La nacionalizaci¨®n de Rumasa

LA EXPROPIACI?N por parte del Gobierno del grupo bancario de Rumasa y de todas las sociedades del holding es imposible de ser analizada con rigor y correcci¨®n en base a la escasa, por no decir ninguna, informaci¨®n que el Gabinete ha ofrecido hasta ahora. Es, de hecho, la primera nacionalizaci¨®n decidida por el Gobierno socialista, que se present¨® a las elecciones con un programa calificado por los observadores de socialdem¨®crata y hasta de neoliberal, y que no inclu¨ªa una pol¨ªtica nacionalizadora en ning¨²n caso. Si se considera que Rumasa, seg¨²n fuentes del propio holding, controla alrededor del 1,8% del producto interior bruto y se contempla la realidad de las instituciones financieras espa?olas, puede llegarse a la conclusi¨®n de que con esta medida el Estado se convierte en el primer banquero del pa¨ªs. Y empresas tan dispares como Loewe, las Mantequer¨ªas Leonesas o las chocolatinas de la Trapa, para no hablar de las bodegas y los hoteles de Rumasa, son desde hoy propiedad p¨²blica.Desconocemos a la hora de escribir este comentario las caracter¨ªsticas del decreto nacionalizador. Parece que afecta a todas las empresas del grupo, pero no se saben las condiciones de la expropiaci¨®n, la indemnizaci¨®n y la concreci¨®n de la titularidad estatal de la propiedad y gesti¨®n de lo expropiado. Fuentes gubernamentales aseguran que habr¨¢ una oferta a la iniciativa privada para que recupere algunas de las empresas, pero es preciso decir que al habitual desprecio por la informaci¨®n di¨¢fana que el actual Gabinete viene demostrando se ha sumado en esta ocasi¨®n el silencio por motivos de estrategia pol¨ªtica y econ¨®mica. Eso ha hecho que los propios directivos del holding se enteraran de la decisi¨®n gubernamental al mismo tiempo que el resto de los espa?oles, a trav¨¦s de las c¨¢maras de televisi¨®n. Este detalle, que podr¨ªa ser nimio o anecd¨®tico, no lo es si se contempla la inaudita batalla emprendida hace unos d¨ªas por el ministro de Econom¨ªa y Hacienda contra el grupo presidido por Ruiz-Mateos, al comentar p¨²blicamente sus dificultades y amenazar con enviar a los inspectores del Banco de Espa?a si Rumasa no reemprend¨ªa las auditor¨ªas. Lo ins¨®lito de la actitud ministerial, que ha tenido que servir inevitablemente para hacer crecer la desconfianza entre los depositantes de los bancos de Rumasa, no par¨® ah¨ª. La petici¨®n hecha p¨²blica por el propio Ruiz-Mateos, y no desmentida por Boyer, de que la firma de auditor¨ªas Arthur Andersen enviara informes al Banco de Espa?a directamente, sin la presencia del cliente auditado, habr¨¢ dejado at¨®nitos a todos los expertos en finanzas. Nada de eso significa que el Gobierno no tenga razones que avalen la medida, pero la eventual correcci¨®n de la misma no exculpa lo irregular del comportamiento del ministro. Otros detalles no deben pasar inadvertidos, como el hecho de que Boyer hablara en nombre del Banco de Espa?a, cuando no puede hacerlo, pues ¨¦ste goza de una legislaci¨®n de autonom¨ªa. Pero el Gobierno tendr¨¢ que explicar en cualquier caso qu¨¦ ha sucedido en los ¨²ltimos cuatro d¨ªas que le haya llevado a tomar ahora, y no antes, esta decisi¨®n. Sin discutir por eso lo oportuno o no de la misma, pues desconocemos sus caracter¨ªsticas, es preciso se?alar la inc¨®moda sensaci¨®n de que este acto de autoridad, de consecuencias todav¨ªa dif¨ªcilmente previsibles, viene enmarcado en un desaf¨ªo p¨²blico a uno de los ministros m¨¢s representativos del Gobierno y en medio de una arbitraria pol¨ªtica financiera dictada, seg¨²n todos los indicios, no por el gobernador del Banco de Espa?a, sino por el subgobernador, Mariano Rubio, que aparece como el hombre fuerte en las decisiones de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gabinete.

La crisis de Rumasa es la n¨²mero treinta de las crisis bancarias declaradas en este pa¨ªs desde que en 1978 el Banco de Navarra fuera intervenido por el de Espa?a. Puede decirse que ni una sola ha recibido tratamiento igual o paritario, y que el aparente ensa?amiento -hasta en las relaciones personales- con que se ha comportado en este caso, al margen los contenidos estrictos de la medida, contra esta con la delicadeza habida, incluso en per¨ªodo electoral, con temas como el de Banca Catalana o la peculiaridad de la soluci¨®n dada al asunto Urquijo Hispano.

Todo esto no empa?a la sospecha de que por otra parte Rumasa se haya venido comportando de manera cuando menos heterodoxa, lo mismo en sus relaciones con el Banco de Espa?a que en el desarrollo y crecimiento del grupo. Lo que el Ejecutivo tendr¨¢ que demostrar hoy con pruebas, y no apelando simplemente a la fe en sus capacidades, es si la repuesta dada a las eventuales irregularidades del holding es la adecuada y la prudente, y si no se ha establecido un trato discriminatorio. Tambi¨¦n merece la pena preguntarse por las repercusiones en el exterior. Y en todo caso es incomprensible e innecesaria la prepotencia formal con que la propia expropiaci¨®n se ha llevado a cabo. No era preciso a?adir a la dureza de la medida la del gesto.

De lo que declaren hoy los responsables econ¨®micos del Gabinete podr¨¢ deducirse, por lo dem¨¢s, si la medida es acorde con el marco sociecon¨®mico constitucional y con el programa electoral del propio PSOE. S¨®lo si son convincentes a la hora de probar que esta era la ¨²nica manera de defender los puestos de trabajo y de evitar da?os a terceros, y que hab¨ªa motivos de verdadera utilidad p¨²blica, podremos saber que la decisi¨®n no es, al menos en parte, fruto de la fuga hacia delante de un ministro que no pod¨ªa seguir siendo ministro sin intervenir Rumasa despu¨¦s de sus declaraciones del viernes pasado. Y, sobre todo, despu¨¦s de la propia fuga hacia delante de Ruiz-Mateos en su reciente conferencia de Prensa. La inc¨®moda sospecha de que el principio de autoridad pueda haber primado a la hora de tomar decisiones econ¨®micas que merecen alguna templanza s¨®lo puede ser despejada por el propio Boyer. Si logra hacerlo, habr¨¢ que convenir que el Gabinete de Felipe Gonz¨¢lez ha tomado una decisi¨®n discutible pero valiente. Tan valiente que, si no logra justificarla, habr¨¢ sembrado la semilla de descr¨¦dito y desconfianza empresarial m¨¢s grande que se recuerda en la reciente, y no tan reciente, historia econ¨®mica de este pa¨ªs.