?Qu¨¦ Administraci¨®n queremos?

La realidad de hoy es el lastre que nos ha dejado el Estado corporativo de la dictadura franquista, de una Administraci¨®n poco eficaz, con mala imagen ante la opini¨®n p¨²blica y cuyos rasgos m¨¢s destacables son los siguientes:a) Una estructura de cuerpos cerrados que, mediante las juntas de retribuciones y la Comisi¨®n Superior de Personal, supone el control de hecho de las retribuciones de todos lo! funcionarios, as¨ª como del acceso a la Administraci¨®n por una peque?a elite.

b) Como consecuencia de lo anterior nos encontramos, por una parte, con una diversidad de retribuciones dentro de los mismos grupos con iguales ¨ªndices de proporcionalidad seg¨²n la capacidad de precisi¨®n de los mismos y, por otra parte, con la imposibilidad de ascender si no es por la v¨ªa de la oposici¨®n a un cuerpo superior o del enchufismo para conseguir jefaturas.

c) Existencia en cada departamento ministerial de una multitud de organismos aut¨®nomos que en lugar de descentralizar el trabajo son un elemento de mayor burocratiz aci¨®n, de lentitud administrativa, de duplicidad de funciones y adem¨¢s contribuyen a diluir las responsabilidades, como bien se ha visto en el caso de la colza.

Discriminaci¨®n sindical

Adem¨¢s, hay que a?adir una situaci¨®n sindical discriminator¨ªa para los trabajadores de la Administraci¨®n p¨²blica que ha obstaculizado su participaci¨®n en la soluci¨®n de estos problemas.

As¨ª, amplios sectores de la misma (personal civil de la administraci¨®n militar, funcionarios de las Cortes, personal civil que porta armas en el ejercicio de susfunciones) fueron excluidos del derecho de sindicaci¨®n en el decreto del 17 de julio de 1977, y la ley de Acci¨®n Sindical aprobada por las Cortes del a?o siguiente reincidi¨® en esta situaci¨®n, priv¨¢ndoles de los derechos sindicales m¨¢s elementales (elecciones sindicales, derecho de huelga, negociaci¨®n colectiva).

A pesar de un intento de regulaci¨®n de la acci¨®n sindical con la circular n¨²mero 3 de la Presidencia del Gobierno, rebasada por la pr¨¢ctica de estos a?os, la realidad es que, discriminados en el terreno sindical, los trabajadores de la Administraci¨®n p¨²blica no han sido consultados acerca de los sucesivos proyectos de reforma administrativa de UCD, como tampoco lo han sido las centrales sindicales ni los partidos pol¨ªticos. La consecuencia de ello es que han prevalecido los intereses corporativos y estos proyectos se han quedado en agua de borrajas; s¨®lo han cambiado las denominaciones de los conceptos retributivos (el coeficiente por el grado), a la vez que la carrera administrativa, al no articularse f¨®rmulas de paso de un cuerpo a otro de nivel superior, ha pasado de poder ser una posibilidad de promoci¨®n profesional a significar un mero cambio de grado dentro del mismo cuerpo.

S¨®lo con el ANE, despu¨¦s del movimiento reivindicativo del a?o 1980, las centrales sindicales pudieron entrar a negociar las retribuciones de los funcionarios y fueron consultadas acerca de la distribuci¨®n del 1% del incremento sobre la masa salarial previsto en los Presupuestos Generales del Estado del pasado a?o.

La nueva situaci¨®n a partir del 28-O

Es indudable que la ola de esperanza que ha acompa?ado la llegada del PSOE al Gobierno tambi¨¦n se ha hecho sentir en amplios sectores de la funci¨®n p¨²blica, particularmente ilusionados por la esperada reforma administrativa.

En esa perspectiva, el sindicato de Administraci¨®n de Comisiones Obreras present¨®, en diciembre pasado, un programa de medidas urgentes para iniciar el proceso de la reforma de la Administraci¨®n p¨²blica as¨ª como criterios para la negociaci¨®n colect¨ªva de 1983. Ante esta actitud tendente a abordar, de manera global, una problem¨¢tica tremendamente complicada, con muchos aspectos interrelacionados, el Gobierno ha optado por fragmentar la negociaci¨®n.

As¨ª, en una primera fase, y sin tomar en consideraci¨®n otros temas, se abord¨® la cuesti¨®n del horario para, en una segunda ronda de conversaciones, discutir de las retribuciones con un procedimiento m¨¢s que cuestionable: despu¨¦s de varias sesiones donde el Gobierno no hizo oferta alguna, el 23 de febrero el secretario de Estado se descolg¨® con una propuesta a firmar en veinticuatro horas o a dejar, cosa inadmisible en una negociaci¨®n de estas caracter¨ªsticas.

Esta premura en la firma, que ha imposibilitado la participaci¨®n de los funcionarios (incluso de los que est¨¢n afiliados a una central sindical) es la negociaci¨®n, as¨ª como la parcelaci¨®n de los temas a tratar en la negociaci¨®n (horario, retribuciones, transferencias auton¨®micas, estabilidad en el empleo de los contratados administrativos, negociaci¨®n colectiva del personal laboral, plan de creaci¨®n de empleo en la Administraci¨®n, reforma administrativa) han desembocado, en un acuerdo desigual que adolece de graves deficiencias.

As¨ª, mientras que los ense?antes han conseguido un tope m¨¢s alto en esta negociaci¨®n, otros colectivos han salido perjudicados, como en el caso del personal laboral, cuyo poder adquisitivo, aun cumpliendo las previsiones del Gobierno, va a bajar tres puntos este a?o, al no haber contemplado una cl¨¢usula de revisi¨®n salarial. De la misma manera, un elemento positivo como las homologaciones viene contrarrestado por el hecho que el Estado dejara de aportar 15.000 millones de pesetas a MUFACE este a?o. En otro plano, este acuerdo tiene el defecto de cerrar la negociaci¨®n por arriba, que tiende a reforzar el sindicalismo de UGT.

Bien es verdad que, por primera vez, los funcionarios 'han adquirido carta de naturaleza como trabajadores al poder negociar sus condiciones laborales. Se trata ahora de utilizar esta conquista para forzar en un sentido m¨¢s progresista las negociaciones pendientes. En particular es preciso racionalizar los niveles de puesto base, eliminando diferencias dentro de un mismo cuerpo, y utilizar el reparto del 2,5% para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios m¨¢s bajos.

Por ¨²ltimo, conviene tener clara la perspectiva de apertura de la segunda mesa y las reivindicaciones que es preciso llevar a la misma en cuanto a la Administraci¨®n p¨²blica se refiere. Los comunistas valoramos positivamente el anuncio de apertura de esa mesa entre Gobierno, patronal y sindicatos, que entendemos ha de abordarse con un planteamiento socioecon¨®micos audaz y una inequ¨ªvoca componente de pol¨ªtica de solidaridad, as¨ª como garantizar la estabilidad laboral del personal contratado.

Entendemos que en una negociaci¨®n de ese tipo no pueden orillarse problemas como el de la creaci¨®n de puestos de trabajo en la Administraci¨®n y, m¨¢s generalmente, el problema de la reforma administrativa. Es ¨¦sta la ¨²nica manera de abordar con seriedad un acuerdo a tres a?os que tome en consideraci¨®n a los trabajadores de la Administraci¨®n p¨²blica. Sin un proyecto global claro de reforma administrativa, seguir¨ªamos con una pol¨ªtica de parcheo que perjudicar¨ªa los intereses de ¨¦stos e imposibilitar¨ªa mejorar, modernizar nuestra Administraci¨®n, poni¨¦ndola realmente al servicio de los ciudadanos.

La apertura de un debate con el conjunto de los trabajadores de la Administraci¨®n p¨²blica para fijar la posici¨®n a llevar a la segunda mesa ha de ser un objetivo prioritario en estos momentos.

Las facilidades que d¨¦ el Gobierno para el mismo ser¨¢ un indicador de hasta d¨®nde pueda llegar el cambio en la Adm¨ªnistraci¨®n p¨²blica.