Dimisiones en las empresas p¨²blicas

LAS DIMISIONES, aceptadas por el Consejo de Administraci¨®n del Instituto Nacional de Industria, de varios altos cargos de empresas oficiales han revelado a los sorprendidos ciudadanos alejados de las interioridades del aparato estatal los nombres y apellidos de personas que, hasta ayer, desempe?aban puestos de elevada representatividad, asociada probablemente a interesantes remuneraciones, en el sector p¨²blico.El Gobierno socialista parece dispuesto a que los cargos p¨²blicos prediquen con el ejemplo en esa batalla por la austeridad y la moralizaci¨®n que Felipe Gonz¨¢lez esgrimi¨® durante su campa?a electoral. A este respecto, convendr¨ªa que las cuentas de los dineros presupuestarios estuvieran siempre claras, de forma tal, que los ingresos monetarios netos que retiran para su econom¨ªa dom¨¦stica los perceptores de una n¨®mina p¨²blica -en un Ministerio, en las Cortes Generales, en la banca oficial o en las empresas estatales- no quedaran difuminados en la confusi¨®n de esos diversos renglones (sueldo base, gastos de representaci¨®n, pluses, etc¨¦tera). De nada servir¨ªa, as¨ª, disfrazar un aumento global de retribuciones mediante el truco de fundir el moderado incremento oficial de un sueldo base con el desaforado crecimiento de unas dietas que fueran, en realidad, una parte de los honorarios que los funcionarios o los diputados se llevaran en la cartera a sus casas.

Salvo en casos excepcionales rayanos con la corrupci¨®n o el abuso, el impetuoso florecimiento del sector privado en Espa?a durante las dos ¨²ltimas d¨¦cadas hab¨ªa invertido, en detrimento de los servidores de la Administraci¨®n p¨²blica, como sucede en todos los pa¨ªses industriales, las diferencias entre las remuneraciones de los altos funcionarios y los sueldos de los ejecutivos de las empresas privadas. S¨®lo las econom¨ªas externas, en forma de servicios administrativos, coches oficiales, gastos personales por cuenta del Presupuesto y facilidades para moverse engrasadamente por la vida sin guardar colas, y las rentas psicol¨®gicas, inherentes al ejercicio del poder, compensaban, en algunos casos sobradamente, el coste de oportunidad sacrificado. Los dirigentes socialistas habr¨¢n tenido ocasi¨®n de decepcionarse o de entusiasmarse, seg¨²n sus anteriores experiencias, al contabilizar sus n¨®minas como ministros, subsecretarios, directores generales o altos funcionarios y al comprobar las restantes gratificaciones materiales y psicol¨®gicas que su cargo les depara.

En ese panorama, sin embargo, no encajaban los altos cargos de la banca oficial o de las empresas estatales, a quienes resultaba decididamente imposible calificar como servidores p¨²blicos. Los honorarios de buena parte de los usufructuarios de puestos digitales en la banca p¨²blica y en las empresas del INI alcanzaban, seg¨²n rumores nunca desmentidos, cifras tan astron¨®micas en t¨¦rminos monetarios como incongruentes con el trabajo realizado en el desempe?o de su cargo y con los m¨¦ritos realizados por quienes ten¨ªan acceso a esos lujosos as¨ª los como jubilados pol¨ªticos. Forzoso es se?alar, sin embargo, que esa regla ha tenido y tiene meritorias excepciones. En cualquier caso, la elogiable decisi¨®n del nuevo Gobierno de frenar ese despilfarro pone fin a los justificados agravios comparativos de los funcionarios ministeriales respecto a las empresas y bancos estatales. El reajuste ya iniciado tiende a igualar las retribuciones percibidas por los diversos altos cargos de la Administraci¨®n y establece principios equitativos en la asignaci¨®n de sueldos. Seg¨²n informaciones oficiales, los ingresos brutos de los presidentes y gobernadores de las empresas estatales y bancas oficiales no podr¨¢n sobrepasar los ocho millones anuales, techo que ser¨¢ de siete millones para los vicepresidentes y subgobernadores, y de seis millones para los directores generales. As¨ª pues, las percepciones netas m¨¢ximas, deducidos los impuestos, no superar¨¢n el medio mill¨®n de pesetas mensual, cantidad que resultar¨¢ deslumbrante para un trabajador manual o un joven sin empleo y que s¨®lo ser¨¢ mirada con desd¨¦n por los directivos de la gran banca privada y de las empresas multinacionales y por los abogados con prestigiosos bufetes, los m¨¦dicos con grandes consultas particulares y los notarios y registradores con buenos destinos.

La introducci¨®n de la austeridad en los altos cargos del sector p¨²blico no puede hacer olvidar, por supuesto, que las empresas estatales act¨²an dentro de un mercado competitivo. Cabr¨ªa, as¨ª pues, aducir que la empresa p¨²blica y la banca oficial deber¨ªan estar en completa libertad para pagar los mismos sueldos que el sector privado, a fin de poder contratar, en igualdad de condiciones monetarias, a los mejores t¨¦cnicos y especialistas. No parece, sin embargo, que el argumento resista la prueba de la realidad de cada d¨ªa. El clientelismo est¨¢ de tal forma asociado con la profesionalidad del poder, que los altos cargos pueden f¨¢cilmente ser asignados no en funci¨®n de la competencia t¨¦cnica personal, sino como resultado de las fidelidades del amiguismo, los agradecimientos por favores pasados o futuros, las intrigas perseverantes de pasillo, la veteran¨ªa de las militancias, las compensaciones a los pol¨ªticos descolgados o la neutralizaci¨®n de los pol¨ªticos descontentos. Esta fue, al menos, la estrategia del anterior r¨¦gimen, y tambi¨¦n de los Gobiernos centristas. De a?adidura, los gestores de bienes p¨²blicos no tienen el control de los ejecutivos de empresas privadas, porque el sector estatal nunca se ve amenazado de verdad por la suspensi¨®n de pagos o la quiebra. S¨®lo cuando se diera la imposibilidad de cubrir con personas competentes los cuadros directivos del sector p¨²blico, como consecuencia de que faltaran profesionales dispuestos a trabajar en los bancos oficiales o las empresas estatales por seis, siete u ocho millones de pesetas al a?o, cabr¨ªa criticar por su maximalismo al Gobierno socialista. No parece, en verdad, que ese supuesto se halle a la vuelta de la esquina. Entre tanto, parece obligado elogiar una medida que puede parecer el chocolate del loro ¨²nicamente a quienes se lo merendaban en solitario, pero que ser¨¢ consideradada por la mayor¨ªa de los ciudadanos, en tanto que contribuyentes, como una decisi¨®n congruente con el programa de moralizaci¨®n y austeridad del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez.