Juzgados por supuestas torturas en Bilbao tres inspectores del Cuerpo Superior de Polic¨ªa
Tres inspectores de polic¨ªa, encausados por un presunto delito de torturas, fueron juzgados ayer en la sala segunda de la Audiencia Territorial de Bilbao. El defensor de los polic¨ªas admiti¨® que el denunciante, Xabier Onaind¨ªa, ex dirigente del sindicato abertzale LAB, hab¨ªa sido torturado en comisar¨ªa, pero neg¨® que los encausados fueran los autores de las presuntas torturas por lo que result¨® la libre absoluci¨®n de sus defendidos.Xabier Onaind¨ªa Ribera, m¨¦dico en la residencia sanitaria de Cruces, dirigente por entonces del sindicato LAB y posteriormente elegido diputado por Vizcaya del Parlamento Vasco, fue detenido el 13 de junio de 1979, a la salida de su casa. Pueso a disposici¨®n judicial una semana despu¨¦s, Onaind¨ªa denunci¨® torturas y malos tratos ante el titular del juzgado n¨²mero tres de Bilbao.
El m¨¦dico forense, por su parte, certific¨® que el detenido presentaba: "Rigidez en la columna vertebral, hematoma en cuero cabelludo, regi¨®n parieto-occipital derecha, quemaduras en la regi¨®n frontal derecha e izquierda, erosiones en ambas mu?ecas, equimosis extensa en extremidades inferiores, trastornos de tipo nervioso, neurosis reactiva, angustia e insomnio".
Tras una complicada tramitaci¨®n, el 15 de enero de 1980 el mencionado juzgado convoc¨® para su eventual reconocimiento a cuatro polic¨ªas, de los que ¨²nicamente comparecieron dos. Uno de ellos admiti¨® haber estado presente en el interrogatorio de Onaind¨ªa, pero neg¨® haberle torturado. El otro afirm¨® haber participado en la detenci¨®n, pero no en el interrogatorio. Durante el acto de reconocimiento se recibi¨® en el juzgado un falso aviso de bomba. Onaind¨ªa, por su parte, pidi¨® al juez que hiciera entrar en la sala a otros dos polic¨ªas a los que hab¨ªa reconocido y que se encontraban de paisano en los pasillos de la Audiencia. La petici¨®n no fue admitida por el juez.
Reconocimiento
En marzo del mismo a?o, un segundo intento de reconocimiento -Onaind¨ªa denunci¨® concretamente a cuatro polic¨ªas, aunque dijo que la tortura fue realizada por otros doce agentes m¨¢s a los que no reconoci¨®- hubo de ser suspendido al no presentarse los inspectores convocados. Un telegrama firmado por el director general de la seguridad del Estado excusaba la existencia de tales polic¨ªas "por necesidades de servicio". Un m¨¦s despu¨¦s se celebr¨® finalmente el acto. De un grupo de diez personas, entre las que figuraban polic¨ªas y otros ciudadanos entremezclados, Onaind¨ªa reconoci¨® a tres polic¨ªas. Estos tres agentes, Amadeo Abonjo, Salvador Cano y Miguel Angel Garc¨ªa fueron los juzgados ayer.Tanto el fiscal como el acusador particular y los representantes de los colegios de abogados y de m¨¦dicos de Vizcaya, constitu¨ªdos en parte, mantuvieron su petici¨®n de cinco meses de arresto mayor por tortura, otros cinco meses por amenazas y coacciones, 400.000 pesetas de indemnizaci¨®n y diez a?os de inhabilitaci¨®n para cada uno de los procesados. El defensor admiti¨®, por su parte, la existencia de torturas, probada por el parte del forense, pero neg¨® cualquier participaci¨®n en las mismas de sus patrocinados. Pidi¨® que se siguiera investigando para descubrir a los verdaderos culpables.
Los acusadores subrayaron el obstrucionismo practicado por el Ministerio del Interior durante el per¨ªodo de instrucci¨®n de la causa (en junio de 1979 el titular de la cartera era el teniente general Antonio Iba?ez Freire) y llamaron a declarar, entre otras personas, al secretario y al instructor del interrogatorio de Onaind¨ªa. La acusaci¨®n llam¨® la atenci¨®n sobre las contradicciones entre las declaraciones de uno y otro, po r ejemplo respecto al lugar donde se realiz¨® el interrogatorio. Tras reafirmarse acusaci¨®n y defensa en sus conclusiones, la causa qued¨® vista para sentencia.
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