Gratificaciones y contrataciones masivas de funcionarios antes del traspaso de poderes

El sistema de gratificaciones y las contrataciones masivas de personal son algunas de las presuntas irregularidades, basadas muchas veces en unas pr¨¢cticas legales dif¨ªcilmente justificables, con las que la nueva Administraci¨®n socialista habr¨¢ de enfrentarse. Todas estas pr¨¢cticas, permitidas en unos casos y fomentadas en otros, se han visto incrementadas en los ¨²ltimos meses, ante el pr¨®ximo traspaso de poderes, seg¨²n fuentes sindicales. Desde abril de 1982, fecha en la que los sindicatos representativos han tenido acceso a las juntas de retribuciones, hasta el mes de julio pasado se han repartido m¨¢s de ochocientos millones de pesetas en concepto de gratificaciones y complementos. Es una pr¨¢ctica legal y son conceptos que corresponden a cantidades recogidas en los presupuestos de cada organismo.

Sin embargo, diversos medios que reconocen la legalidad de las retribuciones as¨ª concedidas niegan la justificaci¨®n de las mismas. En principio, de acuerdo con estimaciones sindicales, las retribuciones aprobadas por las juntas de retribuciones, no suelen presentar argumentaciones suficientes o, cuando menos, son argumentos que no convencen a nadie.Por lo que se refiere exclusivamente a gratificaciones, el Ministerio de Justicia, que encabeza la lista, reparti¨® 397 millones de pesetas, el de Hacienda, 64 millones, y Econom¨ªa, 46 millones. Menci¨®n aparte merece el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo, que de una tacada propuso una gratificaci¨®n de doscientos millones.

El 28 de mayo de 1982, la Junta Central de Retribuciones, que preside el subsecretario del Presupuesto y Gasto P¨²blico, recib¨ªa una propuesta del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo sobre reconocimiento de determinadas remuneraciones "como consecuencia del incremento de la carga de trabajo que representa la ejecuci¨®n del programa extraordinario de Inversiones P¨²blicas". La justificaci¨®n de la medida, como se recog¨ªa en la propuesta, se basaba en que la mayor inversi¨®n correspondiente al citado ministerio aumentaba "considerablemente la carga de trabajo de este departamento". Esta carga de trabajo se concretaba en la realizaci¨®n de 864 proyectos y obras por un importe de 20.000 millones de pesetas.

"Es preciso", dec¨ªa la propuesta, "remunerar la carga adicional que representan estas inversiones" y se?alaba que el citado ministerio entend¨ªa que la forma m¨¢s id¨®nea de hacerlo era "asignar un cr¨¦dito de 200 millones de pesetas destinado al pago de gratificaciones". Aunque en medios sindicales se subraya que la medida pod¨ªa ser absolutamente legal, se insiste en que no parece el m¨¦todo m¨¢s adecuado, sobre todo cuando se propon¨ªa que la financiaci¨®n de los doscientos millones se realizara mediante una transferencia de inversiones de otros conceptos, f¨®rmula de financiaci¨®n que fue rechazada por la Junta Central.

Incrementos retributivos

Hace escasamente unos d¨ªas una nota de CC OO alertaba sobre ciertos rumores concernientes a la distribuci¨®n de cantidades que supon¨ªan incrementos retributivos para algunos colectivos de la Administraci¨®n. Se trataba en este caso, de un acuerdo del Consejo de Ministros mediante el que se aprobaba la equiparaci¨®n de la cuant¨ªa media del incentivo de productividad de los cuerpos especiales de Hacienda de ¨ªndice 10.La medida supon¨ªa que a los abogados del Estado, ingenieros de minas, interventores, inspectores de aduanas, arquitectos e inspectores de seguros, se les reconocer¨ªa un incentivo de producividad de igual cuant¨ªa que el que tiene fijado en la actualidad el cuerpo de inspectores financieros (1.712.160 pesetas).

En la citada nota se calificaba de irresponsable la medida, aprobada en el Consejo de Ministros del mes de agosto, argumentando que la misma Administraci¨®n que se hab¨ªa negado a incrementar los salarios de los funcionarios con la revisi¨®n salarial del Acuerdo Nacional sobre Empleo, propon¨ªa un aumento de las retribuciones de determinados cuerpos bas¨¢ndose en la ca¨ªda del poder adquisitivo y adem¨¢s incumpliendo la Ley de Presupuestos y sin aprobaci¨®n de la Junta Central de Retribuciones.

Las fuentes consultadas coinciden en se?alar que no son casos aislados, aunque puede haber un incremento de esta pr¨¢ctica como consecuencia del traspaso de poderes. Tampoco son nuevas las bufandas, gratificaciones por trabajos extraordinarios, dificilmente controlables. Son famosas las que se conceden en el Ministerio de Hacienda coincidiendo con la elaboraci¨®n de los Presupuestos Generales. En este caso los criterios son, si cabe, mucho m¨¢s libres y responden a gustos, simpat¨ªas y fobias personales.

En lo que s¨ª est¨¢n de acuerdo diversos medios es en la necesidad de que una Administraci¨®n socialista termine con figuras y ¨®rganos incompatibles con un sistema democr¨¢tico. A este respecto se menciona el caso de los Consejos Consultivos de los distintos ministerios. Los citados Consejos, calificados como "verdaderos cementerios de elefantes", se considera que constituyen una figura que debe ser eliminada o cuando menos transformada en una Administraci¨®n democr¨¢tica.

Los Consejos est¨¢n formados, seg¨²n asegura Pilar Arroyo, secretaria de la Federaci¨®n de la Administraci¨®n P¨²blica de CC OO, por ex ministros, ex subsecretarios y ex directores generales a los que no se ha encontrado acomodo en otras ¨¢reas de la Administraci¨®n. Su funci¨®n es confusa: emitir alg¨²n informe, "aconsejar", etc¨¦tera. Y el n¨²mero de sus miembros es variable "para que siempre haya posibilidad de incluir alguno m¨¢s". En las ¨²ltimas semanas los rumores sobre contrataciones masivas han circulado por todos los ministerios. En la Administraci¨®n niegan rotundamente estas acusaciones y afirman que en algunos organismos ha habido un menor n¨²mero de contrataciones que en a?os anteriores. Por otra parte, y en ¨¦sto coinciden defensores y detractores, el n¨²mero de funcionarios (500.000) es relativamente bajo en relaci¨®n con otros pa¨ªses europeos pero resultan suficientes.

No obstante, seg¨²n fuentes sindicales, en diferentes organismos se ha dado un incremento de contrataciones evidente que nadie se atreve a cuantificar. Los sindicatos aseguran que el n¨²mero de contratos administrativos en lo que va de a?o alcanza los 65.000.

CC OO denunci¨® recientemente un acuerdo del Consejo de Ministros sobre pr¨®rroga de los contratos administrativos existentes, hasta que se aprobara el Estatuto de la Funci¨®n P¨²blica. Para CC OO el acuerdo permit¨ªa la instalaci¨®n definitiva de miles de personas contratadas en el ¨²limo a?o, "en funci¨®n del clientelismo ejercido por los altos cargos de la Administraci¨®n actual".