Las expropiaciones de tierras, bandera de las municipales andaluzas

El pasado Jueves Santo, entre el c¨²mulo de informaciones sobre los desfiles procesionales, los aparatos de radio difundieron una nota de la secretar¨ªa de prensa de la Delegaci¨®n del Gobierno en Andaluc¨ªa que sobresalt¨® a m¨¢s de un empresario e hizo saltar de alegr¨ªa a muchos jornaleros: cuatro fincas de Palma del R¨ªo, con casi 3.500 hect¨¢reas iban a ser expropiadas por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA.), previa la declaraci¨®n de su inter¨¦s social, de acuerdo con la ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1.973. Seg¨²n la noticia, se trata de las fincas Somontes, propiedad de Jos¨¦ Gamero-C¨ªvico y Fern¨¢ndez de Villavicencio, con 632 hect¨¢reas; La Berduga, inscrita a nombre de una sociedad mercantil, La Berduga, SA, mayoritariarnente suscrita por Alonso Moreno, de 851 hect¨¢reas; El Coscojal, de Javier Moreno de la Cova, 968 hect¨¢reas, y el cortijo Guzm¨¢n -cuyo nombre ya figuraba en la reforma agraria de la Segunda Rep¨²blica-, de 9-71 hect¨¢reas a nombre de Explotaciones agr¨ªcolas Guzm¨¢n, SA, cuyas accionistas mayoritarias son las hermanas Enriqueta y Lina Moreno de la Cova. Los apellidos reflejan la interverici¨®n sobre las propiedades de la familia, que son segunda y tercera gprieraci¨®n de F¨¦lix Moreno Ardanuy, terrateniente palme?o que, seg¨²n asegura el pueblo, tuvo bajo. una linde m¨¢s de 40.000 hect¨¢reas, ahora en poder de sus herederos.A partir del momento en que la noticia se hace p¨²blica, zumbando en los o¨ªdos la expropiaci¨®n de Rumasa, reacciones de distinto signo saltan a los medios de comunicaci¨®n. Mientras la Junta de Andaluc¨ªa -ausente de competencias en esta materia- y Gregorio L¨®pez, gobernador civil de C¨®rdoba, afirmaban no conocer nada sobre el tema y los propietarios afectados aseguraban no haber recibido notificaci¨®n alguna, la supuesta expropiaci¨®n, como una campana de Huesca, crec¨ªa de boca en boca y se desorbitaba la realidad de los hechos.

El autor del informe

El propio autor del primer informe t¨¦cnico redactado en 1979 y que ha dado lugar al tr¨¢mite administrativo, el ingeniero agr¨®nomo Juli¨¢n de Santiago, hoy diputado del PSOE en el Parlamento andaluz, c¨¢mara a la que representa en el Senado, y por entonces funcionario del IRYDA, se echa las manos a la cabeza y se pregunta con sorpresa por las razones del sensacionalismo montado en torno al tema. Sobre todo cuando se trata de una pr¨¢ctica habitual del instituto, que en la propia provincia de C¨®rdoba ha desarrollado actuaciones semejantes en crecido n¨²mero y de mayor envergadura que la que ahora se cuestiona.

La decisi¨®n de elaborar en 1979 un informe sobre la posibilidad de expropiar las cuatro fincas tiene su base en la situaci¨®n econ¨®mica y social de la zona. Al t¨¦rmino de la tendencia emigratoria, que coincide, adem¨¢s, con una profunda crisis en la producci¨®n de algod¨®n, tradicional cultivo social de la zona, el censo de parados en Palma del R¨ªo empieza a crecer de forma alarmante. Un movimiento asambleario toma carta de naturaleza en el pueblo y tras la renovaci¨®n de los ayuntamientos en las primeras elecciones democr¨¢ticas los nuevos responsables se encuentran con una tasa de desempleo superior a las 1.000 trabajadores, para un censo de 17.000 habitantes y una poblaci¨®n activa en torno a las 6.000 personas. A ello contribuy¨® la mayor mecanizaci¨®n y la creciente tendencia a disminuir la superficie destinada a siembra de remolacha y algod¨®n, los cultivos que m¨¢s empleo generan.

En esta situaci¨®n, el alcalde de Palma del R¨ªo, Manuel L¨®pez, presionado por las reivindicaciones de los sindicatos CC OO y UGT, trata con Juli¨¢n de Santiago la posibilidad de una actuaci¨®n del IRYDA a fin de reconvertir en regad¨ªo los latifundios existentes en el t¨¦rmino municipal, ya que, si bien su explotaci¨®n es irreprochable como tierra de secano, su rendimiento social resulta m¨ªnimo. Los cultivos de cereales y girasol que ocupan centenares de hect¨¢reas de estas fincas, apenas absorben, seg¨²n aseguran en el pueblo, m¨¢s mano de obra que la del maquinista y el tractorista que siembran y recolectan sin m¨¢s que cambiar de m¨¢quina.

"Una fanega de estas tierras", dice Antonio Camacho, l¨ªder local de UGT, se?alando las amplias extensiones hoy sembradas de cereal, "puede emplear entre 25 y 30 jornales sembrada de remolacha; de algod¨®n, casi el doble, y todav¨ªa se puede obtener una segunda cosecha de sorgo o de soja. Para ello, s¨®lo es necesario el agua". Esto, seg¨²n sus c¨¢lculos, supondr¨ªa que las cuatro fincas que, apenas ocupan a treinta trabajadores estables, podr¨ªan general 132.000 jornales por campa?a en la menos intensiva de las explotaciones de regad¨ªo.

Con esta posibilidad, Juli¨¢n de Santiago, como ingeniero del IRYDA, redacta un informe t¨¦cnico y econ¨®mico que este organismo, a trav¨¦s de su jefatura provincial, eleva al Ministerio de Agricultura, cuyo titular era el pol¨ªtico centrista Jaime Lamo de Espinosa. En este primer informe, junto a las cuatro fincas, presuntamente afectadas figuraba cuando menos otra m¨¢s, la de Saetillas, propiedad entonces del torero Manuel Ben¨ªtez, El Cordob¨¦s, natural de Palma del R¨ªo. Seg¨²n Juli¨¢n de Santiago, el torero, a trav¨¦s de su administrador y cu?ado mostr¨® una favorable disposici¨®n a negociar la venta de su finca con el, Estado. Adquirida por particulares, Saetillas hoy est¨¢ siendo parcelada por iniciativa privada.

Sin embargo, y por razones que nadie parece conocer, el informe qued¨® paralizado en Madrid. Algo ha debido suceder, se dice ahora, -para que se haya puesto en marcha y se produzca el anuncio de la tramitaci¨®n de declaraci¨®n de inter¨¦s social permanente, requisito exigido por la ley como previo y necesario para su expropiaci¨®n.

Juli¨¢n de Santiago, ni como parlamentario socialista, ni como t¨¦cnico, conoce las razones por las que, justo en estos momentos, se ha producido la deshibernizaci¨®n del expediente, ni qui¨¦n ni con qu¨¦ intenciones lo ha lanzado a la opini¨®n p¨²blica. El mismo reconoce que su difusi¨®n se ha llevado a cabo en forma poco ortodoxa y desde luego inadecuada, pero rechaza que exista una intenci¨®n electoral de cara a las municipales Intenciones que otros sectores mantienen y sobre las que Antonio Caraballo, secretario local de CC OO en Palma del R¨ªo muestra fundadas sospechas, "pero, e cualquier caso, nosotros apoyamos estas medidas y su realizaci¨®n".

Lo cierto es que el tema de las expropiaciones cordobesas lleva camino de convertirse en un arma arrojadiza en las pr¨®ximas municipales. Alianza Popular he demostrado un especial inter¨¦s por el caso y lo ha instrumentalizado para ponerlo como ejemplo de lo que ser¨¢ la pol¨ªtica socialista. Manuel Fraga, que se entrevist¨® el pasado viernes con empresarios agr¨ªcolas de la provincia, advirti¨® que esto "era el principio de una cadena de aplicaciones de principios socialistas".

Salvador Dom¨ªnguez, teniente de alcalde de Palma del R¨ªo y diputado socialista, asegura que hay que desdramatizar las cosas Insiste en que se trata de actuaciones anteriores y que su necesidad puede que no se vea en Madrid "pero aqu¨ª, con 1.000 familias en el paro, se ve justa y de un inter¨¦s social que dif¨ªcilmente se podr¨¢ negar sin dogmatismos". Aspecto en el que coincide Antonio Caraballo de CC OO que vuelve a mostrar su temor de que "no sean capaces de llevarlo a la pr¨¢ctica y al final todo se quede en una pura medida electoralista".

Fuentes del PSOE, que aseguran que ha habido "m¨¢s ingenuidad que intencionalidad" en como se ha presentado el caso ante la opini¨®n p¨²blica, mantienen que ello no invalida la necesidad de fondo de llevarlo a la pr¨¢ctica.

Los dirigentes de la Asociaci¨®n Cordobesa de Empresarios Agr¨ªcolas (ACEA), Fernando Castro Gonz¨¢lez de Canales y Silverio Moreda, subrayan, por su parte, que "el tema es confuso y contradictorio". En las quejas empresariales -cuando no lo cit¨¢n expresamente- se adivina el temor de que las expropiaciones de Palma del R¨ªo sean una continuaci¨®n de la pol¨ªtica iniciada con Rumasa, cuya abeja, por cierto, se muestra en varias explotaciones agrarias, a lo largo de los poco m¨¢s de cincuenta kil¨®metros de la carretera que une la capital con Palma del R¨ªo.

Para esta asociaci¨®n empresarial, antes de la actuaci¨®n del Estado sobre nuevas fincas, es prioritaria la conclusi¨®n de las que ya est¨¢n en marcha y de manera destacada las correspondientes a los riegos del Genil-Cabra, a unos 80 kil¨®metros de Palma del R¨ªo, que con un proyecto final de 37.000 hect¨¢reas, a¨²n anda por su primera fase de puesta en riego de 6.000 hect¨¢reas.

"La vega ser¨ªa una huerta"

Y al margen de la lucha ideol¨®gica que se est¨¦ alimentando en torno a una posible expropiaci¨®n, la menor conversaci¨®n con los jornaleros palme?os en los tajos del empleo comunitario, en las tabernas o en los puestos del paseo, trasluce la esperanza de que, por fin, puedan empezar a cambiar las cosas. Antonio Camacho, cazador furtivo por necesidad, est¨¢ seg¨²n ¨¦l, condenado al comunitario desde que "un d¨ªa me sub¨ª a un banco del paseo y en una asamblea llam¨¦ a las cosas por su nombre". Y asegura que la puesta en riego de estas tierras acabar¨ªa con el paro de la zona.

Los trabajadores no discuten si el tr¨¢mite es nuevo o antiguo, o si se trata de una medida electoral o un globo sonda -?"Ojal¨¢ expropiaran en mi pueblo!", dice un jornalero del comunitario de Hornachuelo-, s¨®lo saben que "si estos t¨ªos pensaran con la cabeza toda esta vega ser¨ªa una huerta".

En Palma del R¨ªo, pueblo eminentemente agr¨ªcola, se discute la metodolog¨ªa para llevar a la pr¨¢ctica la explotaci¨®n de las fincas. Y no deja de sorprender la coincidencia en el rechazo un¨¢nime del viejo lema de "la tierra para quien la trabaja". La racional explotaci¨®n que hoy exige la afficultura, la inviabilidad demostrada por la minifundizaci¨®n llevada a cabo por el antiguo Instituto de Colonizaci¨®n, y acaso una sutil cautela de no llegar a enfrentamientos personales con los afectados, llevan a formular un f¨²turo laboreo de las tierras a trav¨¦s de colectivos obreros.

Para CC OO, la titularidad de la tierra debe permanecer en manos del Estado. Y Antonio Camacho, de UGT, considera que la creaci¨®n de cooperativas es el camino m¨¢s aconsejable. Juli¨¢n de Santiago no cree err¨®nea la conservaci¨®n de la tierra por el IRYDA y su entrega en usufructo a cooperativas de trabajadores. Estas cooperativas, seg¨²n su criterio, ser¨ªan de doble naturaleza. Unas de primer grado de producci¨®n e industrializaci¨®n que actuar¨ªan sobre lotes de tierra dimensionados en torno a m¨®dulos de cien hect¨¢reas y otras cooperativas de segundo grado, gestoras de la comercializ aci¨®n, la mecanizaci¨®n y la adquisici¨®n de los herbicidas, abonos y semillas. La explotaci¨®n se optimizar¨ªa en ¨²ltimo t¨¦rmino con un aprovechamiento integral de pastos marginales y de prados artificiales para posibilitar explotaciones ganaderas complementarias.

Los empresarios encuentran hasta dificultades t¨¦cnicas: "Antes de tomar iniciativa alguna, habr¨ªa que asegurar agua a los actuales regad¨ªos". El ingeniero y hoy senador socialista asegura que el estudio prev¨¦ las soluciones. Para las 3.500 hect¨¢reas, es suficiente el aporte de 2.800 litros por segundo, y eso es posible aportarlo con un recrecimiento de la presa de El Jud¨ªo, sobre el r¨ªo Genil, en las inmediaciones de la zona.