Ins¨®lita intervenci¨®n del fiscal para justificar su actitud en el juicio por el caso Crimidesa

El fiscal de la Audiencia Provincial de Burgos solicit¨® ayer que se impusieran un total diez a?os de prisi¨®n y 420.000 pesetas de multa a los nueve mineros de Crimidesa por los supuestos delitos de atentado, detenci¨®n ilegal y da?os. El fiscal retir¨® las acusaciones contra el sindicalista de CCOO Maximino Luaces, para quien se ped¨ªan cinco a?os de c¨¢rcel. Esta petici¨®n fue formalizada ayer por la ma?ana en el transcurso de la tercera y ¨²ltima sesi¨®n del juicio oral, que ha quedado visto para sentencia.

Algo est¨¢ cambiando. El pasado jueves nueve mineros y un l¨ªder sindical de CC OO se sentaron en el banquillo de los acusados, procesados por unos incidentes acaecidos en octubre de 1980 en Cerezo del R¨ªo Tir¨®n. El fiscal solicitaba para ellos una pena total de 52 a?os y nueve meses de c¨¢rcel. Ayer, s¨¢bado, el fiscal pidi¨® disculpas a los procesados."Lo siento si en algo les he afectado", les dijo.

Con estas palabras el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Burgos cerr¨® un apasionado parlamento con el que justific¨® el papel del ministerio p¨²blico en este sumario. Fue un discurso inesperado, seguido con cierta sorpresa por el p¨²blico que llenaba la sala. "Me siento con una profunda tristeza porque en realidad lo que est¨¢ pasando aqu¨ª es que est¨¢ siendo juzgada la propia justicia y no unos hechos. Es triste que se nos diga que este juicio es una lucha contra la clase obrera...", dijo el fiscal refiri¨¦ndose a las cr¨ªticas vertidas por "determinada prensa", a los casi 3.000 telegramas de apoyo a los procesados que se han recibido en la Audiencia y a unas declaraciones de Marcelino Camacho a los medios radiof¨®nicos.

Perplejidad e indignaci¨®n

Hubo en las palabras del Ministerio Fiscal una cierta perplejidad e indignaci¨®n, porque gran parte de su vida la hab¨ªa dedicado a la clase obrera y porque "?no soy yo mismo un obrero?". "Me siento profundamente atacado y no tolero que se me ponga en el brete de que no siento el problema de la clase obrera", continu¨® afirmando el fiscal, al tiempo que a?ad¨ªa que no actuaba al servicio de clase alguna. "?Qu¨¦ creen ustedes, que los hombres de la justicia no tienen su coraz¨®n?", a?adi¨®.Algo est¨¢ cambiando, cuando un representante del Ministerio P¨²blico habla de esta manera. No es un hecho usual en los tribunales de Justicia de este pa¨ªs. Ser¨ªa un error pensar que las palabras de este fiscal y la modificaci¨®n de las peticiones de penas para los acusados estaban motivadas por esas presiones oficiales a las que se refiri¨® el funcionario. Hay un hecho indiscutible y es que en el transcurso de las ¨²ltimas sesiones del juicio se hab¨ªan ido corroyendo poco a poco los argumentos de la acusaci¨®n. Lo que en principio era un juicio, contra los mineros de Crimidesa y contra un l¨ªder sindical, se convirti¨® el jueves por la tarde en un juicio contra la propia patronal.

La acusaci¨®n particular

Las declaraciones de los dos ex gobernadores civiles y la del propio capit¨¢n de la Guardia Civil ayudaron a dar un giro a una vista que se aseguraba dif¨ªcil y pol¨¦mica. Las afirmaciones de los ex gobernadores defendiendo a los obreros y asegurando que la culpa del conflicto era de Crimidesa fueron argumentos que el fiscal debi¨® de sopesar en el momento de tomar la decisi¨®n de modificar la pena de los acusados.La actitud sorprendente del fiscal produjo una reacci¨®n en cadena. El primer afectado fue el propio abogado querellante, quien modific¨® de igual manera la petici¨®n contra los acusados. La modific¨® y a?adi¨® que "su intervenci¨®n en la causa ten¨ªa como ¨²nico objeto el esclarecimiento de los hechos por el cauce de la justicia. Sin ir m¨¢s all¨¢ de las apreciaciones del fiscal, en aras de dejar patente la ausencia de animadversi¨®n contra cualquiera de los procesados, en beneficio de las relaciones laborales y ciudadanas de Cerezo de R¨ªo Tir¨®n".

Estas declaraciones causaron una gran perplejidad sobre todo teniendo en cuenta los duros t¨¦rminos con los que se hab¨ªan referido a los procesados los directivos de la empresa en el momento de sus declaraciones. Sin embargo, y seg¨²n uno de los portavoces de la empresa, Ram¨®n Manuel de la Mora y de Planell, director de Relaciones Laborales, la actitud de Crimidesa siempre hab¨ªa sido esta, e "incluso hab¨ªamos decidido colocar en situaci¨®n de excedencia a los trabajadores que por esta causa hubieran podido entrar en prisi¨®n".

Ram¨®n Manuel de la Mora fue delegado comarcal del sindicato de la CNS de Cornell¨¢ (Barcelona), hasta 1975. Era uno de los hombres de confianza del equipo sindical de Jos¨¦ Mar¨ªa Soc¨ªas Humbert y de Rodolfo Mart¨ªn Villa. A trav¨¦s de Ram¨®n de la Mora y de la delegaci¨®n de la CNS de Cornell¨¢, se llev¨® a t¨¦rmino una de las ¨²ltimas experiencias sindicales del viejo r¨¦gimen.

Se abrieron las puertas del sindicato, se dej¨® entrar a los obreros, y se llam¨® incluso a negociar a los l¨ªderes de las organizaciones clandestinas para poder resolver as¨ª los conflictos importantes de la comarca. Ram¨®n Manuel de la Mora ces¨® en 1975 con la llegada de la democracia. Ahora es director de Relaciones Laborales de Crimidesa. Vive en Cerezo de R¨ªo Tir¨®n.

Mohedano matiza

Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano fue el primero de los abogados defensores en hablar. Reclam¨® la libre absoluci¨®n para los procesados. El informe de Mohedano estuvo lleno de matizaciones. Matiz¨® que aquel tribunal no ten¨ªa nada que ver con el TOP, que lo acaecido en Crimidesa no es un modelo de relaciones laborales y que cada uno deber¨ªa entonar su mea culpa.Hubo tambi¨¦n una insinuaci¨®n al Movimiento Comunista, que hab¨ªa criticado la manera de llevar la defensa. Y hubo tambi¨¦n una larga referencia al director general de Crimidesa, a quien calific¨® de "capit¨¢n de un barco que por sus propias acciones est¨¢ a la deriva". Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, Javier Cer¨®n y Mariano Olalla, pidieron la absoluci¨®n para los mineros.

En el transcurso del juicio, se produjo la declaraci¨®n de varias decenas de testigos, entre ellos dos exgobernadores civiles.