Toyota acuerda pagar 1.600 millones de d¨®lares en Estados Unidos por fraude con las emisiones de sus motores

Hino Motors, una filial de Toyota fabricante de camiones y motores, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia y otros organismos de Estados Unidos para pagar 1.600 millones de d¨®lares (m¨¢s de 1.500 millones de euros) por un fraude en las emisiones de di¨®xido de carbono y otras part¨ªculas. Se sanciona a la compa?¨ªa por infracciones relacionadas con la presentaci¨®n a los organismos reguladores de datos falsos y fraudulentos sobre las pruebas de emisiones y consumo de combustible de sus motores, as¨ª como por el contrabando il¨ªcito de motores a Estados Unidos. Estas resoluciones est¨¢n sujetas a la aprobaci¨®n del Tribunal de Distrito del Distrito Este de M¨ªchigan.

Hino Motors ha admitido en el acuerdo que, entre 2010 y 2019, present¨® e hizo que se presentaran solicitudes falsas de aprobaci¨®n de certificaci¨®n de motores. Los t¨¦cnicos de Hino alteraron regularmente los datos de las pruebas de emisiones, realizaron pruebas de forma incorrecta y fabricaron datos sin realizar pruebas reales. Hino Motors admite adem¨¢s que present¨® datos fraudulentos de pruebas de emisiones de di¨®xido de carbono, lo que dio lugar a que se calcularan valores falsos de consumo de combustible para sus motores. Los ingenieros de la compa?¨ªa tampoco revelaron las funciones de software que pod¨ªan afectar negativamente a los sistemas de control de emisiones de los motores.

Seg¨²n el Departamento de Justicia, su conducta il¨ªcita permiti¨® a Hino, filial de Toyota Motor Corporation, obtener indebidamente autorizaciones para importar y vender, y hacer que se importaran y vendieran, m¨¢s de 110.000 motores di¨¦sel en Estados Unidos entre 2010 y 2022. Estos motores se instalaron principalmente en camiones pesados fabricados y vendidos por Hino en todo el pa¨ªs.

¡°Hoy, Hino Motors, una subsidiaria de Toyota, acord¨® declararse culpable de participar en una conspiraci¨®n criminal para enga?ar a los reguladores y consumidores que viol¨® las leyes ambientales federales y puso en peligro la salud p¨²blica¡±, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a trav¨¦s de un comunicado. ¡°Ninguna empresa est¨¢ por encima de la ley. Estoy agradecido a nuestros socios federales y estatales por su trabajo para responsabilizar a Hino por su mala conducta criminal¡±, a?adi¨®.

Seg¨²n el fiscal de medioambiente Todd Kim, Hino conoc¨ªa los requisitos que deben cumplir los motores para ser certificados para operar en los Estados Unidos, pero falsific¨® datos durante a?os para eludir las regulaciones: ¡°Las acciones de Hino provocaron un gran exceso de contaminaci¨®n atmosf¨¦rica y constituyeron una violaci¨®n flagrante de las leyes de nuestro pa¨ªs en materia de medio ambiente, protecci¨®n de los consumidores e importaci¨®n¡±, indic¨®.

Como parte de las resoluciones, Hino Motors ha acordado declararse culpable de participar en una conspiraci¨®n criminal de varios a?os. El acuerdo de culpabilidad, que est¨¢ sujeto a la aprobaci¨®n del tribunal, le obliga a pagar una multa penal de 521,76 millones de d¨®lares, a cumplir un periodo de cinco a?os durante el cual tendr¨¢ prohibido importar a Estados Unidos cualquier motor di¨¦sel que haya fabricado y a implantar un programa integral de cumplimiento y ¨¦tica. Tambi¨¦n ha aceptado que se dicte contra ella una sentencia de decomiso de 1.087 millones de d¨®lares que se destinar¨¢n a cumplir sus obligaciones de responsabilidad civil ante las demandas presentadas.

Otras disposiciones del acuerdo incluyen un programa de mitigaci¨®n, valorado en 155 millones de d¨®lares, para compensar el exceso de emisiones atmosf¨¦ricas derivado de las infracciones. Financiar¨¢ la sustituci¨®n de motores marinos y de locomotoras, y la instalaci¨®n de sistemas tecnol¨®gicos de reducci¨®n del ralent¨ª de locomotoras. Tambi¨¦n habr¨¢ un programa de retirada, valorado en 144,2 millones de d¨®lares, para modificar los motores infractores de los camiones pesados de 2017-2019 para que cumplan las leyes sobre emisiones; 123,6 millones de d¨®lares para financiar proyectos de mitigaci¨®n y costes de aplicaci¨®n en California, y 30,3 millones de d¨®lares para resolver las reclamaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de California.