ªan sido alentadas, durante el presente plan trienal de inversiones p¨²blicas, por el incremento de la licitaci¨®n p¨²blica, que en los nueve primeros meses del a?o ha ascendido a 286.285 millones de pesetas, con aumento del 46,5% sobre igual per¨ªodo del a?o pasado, seg¨²n datos de SEOPAN. La mayor parte de estas licitaciones procede del Ministerio de Obras P¨²blicas, criticado por la oposici¨®n durante los ¨²ltimos a?os por no agotar sus presupuestos, y que ahora se encamina por primera vez a cubrirlos todos. A 30 de septiembre, seg¨²n fuentes oficiales, las obligaciones contra¨ªdas por el MOPU supon¨ªan el 93% de sus 250.000 millones de presupuesto, los cr¨¦ditos adjudicados el 80% (el a?o pasado llevaba el 78%), y el dinero pagado el 50% (en 1981 llevaba el 52%.).

Los indicios sobre la existencia y pujanza del primer mecanismo han sido confirmados por medios del sector de la construcci¨®n. Seg¨²n ¨¦stos, algunas empresas que se ven empujadas a realizar desembolsos extras o que creen haber sufrido retrasos en el cobro de deudas, han sentido ¨²ltimamente la necesidad de protestar, aunque al final han terminado por reprimir sus deseos. Como el cobro de las deudas p¨²blicas realizado a partir de las certificaciones de obra requiere pasar por distintos tr¨¢mites administrativos, se ha extendido en el sector la convicci¨®n de que es necesario hacer regalos o entregar dinero para acelerar el asunto. Al parecer, en diversas empresas, el presupuesto ha llegado a ser importante, pues tal pr¨¢ctica tambi¨¦n se registra en la banca oficial.

Concursos y favoritismo

La alarma de determinados empresarios afectados se reflej¨® recientemente en indicaciones para que el fen¨®meno fuera denunciado en un editorial del semanario El Monitor de Obras P¨²blicas, que edita la Agrupaci¨®n Nacional de Constructores de Obras P¨²blicas. Fuentes pr¨®ximas a dicha publicaci¨®n han confirmado que sus ¨®rganos debatieron la posibilidad de dicho editorial, pero que la decisi¨®n fue aplazarlo al menos, para que su coincidencia con las elecciones legislativas no provocara malentendidos. Hasta el momento, s¨®lo ha aparecido en el ¨²ltimo n¨²mero de la revista un comentario sobre el anuncio de que la Administraci¨®n socialista contar¨¢ con un organismo para tramitar las quejas de los administrados. "Y entendemos, igualmente", dice El Monitor, "que al se?or Guerra (le citan como autor del anuncio) no se le escapa la ingente labor que va a recaer de golpe sobre el organismo o sistema en cuesti¨®n. Los pagos que: no se efect¨²an o que se retrasan injustificadamente..."

Sin embargo, se desconoce, y se considera improbable, que alg¨²n empresario haya presentado denuncia administrativa o judicial por sentirse empujado a tales pr¨¢cticas.

En cuanto a la posible irregularidad en la adjudicaci¨®n de obras, especialistas del PSOE han indicado que el Gobierno todav¨ªa en funciones ha puesto en lugar secundario, especialmente en los ¨²ltimos Consejos de Ministros, la contrataci¨®n por concurso-subasta, en favor de la adjudicaci¨®n directa o el concurso. Esta pr¨¢ctica puede prestarse m¨¢s que ninguna otra, seg¨²n medios administrativos, a favoritismos y plena corrupci¨®n.

Otras fuentes socialistas han sugerido la posibilidad de que el concurso haya sido utilizado muy recientemente para favorecer a empresas relacionadas con entidades o personas que financiaron la campa?a electoral de UCD. Como se sabe, las principales empresas constructuras dependen de los grandes grupos bancarios, y la banca ya ha recibido en los ¨²ltimos a?os faciliidades para deducir, de su base fiscal del Impuesto de Sociedades, los cr¨¦ditos morosos.

Seguimiento de datos

Resultaron ayer in¨²tiles los intentos por conocer las estad¨ªsticas oficiales m¨¢s recientes sobre la importancia de las distintas modalidades de contritaci¨®n y las empresas que han conseguido los principales proyectos. El subsecretario del principal organismo inversor del Estado, el Ministerio de Obras P¨²blicas, Juan Antonio Guitar, remiti¨® al Gabinete de Prensa, cuyo responsable estaba de viaje. Otra media docena de jefes de secci¨®n y altos cargos no facilitaron dato alguno. Varios de ellos dijeron que el mejor seguimiento de datos, los cuales deben aparecer en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, lo lleva SEOPAN (Servicio de Empresas de Obras P¨²blicas de Ambito Nacional). Otros remitieron a servicios cuyos responsables dijeron que s¨®lo se facilitan anualmente a la Secretar¨ªa General T¨¦cnica. Asi mismo, la ¨²ltima memoria del MOPU, donde se destacan lujosamente las grandes inversiones del plan trienal, no incluye tal estad¨ªstica.

Un repaso al BOE de los ¨²ltimos d¨ªas confirma que han salido a concurso, obviando la f¨®rmula de concurso-subasta, numerosas obras por m¨¢s de cien millones de pesetas, pero se carece de datos para compararlas con otros per¨ªodos y puede haber licitaciones aprobadas y que esperan publicaci¨®n. Las licitaciones por concurso corresponden tanto al MOPU (concurso restringido de 9 de septiembre por 1.721 millones de pesetas para construir el embalse de San Clemente en el r¨ªo Guardal, Granada, y otros aprovechamientos; concurso de 16 de octubre para el subtramo Beza?a-Oru?a de la autopista Bilbao- Santander), a Sanidad y Consumo (concurso de 27 de octubre para construir por 449 millones de pesetas el Centro de Parapl¨¦jicos de la Seguridad Social en Oliana, Toledo), o al Ministerio de Agricultura (concurso de 29 de septiembre por 276 millones para las obras regables de La Molineta). Tambi¨¦n hay algunos superiores a cien millones convocados por ayuntamientos y entes auton¨®micos.

Asimismo, existe constancia de que, entre las ¨²ltimas aperturas de pliegos de licitaci¨®n, hay concursos para obras con presupuestos pr¨®ximos a los quinientos millones, aunque varias de ellas corresponden a ampliaciones de aeropuertos a cargo del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (698 millones el de Valencia y 438 millones el de Menorca).

Pero donde se centran las mayores sospechas de irregularidades es en el MOPU. Fuentes de este ministerio han afirmado que la mayor afluencia de concursos radica en el sector de la vivienda, aunque acaban de promoverse otros cinco para presas hidr¨¢ulicas y varios m¨¢s de grandes obras de infraestructura. Medios gubernamentales de alto nivel han declarado que los mencionados indicios sobre decisiones del Consejo de Ministros carecen de fundamento. A?adieron que los controles intemo y extemo del gasto impiden la corrupci¨®n.