Ins¨®litos visitantes de la sexta galer¨ªa

Los proleg¨®menos de, estas ins¨®litas visitas a la Modelo y de las responsabilidades penales y administrativas que ahora se reclaman funcionarios, gestores y empresarios, hay que situarlos en la sede del antiguo Instituto Nacional de Previsi¨®n de Barcelona. El impopular edificio, actualmente en obras, se caracteriz¨® durante la d¨¦cada de los a?os setenta por la interminables colas de desempleados que invert¨ªan gran parte de la jornada en acudir a las ventanilla de informaci¨®n o en sellar sus cartillas de paro. Fuerzas de la Polic¨ªa desalojaron en numerosas ocasiones encierros y disolvieron manifestaciones sindicales de protesta. A nadie, sin embargo, se le ocurri¨® pensar que los que, seg¨²n todos los indicios, infring¨ªan la ley -con la ayuda de funcionarios hoy evaporados- en el tercer piso del edificio y sin alterar el orden p¨²blico, ser¨ªan un d¨ªa conducidos a prisi¨®n en un furg¨®n de la Guardia Civil.El mayor esc¨¢ndalo dado a conocer por la Administraci¨®n socia lista y llevado a cabo posiblemente en connivencia con algunos alto funcionarios, alcanza un balance provisional de 53 personas implicadas en la defraudaci¨®n, la mayor parte de las cuales se encuentra en prisi¨®n.

Funcionarios desaparecidos

Las coordenadas inmediatas de un fraude sin precedentes conocidos, hay que buscarlas en largos a?os de descontrol sobre las cuotas de la Seguridad Social y en la tradicional falta de transparencia existente en ella.

En el tercer piso del Instituto Nacional de Previsi¨®n de Barcelona, sede de la Oficina Delegada de la Inspecci¨®n de Trabajo (ODIT) varios inspectores de Trabajo, funcionarios y algunos empresarios se aprovecharon en su beneficio del descontrol administrativo, seg¨²n la querella del fiscal.

Graciniano G¨®mez Cat¨®n, ex subdelegado de Trabajo en funciones y recomendado para el cargo de delegado por el ex gobernador civil de Barcelona, Jorge Fern¨¢ndez, fue uno de estos inspectores.

Hoy se encuentra en un lugar des conocido y, por el momento, a salvo de las medidas judiciales. Ram¨®n Ballesteros, tambi¨¦n inspector de Trabajo y jefe en aquella ¨¦poca de la ODIT, est¨¢ igualmente desaparecido. En esta oficina prestaban sus servicios antiguos abogados de los sindicatos verticales, entre ellos Miguel Vilalta y Antonio Saltor, quienes se encuentran en libertad bajo fianza. Estos abogados, al parecer, ayudaron a extender los falsos requerimientos, junto con el funcionario desaparecido Francisco Gilabert. El jefe de los inspectores de Trabajo destinados en la ODIT durante la ¨¦poca de la defraudaci¨®n era Jaime Talens.

La esencia del fraude

En esencia, la supuesta estafa consist¨ªa en conseguir la liquidaci¨®n de las deudas pendientes de las empresas a la Seguridad Social mediante el pago de una cantidad muy inferior a la realmente debida. As¨ª, cuando una empresa adeudaba las cotizaciones de varios a?os, se confeccionaba un requerimiento en el que los salarios se hab¨ªan reducido a una tercera o una cuarta parte de su valor real. Se especula con la eventual existencia de un precio de la operaci¨®n, cifrado en un porcentaje situado entre el 10% y el 20% del beneficio econ¨®mico supuestamente obtenido por las empresas. El funcionamiento de los intermediarios est¨¢ por desentra?ar. Vicente Cardellach Marza, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona y titular de una de las principales gestor¨ªas de la ciudad, prest¨® declaraci¨®n en relaci¨®n con las actividades de un empleado de su gestor¨ªa.

El nuevo jefe de la ODIT, que tom¨® posesi¨®n de su cargo a finales de junio pasado, inici¨® la investigaci¨®n del fraude en el mes de julio. El descubrimiento fue debido a un hecho casual. Una de las empresas implicadas impugn¨® ante la Administraci¨®n un falso requerimiento, al comprobar que las cifras, por error, se refer¨ªan a cien trabajadores menos de los existentes en su plantilla. Al analizar el acta impugnada, la operaci¨®n resultante de dividir la base de cotizaci¨®n por el n¨²mero de meses a que hac¨ªa referencia y el n¨²mero de trabajadores afectados por el requerimiento, difer¨ªa en una considerable cuant¨ªa de los boletines de cotizaci¨®n, donde figuraba la cuota obrera calculada por las bases reales. El descubrimiento fue comunicado al jefe de la Inspecci¨®n de Trabajo de Barcelona, Gregorio Granados, y al director provincial de Trabajo, Eustasio del Val, quienes pusieron el hecho en conocimiento de la Jefatura Central de la Inspecci¨®n de Trabajo, cuya titular es Mar¨ªa Luisa Senabre, antigua inspectora de Barcelona. El entonces subsecretario de Seguridad Social, Miguel Cuenca, tuvo conocimiento de ello.

La cuant¨ªa de la presunta estafa y el gran n¨²mero de empresas relacionadas indujeron a levantar varias actas complementarias para cada una de las empresas defraudadoras, que correspond¨ªan al n¨²mero de actas falsas levantadas y a su per¨ªodo. Los nuevos requerimientos fueron remitidos a la Magistratura Especial de Ejecuciones Gubernativas de Barcelona en un paquete aparte y con advertencia expresa -dado el volumen de actas en v¨ªa de apremio y el descontrol- de que no eran duplicidad de otras extendidas a las mismas empresas. Gran parte de las empresas implicadas ha procedido al pago de las diferencias en el ¨²ltimo mes. El pasado jueves fue admitida a tr¨¢mite, con una fianza de 50.000 pesetas, una querella interpuesta por Comisiones Obreras de Catalu?a, en ejercicio de la acci¨®n popular, contra los que resultaren responsables de la presunta estafa. La querella se?ala que "cuando desde sectores econ¨®micos y pol¨ªticos interesados, se est¨¢ intentando desprestigiar al sector p¨²blico y especialmente a la Seguridad Social, como fuente de todos los males de la sociedad, es necesario recordar que los ingresos que obtiene la Seguridad Social provienen en un 83% de las cotizaciones, que, a su vez, constituyen una parte del costo del trabajo".

Jos¨¦ Valent¨ªn Ant¨®n, secretario de la Uni¨®n General de Trabajadores de Catalu?a, declar¨®: "Eximir de responsabilidades a los empresarios acusados de fraude, es discriminar a aquellos otros empresarios que han cumplido honestamente con sus obligaciones de cobertura legal y social de los trabajadores, siendo v¨ªctimas de una competencia desleal".

La patronal y el Gobierno

La patronal Fomento del Trabajo y la CEOE han denunciado, por el contrario, "un clima de persecuci¨®n que se ha abierto, en estos d¨ªas contra los empresarios". En este clima situ¨® Carlos Ferrer Salat "la actuaci¨®n desproporcionada en contra de las empresas catalanas, a las que se ha relacionado con el fraude organizado a la Seguridad Social por determinados funcionarios de la misma y la sensaci¨®n creada entre la opini¨®n p¨²blica de que este fraude ha sido organizado y cometido por la generalidad de las empresas".

La aludida persecuci¨®n del empresario ha sido desmentida por Ferran Cardenal, gobernador civil de Barcelona, quien se?al¨®: "Nosotros perseguimos conductas posiblemente delictivas; si resulta que sus autores son empresarios, les aplicaremos la ley igual que a los dem¨¢s, pero no hay persecuci¨®n de empresarios ni de ning¨²n colectivo en especial, puesto que es evidente que la inmensa mayor¨ªa de las empresas cumplen honestamente sus obligaciones con el Estado. Este asunto ser¨¢ investigado hasta el fondo y no se ocultar¨¢ nada a la opini¨®n p¨²blica".

Mientras tanto, hay un revuelo constante entre la poblaci¨®n reclusa de la prisi¨®n Modelo, poco acostumbrada a este tipo de visitantes.