La negociaci¨®n salarial

LA POSTURA del Gobierno de respetar la autonom¨ªa de los agentes econ¨®micos y, por consiguiente, los pactos alcanzados entre las organizaciones patronales y las centrales sindicales para la fijaci¨®n de las subidas salariales es congruente con los principios pluralistas sobre los que descansa el funcionamiento de las sociedades industriales avanzadas. El excesivo retraso en la firma de los acuerdos salariales para 1983 no ayuda, sin embargo, a disipar las incertidumbres de nuestra vida econ¨®mica y est¨¢ demorando peligrosamente la conclusi¨®n de buen n¨²mero de convenios colectivos. Las protestas de los comunistas contra el inhibicionismo del Poder Ejecutivo en la materia encierran, parad¨®jicamente, una cierta a?oranza de la pol¨ªtica dirigista asociada con el nombre de Jos¨¦ Antonio Gir¨®n de Velasco. Ahora bien, la condici¨®n de empresario que el Estado asume a trav¨¦s de la titularidad del sector p¨²blico -industrial, bancario y de servicios- le impide llevar hasta sus ¨²ltimas consecuencias la l¨®gica de Poncio Pilatos que un liberalismo extremo exigir¨ªa. El Poder Ejecutivo, sin renunciar a la neutralidad en la negociaci¨®n entre las partes, podr¨ªa anticipar sus proyectos de remuneraci¨®n en las empresas estatales, muchas de ellas deficitarias y con unos niveles de retribuci¨®n bastante m¨¢s elevados que sus competidoras del sector privado. La elogiable medida de moderar las remuneraciones de los presidentes y directores de las empresas estatales y la banca p¨²blica legitima a las autoridades para poner orden dentro de su propia casa y fijar, para el a?o en curso, alzas salariales razonables en el resto de las categor¨ªas profesionales.La negociaci¨®n colectiva entre las organizaciones patronales y las centrales sindicales parece hallarse en un callej¨®n sin salida como consecuencia de la inflexibilidad mostrada hasta ahora por las unas y por las otras. Los representantes de la CEOE argumentan que la reducci¨®n de la jornada laboral, tras el establecimiento por el Gobierno de la semana de cuarenta horas, implica un incremento de costes que no puede ser ignorado a la hora de la negocici¨®n salarial. Los empresarios se resisten igualmente a incluir en los acuerdos una cl¨¢usula de revisi¨®n semestral que hiciera repercutir sobre los incrementos salariales, como ocurri¨® en 1982, los posibles efectos de la mayor inflaci¨®n de los meses inciales del a?o. La organizaci¨®n patronal, de a?adidura, exige del Gobierno informaci¨®n precisa sobre el marco de la pol¨ªtica econ¨®mica, expresada en cifras presupuestarias y magnitudes monetarias, y mantiene la propuesta, mientras esos datos no sean hechos p¨²blicos, de una banda salarial del 6% al 10% para 1983.

Los sindicatos argumentan que la reducci¨®n de jornada es una materia regulada por el Gobierno y ajena, por lo tanto, a la negociaci¨®n entre los agentes econ¨®micos. Las centrales justifican la revisi¨®n semestral como una salvaguarda adicional de la recuperaci¨®n a corto plazo del poder adquisitivo de los trabajadores, tanto mas necesaria despu¨¦s de los recientes aumentos en el precio de los carburantes y la electricidad. Los sindicatos proponen, finalmente, que el l¨ªmite superior de la banda salarial de incremento anual para 1983 se eleve hasta el 1,3%, porcentaje que, adem¨¢s de constituir una contrapropuesta t¨¢ctica a la oferta anticipada por la CEOE, descansa sobre la sospecha de que la inflaci¨®n prevista para 1983 ser¨¢ superior al 12% estimado por el Gobierno socialista. Las previsiones sobre la inflaci¨®n futura est¨¢n, por supuesto, sujetas a imprevistos. Conviene subrayar, sin embargo, que esas incertidumbres no operan en una ¨²nica direcci¨®n. En 1982, por ejemplo, la OCDE estim¨® una inflaci¨®n del 7% para Estados Unidos y del 10,25% para Inglaterra; sin embargo, los incrementos efectivos resultaron ser del 3,8% y el 5,4%, respectivamente. En el caso espa?ol la inflaci¨®n en el primer semestre de 1982 creci¨® a un ritmo anual del 16,5%, pero durante la segunda mitad del a?o se situ¨® en torno al 9%. De esta forma, la tasa del primer semestre forz¨® a que la revisi¨®n m¨¢xima de los convenios negociados dentro del ANE alcanzara los 3,4 puntos. Ahora bien, en el supuesto de que se hubiera tomado como punto de referencia el ¨ªndice de los precios al consumo de los nueve primeros meses del a?o, la revisi¨®n m¨¢xima solo habr¨ªa podido ser de 1,3 puntos.

Cabe concluir, as¨ª pues, que ninguna estimaci¨®n de los niveles de inflaci¨®n puede concebirse como totalmente rigurosa, ni tampoco el establecimiento de una cl¨¢usula autom¨¢tica de revisi¨®n a fecha fija. Pero estas observaciones no deber¨ªan ser utilizadas para negar la posibilidad de negociar una banda salarial que, sin comprometer la vida de muchas empresas que carecen de subvenciones estatales y compiten en un mercado relativamente libre, resulte aceptable para los sindicatos. Una banda entre el 9% y el 11%, para quienes se inclinen por los razonamientos de los sindicatos, o entre el 8% y el 10%, para quienes sean m¨¢s sensible a los argumentos de los empresarios, podr¨ªan hacer el acuerdo posible. La exhortaci¨®n del Presidente del Gobierno, reiterada en la entrevista televisiva del viernes pasado, al esfuerzo solidario de todos los sectores de la sociedad para hacer frente a la crisis obliga a quienes han aplaudido ese mensaje a que sus hechos sean congruentes con sus palabras.

Parece sensato suponer que los representante de la CEOE tienen ya suficientes elementos de juicio para determinar, sin posteriores precisiones del Gobierno sobre las grandes l¨ªneas macroecon¨®micas, el tipo de aumento salarial capaz de reunir la doble condici¨®n de resultar soportable para la cuenta de resultados de la mayor¨ªa de las empresas y de mantener la demanda interior, esto es, la capacidad de compra de la poblaci¨®n asalariada. Los sindicatos, en especial UGT, deben perder el miedo el temor a ser tildados de amarillistas por su decisi¨®n de aceptar acuerdos razonables con las organizaciones patronales. Baste con recordar que, pese a la campa?a lanzada por CCOO en el contexto mas general de la ofensiva pol¨ªtica desencadenada por el PCE en 1980, la firma del AMI entre la CEOE y UGT, lejos de ser una soga puesta al cuello del sindicato socialista, permiti¨® a la central dirigida por Nicol¨¢s Redondo y Jos¨¦ Mar¨ªa Zufiaur ganarse la confianza de buen n¨²mero de trabajadores. El ejemplo de Italia, donde se ha prescindido del mecanismo de la escala m¨®vil, muestra la urgencia de liberarse de las err¨®neas ideas recibidas escritas en manuales obsoletos y de adoptar, en su lugar, pautas de conducta que permitan hacer compatibles la defensa por los trabajadores empleados de su capacidad adquisitiva y las angustiosas necesidades de esos dos millones largos de parados que aguardan la creaci¨®n de nuevos puestos de trabajo a trav¨¦s de la recuperaci¨®n de la actividad econ¨®mica y la inversi¨®n productiva.