Horarios y nombramientos

EL TERCER Consejo de Ministros presidido por Felipe Gonz¨¢lez ha adoptado la decisi¨®n de establecer la jornada de cuarenta horas y el per¨ªodo de treinta d¨ªas naturales para las vacaciones pagadas. Las protestas de la CEOE, que critican la medida por sus negativas repercusiones sobre los costes empresariales y la productividad, apuntan fundamentalmente, sin embargo, al fortalecimiento de sus posiciones dial¨¦cticas en v¨ªsperas del comienzo de las negociaciones con los sindicatos para fijar la horquilla de las subidas salariales durante 1983. Los socialistas hab¨ªan inclu¨ªdo ese compromiso en su campa?a electoral y hubiera sido dif¨ªcil que, tras los gestos tranquilizadores de Felipe Gonz¨¢lez hacia las Fuerzas Armadas y el mundo de los negocios o el surrealista discurso del presidente del Congreso en la inaguraci¨®n de las Cortes Generales, no dieran de manera inmediata a sus propios votantes alguna prenda tangible de la sinceridad de sus prop¨®sitos reformadores.Es m¨¢s que dudoso que la reducci¨®n de la jornada y la ampliaci¨®n de las vacaciones puedan favorecer la creaci¨®n del empleo, tal y como algunos portavoces socialistas, deseosos de ganar en todos los tapetes, han insinuado. La medida, sin embargo, tampoco puede tener los terribles efectos sobre la rentabilidad empresarial que la CEOE, de manera casi apocal¨ªptica y en nombre de la racionalidad econ¨®mica, anuncia. De un lado, tanto la jornada de 40 horas como las vacaciones de treinta d¨ªas se hallan vigentes ya en sectores cualitativa y cuantitativamente importantes de nuestro aparato productivo. De otro, nuestros competidores europeos han incorporado, desde hace mucho tiempo, esas cla¨²sulas a su sistema de relaciones industriales. Pero lo que importa destacar, sobre todo, es la dimensi¨®n de beneficio social que la medida significa y su congruencia con la ideolog¨ªa y la tradici¨®n socialistas. Quienes acarician la idea de que Felipe Gonz¨¢lez pueda incumplir su programa en aquellos renglones que conciernen a los intereses de los trabajadores asalariados y a las prestaciones sociales, mostrar¨ªan excesiva ambici¨®n al pretender que ni una -sola de esas promesas fuera llevada a cabo o al aspirar a que el Gobierno socialista, con diez millones de votos de respaldo, pusiera en pr¨¢ctica la pol¨ªtica econ¨®mica que UCD no se atrevi¨® a acometer por temor a las repercusiones negativas sobre el electorado de unas medidas unilateralmente duras respecto a la poblaci¨®n asalariada.

El cap¨ªtulo de nombramientos ha confirmado la entrega del Instituto Nacional de Industria a Enrique Moya, delf¨ªn de Claudio Boada, quien conserva el control de ese Instituto de Hidrocarburos inventado en su d¨ªa para independizar formalmente el pr¨®spero sector energ¨¦tico estatal de las p¨¦rdidas del resto del ¨¢rea empresarial de titularidad p¨²blica. Claudio Boada dio acogida en su equipo a Miguel Boyer cuando la estrella del superministro no ten¨ªa el deslumbrador brillo que hoy le caracteriza. La profundidad de los sentimientos amistosos y de agradecimiento son, sin duda, virtudes privadas altamente encomiables pero tal vez, como ya ense?ara Maquiavelo, no desempe?en las mismas funciones en la vida p¨²blica. En cualquier caso, no faltar¨¢n quienes, tras ese nombramiento, reinterpreten la oferta de pacto del PSOE con la sociedad como el prop¨®sito de maridar a los socialistas con el equipo de Claudio Boada, convertido sorprendentemente en representante simb¨®lico y exclusivo de las capas y sectores sociales deseosos de hacer compatible su independencia pol¨ªtica con la participaci¨®n activa en el cambio. Sin embargo, a muchos se les har¨¢ cuesta arriba, pese a su voluntad de apoyar al Gobierno y de respetar los m¨ªticos cien d¨ªas, la idea de que los socialistas conf¨ªen al equipo de Boada, acerca de cuya competencia t¨¦cnica hay dudas m¨¢s que razonables, la contradictoria tarea de cambiar un estado de cosas a cuya creaci¨®n contribuyeron.