El juez abre un sumario sobre las actuaciones de la Caja Layetana

El magistrado Rafael Gimeno, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Matar¨®, ha dictado auto de procesamiento contra el director general de la Caja de Ahorros Layetana, Pere Antoni D¨°ria, y el ex jefe de los servicios jur¨ªdicos de la citada entidad, Francesc Serra, por presunto delito de pr¨¦stamo usurario encubierto.El proceso guarda relaci¨®n con la ya retirada querella criminal contra estas dos personas que hab¨ªa presentado la empresa Talleres Cypp, en relaci¨®n a una operaci¨®n crediticia realizada mediante una compraventa. A pesar de que ambas partes hab¨ªan llegado a un acuerdo hace algunas semanas, el magistrado Rafael Gimeno decidi¨® proseguir la investigaci¨®n del caso.

El juez considera que las conductas de los procesados pueden considerarse ¨ªnmersas en las tipificadas en los art¨ªculos 542 y 543 del C¨®digo Penal, el segundo de los cuales castiga con la pena de presidio menor "el que encubriere con otra forma contractual cualquiera la realizaci¨®n de un pr¨¦stamo usurario aunque no exista habitualidad".

El magistrado ha puesto a cada encausado sendas fianzas de 1.500.000 de pesetas, que deben hacerse efectivas en el plazo de veinticuatro horas, para cubrir la responsabilidad civil. El juez no ha decretado fianza alguna en concepto de libertad provisional al no considerarla necesaria.

Los hechos que han determinado la actuaci¨®n judicial hacen referencia a un cr¨¦dito de veintinco millones de pesetas concedido por la Caja de Ahorros Layetana a Talleres Cypp, SA, cuya devoluci¨®n en el plazo de tres a?os se transformaba en 42 millones de pesetas.

En realidad, lo que deb¨ªa ser una operaci¨®n crediticia se realiz¨® mediante un contrato de compraventa, celebrado el 10 de abril de 1981, por el que Talleres Cypp vend¨ªa con escritura p¨²blica a Caja de Ahorros Layetana parte de una finca por veinticinco millones de pesetas y el mismo d¨ªa, en un mismo acto, la entidad de ahorro volv¨ªa a vender el inmueble por 42 millones de pesetas en un contrato privado. El abogado de la empresa, Josep Pe?a, considera que el inter¨¦s resultante es del 34%.

Contrariamente, Pere Antoni D¨°ria se?ala que como los gastos fiscales y de notario propios de la compraventa ascendieron a unas 4.300.000 pesetas, el inter¨¦s real de la operaci¨®n ha sido del 16,43%. Pero se da la circunstancia de que los contratantes acordaron destinar cinco millones de pesetas para cancelar una hipoteca anterior y otras 500.000 para gastos, por lo que el auto se?ala que como "fueron percibidos 19.500.000 pesetas y que deb¨ªan cobrarse 42 millones en los plazos que se refieren en el coste de la operaci¨®n equivalente a la rentabilidad bruta obtenida por el prestamista es del 56,31% y la tasa de descuento comercial aplicado ascender¨ªa al 22%".

Este c¨¢lculo es rechazado por el director general de la entidad, quien asegura que no se pueden incluir en la rentabilidad los gastos de la operaci¨®n derivados de los impuestos ni los de la cancelaci¨®n de la hipoteca. Y recuerda asimismo que la empresa no lleg¨® a pagar ninguna letra y que no discuti¨® el contrato hasta transcurridos nueve meses.

Tanto el consejo de administraci¨®n de la caja como el comit¨¦ de empresa emitieron ayer sendos comunicados en los que mostraban su confianza hacia los dos procesados y esperaban que los recursos que se interpongan aclaren pronto los hechos.