En el Registro de Intereses figuran todas las fuentes de ingresos privadas de los diputados y senadores

El proyecto de ley org¨¢nica de Incompatibilidades de diputados y senadores remitido por el Gobierno a las Cortes establece el principio de la compatibilidad con el desempe?o de actividades privadas, salvo una serie de excepciones tasadas. El proyecto de ley definitivo, tras los retoques introducidos por el Consejo de Ministros ¨²ltimo, exige que los parlamentarios formulen declaraci¨®n de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad. Estas y "aquellas otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionales ingresos econ¨®micos, as¨ª como sus bienes patrimoniales", deber¨¢n figurar en un Registro de Intereses que se creara en cada C¨¢mara.

Aunque el proyecto de ley remitido a las Cortes no se hace ninguna referencia al car¨¢cter p¨²blico de este registro, fuentes socialistas adelantaron a este peri¨®dico que el futuro Registro de Intereses tendr¨¢ car¨¢cter p¨²blico, en l¨ªnea con las propuestas defendidas por el propio PSOE y otros partidos de la izquierda durante la anterior legislatura. El presidente del Congreso de los, Diputados, Gregorio Peces-Barba, manifest¨® a este peri¨®dico que, en su opini¨®n, el mero mandato legal para que se cre¨¦ el Registro de Intereses es suficiente para que pueda ponerse en marcha, sin necesidad de modificar el vigente reglamento ni de una ley espec¨ªfica. Sin embargo, el proyecto de ley vincula el Registro de Intereses al reglamento, al establecer que dichos registros se constituir¨¢n en cada C¨¢mara "a los efectos que determinen los reglamentos de las mismas".Relaci¨®n detallada de ingresos

El Registro de Intereses se actualizar¨¢ al comienzo de cada legislatura. Si se confirma su car¨¢cter p¨²blico, no existir¨¢n dificultades para la difusi¨®n de sus datos. Cada diputado y cada senador har¨¢ constar -salvo modificaciones de detalle- la actividad profesional que, le devengue ingresos al margen de su cargo de parlamentario; nombres de clientes que pudieran tener relaciones con el trabajo que realiza en las Cortes. y cargos directivos remunerados en empresas, incluidos aquellos que quedan en suspenso durante el periodo de mandato electoral.

Otros datos a figurar en principio en el registro citado ser¨¢n las donaciones y ayudas monetarias que haya recibido durante su campa?a electoral el propio parlamentario o el partido al que pertenece, en forma de dinero o decualquier beneficio material directo o indirecto; los ingresos o beneficios materiales provenientes de personas, Gobiernos u organismos extranjeros o el pago de gastos d¨¦ viajes realizados en su calidad de parlamentario; las empresas en las que el parlamentario, su c¨®nyuge o los hijos menores de edad tengan una participaci¨®n superior al 5%.del capital social, y el origen de las rentas anuales que percibiere, en el caso de que ¨¦stas fueran superiores a la retribuci¨®n recibida como parlamentario.

Con diversas variantes, socialistas, comunistas y el diputado del Grupo Mixto Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s (de Euskadiko Ezkerra) defendieron o apoyaron durante la anterior legislatura propuestas de creaci¨®n de un Registro de Intereses de estas caracter¨ªsticas. El cerrado re ch¨¢zo de los centristas y del grupo de Fraga (entonces, Coalici¨®n De mocr¨¢ticay no permiti¨® que pros peraran. En el debate presupuestario para 1982 y en el de la vigente ley de Incompatibilidades, las en miendas de la izquierda que plan teaban la creaci¨®n de dicho registro , fueron ampliamente derrotadas.

Algunas de las objeciones de los grupos parlamentarios de la derecha frente a la creaci¨®n de un Registro de Intereses tienen su mejor precedente en los argumentos esgrimidos en aquellos debates. El 31 de marzo de 1982, el centrista Antonio, V¨¢zquez Guill¨¦n record¨® ante el Pleno que el vigente reglamento de la C¨¢mara baja ya prev¨¦ una declaraci¨®n notarial de bienes y actividades, e invoc¨® el "sagrado derecho a la intimidad" por parte de los parlamentarios, quienes no tienen, dijo, "necesidad de exhibir p¨²blicamente aquellas cuestiones que afecten a su ¨ªndole aut¨¦nticamente personal". Bandr¨¦s replic¨® que no basta esa declaraci¨®n privada, sino que es necesario un registro p¨²blico.

Por su parte, el comunista Fernando P¨¦rez Royo mostr¨® su sorpresa por las apelaciones a la intimidad. Renunci¨® a citar ejemplos "quq ser¨ªan desagradables" y, argument¨®: "Los puestos de direcci¨®n remunerados en compa?¨ªas p¨²blicas o privadas, empleos, cargos, profesiones y oficios remunerados, relaciones de clientes, etc¨¦tera, ?todo esto pertenece a la intimidad?. Es posible que pertenezca a la intimidad pero a una intimidad que, en cualquier caso, se debe perder al formar parte de una C¨¢mara como ¨¦sta, en definitiva, al representar intereses colectivos y, en cualquier caso, no una intimidad personal, sino algo que hace referencia a aspectos, a circunstancias que son de inter¨¦s, insisto, para el correcto ejercicio de la funci¨®n parlamentaria".

El primer precedente parlamentario se produjo durante la discusi¨®n de los Presupuestos Generales del Estado para 1981. En aquel debate, celebrado el 28 de noviembre de 1980, ministros del actual Gobierno, como Enrique Bar¨®n (quien invoc¨® los ejemplos brit¨¢nico, norteamericano, alem¨¢n e italiano), Carlos Solchaga (quien asegur¨® que no todo el mundo tiene que compartir "nuestra. visi¨®n de lo que es la dec¨¦ncia") y Ernest Lluch (quien denunci¨® la confesi¨®n centrista entre la declaraci¨®n del patrimonio y la de los intereses), abogaron por la creaci¨®n del registro. El entonces portavoz centrista, Miguel Herrero denunci¨® en los socialistas "una siempre vaga acusaci¨®n de corrupci¨®n, confundiendo incompatibilidad, corrupci¨®n, intereses etc". Valor¨® la enmi¨¦nda socialista como demag¨®gica y asegur¨® que se trataba de una opera ci¨®n de divertimento que, adem¨¢s de deteriorar la imagen de la instituci¨®n parlamentaria, pretend¨ªa ocultar la capacidad del PSOE para presentar una alternativa presupuestaria. La votaci¨®n, no minal a petici¨®n socialista, fue perdida por la izquierda.