La ley de partidos pol¨ªticos demostrar¨¢ si la "tercera via" es a¨²n posible en Nicaragua

Para la Administraci¨®n Reagan, en Nicaragua existe ya una dictadura marxista-leninista, seg¨²n ha repetido su embajadora Jeanne Kirkpatrick, con ocasi¨®n de un reciente viaje por Centroam¨¦rica. Esta tesis sustenta la lucha armada que unos miles de nicarag¨¹enses sostienen desde el exterior. Los grupos m¨¢s radicales del sandinismo creen, por el contrario, que la alta burgues¨ªa mantiene a¨²n muchos de sus pasados privilegios y exigen un cambio m¨¢s decidido de la sociedad. Estos dos juicios opuestos son apenas un reflejo de las contradicciones existentes en un pa¨ªs donde se trata de poner la propiedad privada al servicio de las mayor¨ªas sin abolirla y, al mismo tiempo, respetar las libertades sin que el poder vuelva a manos de las antiguas castas.

Establecer un paralelismo entre el proceso cubano y el nicarag¨¹ense, a partir de algunas coincidencias, por lo dem¨¢s evidentes, o de las ayudas prestadas por Fidel Castro, se ha convertido a veces en un m¨¦todo de trabajo. Un pol¨ªtico nada afecto al Frente Sandinista como Ad¨¢n Fletes, presidente de la coordinadora que agrupa a casi toda la oposici¨®n de derecha, est¨¢ en desacuerdo con esta tesis. "Es producto de una mala informaci¨®n", dice. "Hay gente que quiere ver la situaci¨®n como totalitaria y quien la ve como democr¨¢tica. Ambas apreciaciones son falsas. El proceso no est¨¢ definido a¨²n".La ley de partidos pol¨ªticos, que est¨¢ en fase de discusi¨®n y que debe servir de marco para las elecciones previstas en 1985, ser¨¢ la piedra de toque que permitir¨¢ comprobar si la tercera v¨ªa es a¨²n posible. El proyecto, elaborado por el Consejo de Estado en febrero del pasado a?o, contiene dos aspectos duramente criticados, aun por los grupos que integran el Frente Patri¨®tico, que apoya a la revoluci¨®n.

Se propone, por un lado, que la suspensi¨®n o cancelaci¨®n de los partidos pol¨ªticos est¨¦ sometida a un ¨®rgano con tres miembros designados por la Junta de Gobierno y dos de los propios partidos. Contra su decisi¨®n s¨®lo cabr¨ªa un recurso posterior a la misma Junta. En palabras del secretario general comunista, Eli Altamirano, un texto de esta naturaleza "pone en manos de la Junta la vida y la suerte de los partidos".

En l¨ªneas generales, la izquierda no sandinista concuerda con la oposici¨®n de derecha a la hora de pedir que los representantes de los partidos sean mayoritarios en el ¨®rgano que tenga capacidad decisoria sobre su futuro.

Otra discrepancia seria se plantea al definir los objetivos de las agrupaciones pol¨ªticas. El proyecto de ley establece ¨¦stos como los de "participar en la gesti¨®n pol¨ªtica y administrativa del Estado" y "concurrir a elecciones de acuerdo con la legislaci¨®n vigente". Los l¨ªderes, pol¨ªticos entienden que se trata de una f¨®rmula demasiado ambigua.

Socialistas y comunistas

Luis S¨¢nchez, del Partido Socialista nicarag¨¹ense, opina que la ley debe recoger la aspiraci¨®n de los partidos a dirigir el Gobierno y ejercer el poder pol¨ªtico". Eli Altamirano califica el proyecto de "inadmisible" en este punto y reclama tambi¨¦n que entre los fines figure la toma del poder. En este campo parecer¨ªa existir una nueva coincidencia entre el Frente Patri¨®tico y la coordinadora, pero ambas formaciones discrepan al fijar l¨ªmites a la acci¨®n partidaria. Para la derecha, s¨®lo la vuelta al somocismo debe estar vetada por la ley. Algunos analistas opinan que esto nada significa en la pr¨¢ctica, ya que ideolog¨ªas ultraconservadoras podr¨ªan, aspirar al poder s¨®lo con un vago repudio a la dictadura somocista, pero sin renunciar a sus contenidos econ¨®micosociales.El Frente Patri¨®tico est¨¢ de acuerdo con los sandinistas en que el proyecto democr¨¢tico no debe poner en peligro las conquistas de la revoluci¨®n en materia de reforma agraria, educaci¨®n y salud para todos, acceso de las mayor¨ªas a los bienes b¨¢sicos.

En una sociedad de la abundancia como la norteamericana o la europea podr¨ªa pensarse que estos objetivos pueden ser relativamente satisfechos por cualquier partido del atco constitucional. En una Nicaragua subdesarrollada, que emerge en medio de un capitalismo salvaje, donde s¨®lo ¨ªndices de beneficio que superen el 50% anual resultan atractivos para el capital privado, ¨¦stas son metas que la derecha no est¨¢ dispuesta a mantener.

El Frente Sandinista sabe que cuenta con el respaldo mayoritario en su empe?o de evitar pasos atr¨¢s en las conquistas sociales de la revoluci¨®n. La ley incluye esto entre los deberes de los partidos, con gran esc¨¢ndalo de la derecha, deseosa de regresar al antiguo r¨¦gimen econ¨®mico.

Un informe elaborado el a?o pasado por la Fundaci¨®n Ebert, del Partido Socialdem¨®crata alem¨¢n, reconoce las diferencias existentes entre las democracias liberales europeas y la democracia social que los sandinistas tratan de poner en pr¨¢ctica. Tomando como punto de partida el 19 de julio de 1979, que marca el fin de una dictadura familiar de 45 a?os, el documento subraya que los nicara g¨¹enses han podido ejercitar bajo el r¨¦gimen actual derechos econ¨®micos y sociales que hist¨®ricamente les fueron negados.

El patr¨®n occidental

Es evidente que el Gobierno sandinista no est¨¢ dispuesto a sacrificar el ejercicio de tales derechos por la patente democr¨¢tica de patr¨®n occidental. C¨®mo conseguirlo sin caer en un r¨¦gimen dictatorial, el informe concluye que a corto y medio plazo es poco probable que Nicaragua se encamine hacia un sistema pirlamen tario de corte europeo, sin que ello le aboque irremediablemente a un r¨¦gimen comunista.Se se?ala que todav¨ªa existe espacio pol¨ªtico para instalar una democracia con un partido hegem¨®nico (Frente Sandinista) que con viva con fuerzas de oposici¨®n. Los sandinistas han manejado en el pasado el modelo mexicano, al menos en su funcionamiento formal, aunque es evidente el mayor contenido social del sistema nicarag¨¹ense.

Aunque la mexicana sea una democracia muy peculiar, est¨¢ aceptada como tal en la comunidad internacional, sin que ello provoque mayores debates, incluso entre sus vecinos del norte, los estadounidenses. La especial hostilidad de la Administraci¨®n Reagan hacia el modelo sandinista es dif¨ªcil de justificar por escr¨²pulos democr¨¢ticos, sobre todo cuando ¨¦stos no le impiden colaborar con Gobiernos como los de Guatemala o Chile.

La raz¨®n hay que buscarla en otra parte: el decidido ant¨²mperialismo de los sandinistas. Democracias aparte, lo que resulta intolerable para Estados Unidos es que en una zona de seguridad, donde se aplica el principio de hegemon¨ªa no compartida, se instale un Gobierno que practica una pol¨ªtica exterior beligerante contra cualquier intervencionismo de Washington. Esta posici¨®n sandinista, que ha llevado a introducir en su himno nacional un p¨¢rrafo que declara a los yanquis enemigos de la humanidad, ha sido, por lo dem¨¢s, ganada a pulso por la pol¨ªtica hist¨®rica de Estados Unidos en Nicaragua: tres intervenciones armadas y el permanente apoyo a una dictadura como la somocista, que supo unir a todos los nicarag¨¹enses en su contra.

Es la bandera de la seguridad la que ha llevado a la Administraci¨®n Reagan a financiar a los grupos armados que desde territorio hondure?o hostilizan permanentemente al Ej¨¦rcito sandinista. La defensa de la democracia parece dif¨ªcilmente compatible con el apoyo prestado a los ex guardias somocistas, que durante casi medio siglo reprimieron a los nicarag¨¹enses.

En su propaganda, el Departamento de Estado ha s¨®lido emplear como un term¨®metro del totalitarismo sandinista las restricciones a la propiedad privada. El ¨²ltimo informe sobre Nicaragua, elaborado por la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina (CEPAL) en julio de 1982, se?ala que a finales del a?o anterior el Estado controlaba el 24% del sector agr¨ªcola, el 22% de la industria y el 40% del comercio.

Es probable que la participaci¨®n estatal en el sector terciario haya aumentado como consecuencia de la nacionalizaci¨®n del comercio interno del az¨²car, jab¨®n, aceite, ma¨ªz, frijoles, arroz, papel higi¨¦nico y gasolina. En algunos casos, por dificultades objetivas en la producci¨®n, en otros casos, por el acaparamiento y la especulaci¨®n. Esto no significa que se haya implantado un racionamiento, salvo en los casos del az¨²car y la gasolina, sino que el Estado se encarga de la distribuci¨®n de estos productos a los minoristas.

Menos rigor que en El Salvador

Por lo que respecta a la propiedad de la tierra, la ley de reforma agraria no establece ning¨²n l¨ªmite, siempre que las propiedades est¨¦n cultivadas. Esto explica que un 15% del suelo siga en manos de, grandes latifundistas. Incluso si no se cultivan, s¨®lo pueden ser expropiadas las fincas que excedan de 350 hect¨¢reas en el Pac¨ªfico y de setecientas en el Atl¨¢ntico. Resulta chocante que la ley salvadore?a sea, al menos en su letra, m¨¢s rigurosa que la de Nicaragua.Un dirigente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Ramiro Gurdi¨¢n, explica con bastante claridad sus discrepancias con el Gobierno: "Ellos dicen que nos dan financiamiento y que seguimos sin producir. Pero el financiamiento es lo ¨²ltimo que busca un empresario; antes necesita saber qu¨¦ margen de utilidad va a conseguir.

Ah¨ª es donde le duele al sector privado nicarag¨¹ense. La propiedad sigue b¨¢sicamente en sus manos, pero los m¨¢rgenes de ganancia han sido dr¨¢sticamente cortados y ya no resultan atractivos, aunque sigan siendo todav¨ªa superiores a los que manejan sus colegas europeos. Una de las acusaciones que m¨¢s repiti¨® el Gobierno sandinista en el pasado, el boicoteo econ¨®mico por parte del capital, recibe as¨ª una confirmaci¨®n indirecta.

Hay que reconocer que entre las teor¨ªas econ¨®micas liberales y los planes del Gobierno sandinista, existe una discrepancia de fondo. Aquellos opinan que la ganancia es el ¨²nico motor de la econom¨ªa. Los sandinistas creen que la atenci¨®n de las necesidades b¨¢sicas de la poblaci¨®n es el objetivo prioritario.

?Quiere todo esto decir que Nicaragua va sin remedio a una sociedad comunista? Parad¨®jicamente, la Administraci¨®n norteamericana parece empe?ada en que as¨ª sea. Quiz¨¢ porque esto le permitir¨ªa justificar ante el mundo una intervenci¨®n directa.

Los datos estad¨ªsticos est¨¢n todav¨ªa en contra de esta apreciaci¨®n. Es cierto que el Consejo de Estado, ¨®rgano legislativo provisional, est¨¢ en manos del Frente Sandinista y que de sus 51 miembros, veinticinco son del partido gubernamental y s¨®lo once corresponden a la oposici¨®n de derecha (partidos, sindicatos afines y empresa privada). El soci¨®logo Xabier Gorostiaga opina que esta representaci¨®n opositora del 21,6% es superior a la que estos mismos grupos obtendr¨ªan en un cotejo electoral.