La Generalitat y los partidos pol¨ªticos se reafirman sobre la 'ley de las rebajas'

La constitucionalidad de la ley de Regulaci¨®n de Estructuras Comerciales y Ventas Especiales, aprobada recientemente por el Parla mento de Catalu?a y puesta en en tredicho por un informe jur¨ªdico del profesor Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa, fue defendida ayer por la Administraci¨®n auton¨®mica y por representantes de las distintas fuerzas parlamentarias catalanas El informe de Garc¨ªa de Enterr¨ªa hecho p¨²blico el domingo califica la ley de las rebajas como inconstitucional, al infringir, en su opini¨®n, algunas de las libertades b¨¢sicas reconocidas por la Constituci¨®n.Estos supuestos, sin embargo, fueron puestos en entredicho por el secretario general t¨¦cnico de la Conselleria de Comercio y Turismo de la Generalitat, Andreu Gispert, quien asegur¨® que en la elaboraci¨®n de la ley se hab¨ªan tenido en cuenta las limitaciones derivadas de la propia legislaci¨®n mercantil, de la ley sobre la Defensa de la Competencia y de la unidad de mercado. Gispert mostr¨® tambi¨¦n sus dudas sobre la vigencia del informe de Garc¨ªa de Enterr¨ªa:

El portavoz de Converg¨¨ncia i Uni¨® (GU) en la C¨¢mara catalana, Antoni Subir¨¢, explic¨® a este diario que los aspectos constitucionales que cita el profesor Garc¨ªa de Enterr¨ªa fueron tenidos en cuenta en la tramitaci¨®n de la ley, y record¨® que este criterio fue compartido por los principales partidos del Parlament, incluida la oposici¨®n socialista y comunista, que vot¨® favorablemente el texto.

En parecidos t¨¦rminos se expres¨® la comunista Assumpci¨® Sell¨¦s, del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), quien, tras insistir en la constitucionalidad del proyecto, asegur¨® que la Generalitat gozaba de competencias en comercio interior. Sin embargo, la representante comunista en la comisi¨®n que dictamin¨¦ el proyecto explic¨® que en el fondo del debate se encontraba la pol¨¦mica ya desatada por Garc¨ªa de Enterr¨ªa con la ley de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA). Los partidarios de esta ley -agreg¨®- creen que las comunidades aut¨®nomas no pueden legislar sobre sus competencias si no existe una ley de bases estatal, criterio que no comparte el PSUC.

T¨¦rminos de mayor dureza emple¨® el portavoz de Esquerra, Republicana de Catalunya (ERC), Albert Alay, para comentar el informe de Garc¨ªa de Enterr¨ªa. Tras dejar sentada la constitucionalidad de la ley, Alay dijo que el prof¨¦sor "deber¨ªa explicar primero qu¨¦ concepto tiene de las autonom¨ªas, extremo que yo ya presupongo desde que elabor¨¦ el c¨¦lebre informe sobre la concertaci¨®n".

Para Alay, la ley no es contraria ni al derecho mercantil ni a la unidad de mercado, sino que se limita a regular unas "modalidades comerciales que son perfectamente leg¨ªtimas".

Los socialistas catalanes, a trav¨¦s de su portavoz parlamentario, Llu¨ªs Armet, declararon que ellos, despu¨¦s del dictamen del Consell Consultiu, ayudaron a la elaboraci¨®n de textos consecuentes con el dictamen, que indicaba peligros de inconstitucionalidad en la redacci¨®n inicial. En relaci¨®n al informe del profesor Garc¨ªa de Enterr¨ªa, Armet se?al¨®: "Ser¨ªa prudente y necesario que dict¨¢menes de eminentes juristas no salgan a la luz p¨²blica sin indicar la persona o entidad que los han encargado. En temas de inconstitucionalidad es necesaria una extremada prudencia y un respeto escrupuloso en relaci¨®n al organismo que es competente: el Tribunal Constitucional. Entrar en diatribas jur¨ªdicas basandose en diversas personalidades m¨¢s o menos acreditadas es una v¨ªa de creaci¨®n de incertidumbres que nosotros intentaremos evitar".