Le¨®n y el otro Su¨¢rez

JUSTO EL mismo d¨ªa en que el presidente del Gobierno recib¨ªa a los presidentes de las comunidades vasca y catalana, en su elogiable estrategia de solucionar mediante la negociaci¨®n los problemas auton¨®micos pendientes, la Diputaci¨®n Provincial de Le¨®n adoptaba la ilegal decisi¨®n de desligarse de la comunidad castellano-leonesa e iniciar los tr¨¢mites para una autonom¨ªa uniprovincial. Que la medida no se tenga en pie jur¨ªdicamente es, por supuesto, el aspecto decisivo de una resoluci¨®n que choca directamente con el ordenamiento constitucional. La Diputaci¨®n de Le¨®n adopt¨®, en abril de 1980, la iniciativa del proceso auton¨®mico regulada por el art¨ªculo 143 de la Constituci¨®n en pro de la comunidad castellano leonesa, con veinticuatro votos a favor, uno en contra y una abstenci¨®n. Posteriormente, y dentro del obligado plazo legal de seis meses, 158 ayuntamientos de la provincia, que representaban a m¨¢s del 80% del censo leon¨¦s, se adhirieron a la iniciativa, culminando el tr¨¢mite en el ¨¢mbito provincial. Despu¨¦s, una asamblea elabor¨® el proyecto de Estatuto de Autonom¨ªa de la comunidad castellano-leonesa y lo envi¨® a las Cortes Generales. S¨®lo la disoluci¨®n de las C¨¢maras impidi¨® que ese Estatuto, actualmente en tr¨¢mite de ponencia en el Congreso, fuera aprobado durante la anterior legislatura.?Cu¨¢l es el trasfondo pol¨ªtico de ese dislate jur¨ªdico?. La dimisi¨®n de Rodolfo Mart¨ªn Villa y su renuncia al esca?o de diputado, gesto que honra a este veterano profesional del poder, ofrece alguna pista para explicar este acontecimiento bufo, que resultar¨ªa intrascendente para los leoneses, para los castellanos y p¨²a el resto de los espa?oles si no fuera por las implicaciones jur¨ªdico-constitucionales de la decisi¨®n y por su condici¨®n de s¨ªntoma de la estrechez de miras de una parte de nuestra clase pol¨ªtica. Las viejas rivalidades locales entre los hermanos Mart¨ªn Villa, hoy de capa ca¨ªda, y los hermanos Su¨¢rez, en claro ascenso tras su elecci¨®n como diputados de Alianza Popular, buscan como escenario para librar su particular duelo nada m¨¢s y nada menos que el complejo ¨¢mbito de la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas.

En la tradici¨®n de la m¨¢s rancia pol¨ªtica aldeana, Fernando Su¨¢rez, con su hermano Jos¨¦ Mar¨ªa como intermediario, ministro en el ¨²ltimo Gobierno espa?ol que dio el enterado al fusilamiento de cinco condenados a muerte, ha elegido como cuesti¨®n simb¨®lica la autonom¨ªa provincial para obligar a los tr¨¢nsfugas leoneses de UCD, en plena desbandada tras la hecatombe electoral del 28 de octubre, a doblar la rodilla y rendirle homenaje como nuevo padrino.

De los veintid¨®s votos mediante los que la Diputaci¨®n leonesa cambi¨® el pasado jueves el digo de la comunidad castellano-leonesa por el diego de la autonom¨ªa uniprovincial, veintiuno corresponden a los mismos diputados de UCD que el 16 de abril de 1980 obedecieron las instrucciones de Rodolfo Mart¨ªn Villa, entonces ministro de Administraci¨®n Territorial, para integrar a Le¨®n en la comunidad interprovincial m¨¢s amplia. Hasta entonces, los ayuntamientos de la provincia se hab¨ªan resistido a secundar la iniciativa auton¨®mica, ejercida en octubre de 1979 por el Consejo preauton¨®mico de Castilla-Le¨®n y apoyada casi exclusivamente por los partidos de la izquierda. Cuando estaba a punto de concluir el plazo de seis meses para completar la iniciativa auton¨®mica, puesta en marcha por la Diputaci¨®n en la primavera de 1980, el Gobierno consigui¨® que el 73,83% del total de municipios de la provincia y el 83,75% del censo electoral se pronunciaran por la integraci¨®n en Castilla y Le¨®n.

La m¨ªnima presencia -un solo miembro- de Alianza Popular en la Diputaci¨®n de Le¨®n hab¨ªa dejado al clande los Su¨¢rez,- enemigos irreconciliables del clan de los Mart¨ªn Villa, en clara inferioridad de condiciones para librar esta grotesca imitaci¨®n de la lucha entre Mostescos y Capuletos que se realiza a costa de los contribuyentes y de la dignidad de la vida p¨²blica. No es extra?o que Alianza Popular aprovechara la ocasi¨®n que le hab¨ªa puesto en bandeja la capacidad manipuladora de Rodolfo Mart¨ªn Villa a prop¨®sito de la iniciativa auton¨®mica y se dedicara a ondear la bandera de los agravios comparativos, hacer demagogia electoralista, sacar de los arcones los ap¨®lillados pendones del viejo reino, proponer a los leoneses legitimaciones hist¨®ricas con ocho siglos de antig¨¹edad para fundamentar sus quejas y organizar una guerra de campanario contra Valladolid. Tras la derrota de UCD en las ¨²ltimas elecciones, los Su¨¢rez han llevado el rid¨ªculo hasta lo sublime, y han puesto como peaje a los tr¨¢nsfugas del centrismo su apoyo a la autonom¨ªa uniprovincial.

A las veinticuatro horas de la decisi¨®n adoptada por la Diputaci¨®n de Le¨®n, Burgos inicia, curiosamente, un movimiento similar, acaudillado tambi¨¦n por Alianza Popular. En Segovia, Modesto Fraile, un compa?ero de viaje del fraguismo, sigue en su lucha segregacionista. Parecida orientaci¨®n ha seguido la estrategia de Abel Matutes en Baleares. La idea del Estado que subyace a toda esta operaci¨®n parece m¨¢s guiada por la voluntad de destrucci¨®n que por cualquier otro criterio. Un juego peligroso del partido de Manuel Fraga, que desdice de los principios de responsabilidad p¨²blica y priva a la oposici¨®n del adjetivo leal.