La planificaci¨®n econ¨®mica y las autonom¨ªas

Seg¨²n el autor de este texto, es imprescindible, en este momento de la econom¨ªa espa?ola, la introducci¨®n de niveles crecientes de racionalidad en la pol¨ªtica econ¨®mica general. Entre estos grados, considera fundamental su descentralizaci¨®n y el papel de las comunidades aut¨®nomas en la planificaci¨®n.

El escaso crecimiento del producto interior bruto, que desde 1979 ha aumentado en Espa?a a un ritmo medio anual situado en tomo al 1 %, es uno de los rasgos m¨¢s destacados de la presente crisis econ¨®mica. Junto a lo anterior, tambi¨¦n es patente la necesidad de proceder a profundas reformas del aparato productivo, en particular en la industria. Los dos hechos citados implican, pues, la necesidad de actuar con la m¨¢xima racionalidad, tanto en la asignaci¨®n general de unos recursos crecientemente escasos como en la selecci¨®n de los procesos de producci¨®n.El mercado y la planificaci¨®n son dos conceptos amplios que encubren un conjunto de actuaciones de pol¨ªtica econ¨®mica. En los ¨²ltimos a?os, el papel del mercado ha sido defendido con intensidad desde las posiciones liberales. La planificaci¨®n, que fue parte habitual de las pol¨ªticas de estabilizaci¨®n de la demanda de corte keynesiano, perdi¨® actualidad a lo largo de los a?os setenta y ha vuelto a ser reivindicada ¨²ltimamente. Parece evidente que el mercado debe jugar un papel importante en el proceso de asignaci¨®n de recursos, en tanto que lugar de encuentro de la demanda y como mecanismo determinante de una buena parte de los precios de productos y factores productivos. Pero tambi¨¦n resultan patentes sus limitaciones y distorsiones, sobre todo si se emplea como mecanismo ¨²nico en la asignaci¨®n citada: no consigue por s¨ª mismo una actuaci¨®n macroecon¨®mica adecuada, no se dan habitualmente las condiciones bajo las cuales produce sus resultados ¨®ptimos, no incorpora elemento b¨¢sico o de justicia social en su funcionamiento (1).

En la necesaria intervenci¨®n estatal en la econom¨ªa deben estar presentes los mecanismos que garanticen una cierta racionalidad, sobre todo en un tiempo de tan escaso crecimiento econ¨®mico. Esto ¨²ltimo conduce a la elaboraci¨®n de planes econ¨®micos concertados con los agentes sociales y dotados de la suficiente flexibilidad. La clave de una planificaci¨®n afortunada descansa, m¨¢s que en los instrumentos t¨¦cnicos que recoge, en la incorporaci¨®n de pol¨ªticas adecuadas y de una buena administraci¨®n p¨²blica, lo que hace que lo t¨¦cnico deba estar subordinado a lo pol¨ªtico en la redacci¨®n de los planes citados (2).La planificaci¨®n

En la Constituci¨®n espa?ola de 1978 se ha dise?ado un modelo de econom¨ªa mixta, con un grado de intervencionismo estatal dependiente de la voluntad pol¨ªtica de los Gobiernos y de la sociedad que los respalda, en ¨²ltima instancia. Seg¨²n la Constituci¨®n, las actuaciones del Estado tendr¨¢n un car¨¢cter redistributivo, atender¨¢n al fomento econ¨®mico y podr¨¢n recogerse en planes que afecten al conjunto de la econom¨ªa espa?ola. Dicha planificaci¨®n deber¨¢ contar con el asesoramiento y la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas y de los diferentes sectores sociales (art¨ªculo 131 de la Constituci¨®n).Los estatutos de autonom¨ªa aprobados han recogido, como competencia compartida de los Gobiernos auton¨®micos, la de planificar la actividad econ¨®mica regional. El Estatuto de Autonom¨ªa andaluz establece la posibilidad del Gobierno aut¨®nomo de coordinar los Planes Provinciales de Obras y Servicios de las Diputaciones, lo que, unido al car¨¢cter fundamentalmente ejecutivo que en dicho estatuto se establece para ayuntamientos y diputaciones, proporciona al citado Gobierno una seria posibilidad de coordinar las actuaciones econ¨®micas de las corporaciones locales de su ¨¢mbito territorial. El Estatuto de Andaluc¨ªa establece que en la planificaci¨®n econ¨®mica de dicha comunidad deber¨¢n participar las citadas corporaciones locales, lo que implica que tambi¨¦n a nivel regional habr¨¢n de introducirse elementos de territorialidad.La Constituci¨®n y los estatutos establecen la posibilidad de realizar planes econ¨®micos a nivel nacional y auton¨®mico. Parece, pues, esencial que entre ambos tipos de planes se produzca la mayor coordinaci¨®n posible, debiendo redactarse el plan econ¨®mico para el conjunto de la econom¨ªa espa?ola a partir de los datos b¨¢sicos que suponen los objetivos e instrumentos previstos en los planes regionales, que tambi¨¦n deber¨¢n desenvolverse en el marco que establece la pol¨ªtica econ¨®mica nacional.

El actual Gobierno auton¨®mico andaluz concede una importancia destacada a la planificaci¨®n entre sus instrumentos de pol¨ªtica econ¨®mica. El reciente programa electoral del PSOE subray¨® tambi¨¦n la necesidad de coordinar las actuaciones de las diferentes Administraciones p¨²blicas en la programaci¨®n econ¨®mica, y concedi¨® la m¨¢xima importancia al Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI). Dicho fondo, contemplado en la Constituci¨®n y en la LOFCA (Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de Comunidades Aut¨®nomas) e incorporado por vez primera a los Presupuestos Generales de 1982, resulta ser una pieza esencial en la articulaci¨®n de una pol¨ªtica econ¨®mica solidaria entre las diferentes comunidades aut¨®nomas.

El plan econ¨®mico regional deber¨¢ establecer el marco de prioridades del Gobierno auton¨®mico, especificar¨¢ los objetivos a medio y largo plazo del desarrollo regional y, sobre todo, deber¨¢ coordina? las actuaciones de las diferentes Administraciones p¨²blicas. Esto ¨²ltimo tendr¨¢ que realizarse en un doble sentido: desde el Gobierno auton¨®mico al Gobierno central, por una parte; por otra, ayuntamientos y diputaciones deber¨¢n proporcionar los datos primarios mas relevantes, sobre todo en lo relativo a necesidades de inversi¨®n en infraestructura. El Gobierno auton¨®mico deber¨¢ planificar las principales actuaciones econ¨®micas de dichas corporaciones y, sobre todo, deber¨¢ trasladar al Gobierno central las principales prioridades que deber¨¢ atender la pol¨ªtica econ¨®mica general a seguir en cada una de las comunidades aut¨®nomas.

La coordinaci¨®n entre las diferentes Administraciones p¨²blicas en Espa?a puede revestir muchas formas, pero es de destacar la trascendencia que reviste el que en la distribuci¨®n territorial de las inversiones p¨²blicas de financiaci¨®n estatal, sobre todo en las incluidas en el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial, se recojan los proyectos seleccionados por las comunidades aut¨®nomas. En este momento importa a estas ¨²ltimas, tanto o m¨¢s que la cuant¨ªa del FCI, el que las inversiones que el mismo incluye se ejecuten en el per¨ªodo presupuestario previsto y que dichas inversiones respondan a las verdaderas necesidades de la correspondiente comunidad.

Resulta, pues, imprescindible la introducci¨®n de grados crecientes de racionalidad en la pol¨ªtica econ¨®mica general. La descentralizaci¨®n de esta ¨²ltima y el acrecentamiento del papel de las comunidades aut¨®nomas son una parte sustancial de dicho proceso de racionalizaci¨®n, que no pasa necesariamente por el juego ¨²nico y ex clusivo del mercado.1. R. A Musgrave, "National Economic Planning: `Ile U.S. case". American Economic Revew, Proceeding, 1977.

2. W. A. Lewis, Teor¨ªa del desarrollo econ¨®mico. Fondo de Cultura Econ¨®mica. M¨¦xico, 1958.

Julio Rodr¨ªguez L¨®pez es consejero de Econom¨ªa e Industria del Gobierno aut¨®nomo de Andaluc¨ªa.