Rumasa, el Gobierno y la iniciativa privada

LOS INTENTOS de presentar la expropiaci¨®n de Rumasa como el comienzo de una ofensiva del Gobierno socialista contra la iniciativa privada o como las v¨ªsperas de la progresiva estatalizaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola han chocado frontalmente con la declaraci¨®n de Miguel Boyer de que es intenci¨®n del Gobierno devolver las empresas del holding, una vez saneadas, al sector privado. El temor a peligrosas contramaniobras patrimoniales o a evasiones de divisas a trav¨¦s de sociedades instrumentales, la posibilidad de una estampida de depositantes que debilitara la confianza global en el sistema financiero y la voluntad de impedir un cierre patronal que pusiera en la calle a varias decenas de miles de trabajadores figuran presumiblemente entre las causas de la fulgurante expropiaci¨®n adoptada por el poder ejecutivo. De esta forma, la decisi¨®n del Gobierno parece hallarse mucho m¨¢s cercana a la soluci¨®n de emergencia dada a un problema de orden p¨²blico que a una medida de corte radical orientada a modificar la estrategia socialista respecto al equilibrio entre los sectores p¨²blico y privado de nuestra econom¨ªa.Las empresas industriales y de servicios del grupo Rumasa no ocupan en la econom¨ªa espa?ola ese lugar estrat¨¦gico que permitir¨ªa concebir su nacionalizaci¨®n como un instrumento adecuado para que el Estado lo empleara como palanca en la direcci¨®n y planificaci¨®n de la actividad econ¨®mica. A este respecto, es necesario distinguir entre los bancos de Rumasa, cuya incorporaci¨®n al sector p¨²blico no ser¨ªa incongruente ni con el programa socialista ni con la realidad espa?ola actual, y las empresas del holding, la mayor¨ªa de las cuales ofrecer¨ªan, por sus propias caracter¨ªsticas, dificultades insalvables para ser gestionadas de manera eficiente y competitiva por el Estado. Parece, as¨ª, que la gesti¨®n p¨²blica tendr¨¢ que limitarse a sanear las empresas del holding, con cargo a los Presupuestos Generales y mediante un aumento del d¨¦ficit, en la esperanza de que los grupos privados puedan adquirirlas en su d¨ªa liberadas de grav¨¢menes. El Estado se encuentra, por consiguiente, frente al ruinoso dilema de convertirse en un Estado-enfermero, encargado de curar empresas para que otros las disfruten en el futuro una vez dadas de alta, o en un Estado-patr¨®n, titular de por vida de compa?¨ªas deficitarias. Si el Gobierno se viera forzado a incorporar las empresas inviables de Rumasa al sector p¨²blico, agrandar¨ªa el cementerio de compa?¨ªas en p¨¦rdida instalado en los n¨²meros rojos del INI. Los contribuyentes ser¨ªan entonces quienes corrieran con los gastos de socializar las p¨¦rdidas privadas. Pero, si el desguace del holding se resolviera en la adquisici¨®n por la iniciativa privada de las empresas rentables, es l¨®gico suponer que los compradores tratar¨ªan de aprovecharse de la debilidad del vendedor -un Estado que no desea retener, con excelentes razones, esas sociedades en su patrimonio- y que el tr¨¢nsito de las compa?¨ªas en crisis por el hospital p¨²blico tambi¨¦n tuviera que ser abonado por los contribuyentes.

Estas reflexiones, que pueden significar un jarro de agua fr¨ªa sobre la extendida sonrisa popular ante la medida expropiatoria, aconsejar¨ªan rebajar la euforia, b¨¢sicamente ideol¨®gica, con la que algunos sectores han acogido la nacionalizaci¨®n de Rumasa. Lejos de significar un viraje o una inflexi¨®n de la pol¨ªtica gubernamental, la decisi¨®n a?ade un sumando m¨¢s a esa dolorosa. cuenta de empobrecimiento colectivo, p¨¦rdida de competitividad y riesgos para el empleo que la crisis econ¨®mica mundial, la mala administraci¨®n de Gobiernos anteriores y la ineficiencia de la gesti¨®n en abundantes sectores empresariales privados nos han legado. La ilusi¨®n populista o el terror conservador a que la expropiaci¨®n del holding signifique una nacionalizaci¨®n progresista es una forma de hacer de la necesidad virtud (izquierdista) o vicio (derechista). La medida, en cualquier caso, refuerza la extendida convicci¨®n de que el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez est¨¢ dispuesto no s¨®lo a sanear la moralidad p¨²blica, sino tambi¨¦n a impedir que la gesti¨®n desastrosa de los negocios privados reserve los beneficios a sus irresponsables propietarios y las p¨¦rdidas a los contribuyentes. Este punto de vista ofrece buen n¨²mero de argumentos en favor de la decisi¨®n adoptada.

Subsiste, en cualquier caso, la sospecha de que las imprudentes declaraciones de Miguel Boyer el viernes de la pasada semana pusieron en marcha o reforzaron considerablemente la f¨¦rrea cadena causal que oblig¨® al Gobierno a adoptar esa dr¨¢stica decisi¨®n. Tambi¨¦n se puede formular la hip¨®tesis de que la r¨¦plica verbal de Ruiz-Mateos al ministro de Econom¨ªa y Hacienda, tres d¨ªas despu¨¦s, hizo funcionar el resorte del prestigio ofendido del Gobierno, demasiado propenso a resolver algunos problemas no por su contenido intr¨ªnseco, sino por su planteamiento formal como pulso o desaf¨ªo al Estado. Conviene observar, a este respecto, que la credibilidad democr¨¢tica del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez no recibe ninguna ayuda de la jactanciosa forma con la que algunos cargos p¨²blicos colocan encima de la mesa -como si fueran personalmente suyos- los diez millones de votos obtenidos por el PSOE para contestar a quienes critican sus decisiones concretas o sus conductas.

De a?adidura, el Gobierno tendr¨¢ que explicar a las Cortes Generales si ese problema de orden p¨²blico creado por el p¨¢nico suscitado en torno a Rumasa en la ¨²ltima semana hubiera podido tener soluciones alternativas menos dram¨¢ticas. Las serias dudas sobre la constitucionalidad del decreto-ley de expropiaci¨®n de Rumasa, que no es una decisi¨®n administrativa respaldada por una norma general, sino una nueva disposici¨®n con rango de ley promulgada para llenar un vac¨ªo jur¨ªdico, fuerzan a preguntarse las razones por las que el Gobierno no recurri¨® a la intervenci¨®n del grupo bancario por el Fondo de Garant¨ªa y a la incautaci¨®n de las empresas al amparo del art¨ªculo 128 de la Constituci¨®n. Esas medidas cautelares hubieran permitido que la posterior expropiaci¨®n fuera adoptada por las Cortes Generales tras el correspondiente debate, evitando que las c¨¢maras de TVE se subrogaran en las funciones del Parlamento. De a?adidura, la precipitaci¨®n de la medida y la tosquedad con que fue redactado el decreto-ley han dejado al Gobierno en la desairada situaci¨®n de tener que desdecirse, en el propio Bolet¨ªn Oficial del Estado, de sus primeras palabras, nacionalizando y desnacionalizando empresas con veinticuatro horas de diferencia.

Ninguna de estas cr¨ªticas sobre el procedimiento exoneran a Ruiz-Mateos de sus grav¨ªsimas responsabilidades, ni tampoco ponen en duda que la intervenci¨®n estatal del holding fuera una medida inevitable. A estas alturas parece bastante claro que el nivel de riesgos de los bancos de Rumasa, la heterodoxia de su comportamiento y las irregularidades detectadas hac¨ªan aconsejable alg¨²n tipo de intervenci¨®n por parte del Gobierno. Nuestras observaciones significan simplemente que, as¨ª como no se debe permitir que los negocios se administren de cualquier manera, tampoco es aceptable que el Gobierno act¨²e a su aire, salt¨¢ndose eventualmente los delicados mecanismos constitucionales. En un sistema democr¨¢tico y en un Estado de derecho, las formas tienen id¨¦ntico valor que los contenidos cuando la salvaguardia de las libertades y la protecci¨®n de los derechos andan en juego.

Muchos ciudadanos esperan con inter¨¦s ese debate parlamentario para encontrar respuestas claras y convincentes a una serie de preguntas todav¨ªa no despejadas. ?Cu¨¢l va a ser el monto total, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la operaci¨®n de expropiaci¨®n de Rumasa? ?Es concebible que semejante cast¨¢strofe haya sido producida exclusivamente por la mala gesti¨®n administrativa de sus directivos, sin responsabilidad alguna de las autoridades p¨²blicas de otros Gobiernos, anteriores o posteriores a la Monarqu¨ªa constitucional? ?No existe la m¨¢s m¨ªnima presunci¨®n de comportamientos delictivos en las actividades de quienes erigieron ese castillo de naipes? ?Y por ¨²ltimo, ha padecido Ruiz-Mateos las consecuencias de ser un advenedizo, rechazado por el establecimiento financiero e industrial, y se le ha otorgado (con independencia de sus propias e intransferibles responsabilidades) un trato discriminatorio con respecto a otros bancos y empresas en crisis?