Fuenlabrada, un pulso continuo con las constructoras

"El ayuntamiento se ha hecho respetar". Esta frase de Manuel de la Rocha, alcalde de Fuenlabrada, tal vez sea demasiado simplista para resumir y valorar en toda su dimensi¨®n la dur¨ªsima batalla librada contra las inmobiliarias y constructoras, que campaban por sus respetos hasta la llegada de la corporaci¨®n democr¨¢tica. En estos cuatro a?os el ayuntamiento ha llevado a cuatro de estas empresas ante los tribunales por desacato a la autoridad, ha presentado una querella por supuesta estafa contra otra firma y ha suspendido m¨¢s de 20.000 licencias de construcci¨®n, am¨¦n de otras actuaciones menores. Al final, el ayuntamiento ha conseguido vestir de domingo a ese monstruo urban¨ªstico que es hoy Fuenlabrada, aunque los resultados se ver¨¢n m¨¢s claramente el pr¨®ximo cuatrienio.

ANDR?S MANZANO, El 28 de octubre, el PSOE consigui¨® en Fuenlabrada el 70% de los votos, y el actual equipo de gobierno municipal espera que el porcentaje suba todav¨ªa m¨¢s el 8 de mayo. "Fuenlabrada es de izquierdas", seg¨²n De la Rocha, "y no puede ser de otra forma". La poblaci¨®n pas¨® entre 1970 y 1979 de 10.000 a 100.000 habitantes, de los cuales un 35% hab¨ªa conocido el desempleo o estaba a¨²n en paro, un 20% padec¨ªa trastornos psiqui¨¢tricos y el 11% de los adultos era analfabeto. Construida a trozos, a conveniencia de los especuladores, la ciudad tiene barrios sin terminar, separados unos de otros por descampados inh¨®spitos llenos de barro, sin accesos, faltos de escuelas, sin una sola guarder¨ªa y con graves problemas de abastecimiento de agua. Pesando sobre todo ello como una losa, la amenazante herencia dejada por la anterior corporaci¨®n: m¨¢s de 60.000 nuevas licencias concedidas, la mayor¨ªa irregularmente, en terrenos calificados de r¨²sticos, sin planes parciales ni obligaciones contra¨ªdas por parte de las constructoras. Y para empezar a cumplir las promesas electorales y solventar los problemas, un raqu¨ªtico presupuesto municipal de 203 millones de pesetas.

Socialistas y comunistas se dieron cuenta de que o el ayuntamiento consegu¨ªa tomar la iniciativa, hacerse respetar, o no hab¨ªa nada que hacer. As¨ª es que la corporaci¨®n despidi¨® al anterior arquitecto municipal, se contrat¨® un nuevo equipo (tres arquitectos, dos aparejadores, un abogado urbanista, administrativos), se ampliaron de 22 a 72 los polic¨ªas municipales que aseguraran con su vigilancia el cumplimiento de las ¨®rdenes municipales, y se abord¨® la diricil tarea de meter en cintura a las constructoras, partiendo de la idea central de que la mano dura es s¨®lo un complemento de la voluntad de colaboraci¨®n. Es decir, facilidades para los promotores que se avinieran a desarrollar un urbanismo racional, integrado, reservando terrenos para los equipamientos colectivos. Y todo el peso de la ley para aquellos otros que se mostraran reacios a perder unas expectativas de beneficios desmesurados conseguidos con artes extraf¨ªas.

70 convenios

Las constructoras esgrimieron sus armas. Se dieron intentos aislados de enfrentar a los compradores de las viviendas paralizadas y a los mismos obreros de las empresas con el ayuntamiento, acusado de insensibilidad hacia las familias afectadas y de fomentar el paro. Se le advirti¨® que si anulaba las licencias tendr¨ªa que hacer frente a las indemnizaciones correspondientes. Hubo, incluso, conversaciones entre las empresas m¨¢s fuertes para crear una especie de frente com¨²n ante las exigencias municipales.

El ayuntamiento supo no perder la iniciativa. De entrada, abri¨® m¨²ltiples expedientes que, de no llegar a acuerdos con los implicados, desembocar¨ªan en la declaraci¨®n de nulidad de las licencias, en base al supuesto de que se concedieron ilegalmente. Se orden¨® la suspensi¨®n de m¨¢s de 20.000 licencias y se advirti¨® claramente que si quer¨ªan seguir edificando, antes tendr¨ªan que terminar la urbanizaci¨®n de lo ya construido. Se denunci¨® ante el juzgado de guardia a cuatro empresas, Pryconsa, Lomas Mariano, Rodrimar y Chasa, por desobedecer los requerimientos de paralizaci¨®n de obras, y, junto con los vecinos de Villa Mercedes, se interpuso querella criminal por supuesta estafa contra el grupo de sociedades formado por Indoamericana, SA, e Indoib¨¦rica, SA.

La confianza de los vecinos se la gan¨® el ayuntamiento al ponerse al frente de una campa?a que logr¨® que la exenci¨®n de derechos reales por la primera compra de las viviendas se extendiera a todos los vecinos de las nuevas urbanizaciones.

Al mismo tiempo, se iniciaron conversaciones con todos los promotores que actuaban en el pueblo. El ayuntamiento ten¨ªa a su favor que muchos de ellos ya hab¨ªan realizado inversiones en sus obras y no era cosa de echarlas por la borda por no plegarse a unas condiciones que, por otra parte, eran de obligado cumplimiento, de acuerdo con la legislaci¨®n urban¨ªstica. As¨ª se consigui¨® que las diversas empresas realizaran obras de urbanizaci¨®n por 626 millones de pesetas, que cedieran 225.000 metros cuadrados para la construcci¨®n de colegios, otros 366.000 para zonas verdes y equipamientos colectivos diversos, y que desde entonces se entregaran los ava les que la ley exige para salvaguar dar hipot¨¦ticos incumplimientos posteriores.

Hasta ahora se han firmado 70 convenios urban¨ªsticos. El ayuntamiento, en palabras de Jos¨¦ Quin tana, actual teniente de alcalde y candidato socialista a la alcald¨ªa en estas elecciones, "ha actuado como un gestor, por cuyas mano pasaban todas las operaciones ur ban¨ªsticas y no sal¨ªan de ellas en tanto no se llegara a un acuerdo beneficioso para todos".

Los convenios se extendieron al casco urbano y la zona residencial central, en la que exist¨ªan dema siados solares, a la espera de la revalorizaci¨®n de su precio. En este caso, el ayuntamiento puso en ,contacto a los propietarios del suelo con los posibles compradores, tas¨® el metro cuadrado entre 600 y 700 pesetas -en 1979 los precios oscilaban entre las 2.000 y las 3.000 pesetas, lo que encarec¨ªa fuertemente, el precio de adquisici¨®n del piso-, e impuso su t¨¢ctica de concentrar la edificaci¨®n en unas zonas y reservar otras para nuevas calles, centros escolares, zonas verdes y otros equipamientos, al tiempo que se rebajaba la densidad de viviendas por hect¨¢rea.

El broche que cierra este conjunto de iniciativas es la aprobaci¨®n del avance del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana -hoy en fase de informaci¨®n al p¨²blico y presentaci¨®n de alegacionesque recoge todos los convenios firmados con las promotoras y legaliza lo ya construido. "Ha sido una pugna tremenda, en la que el ayuntamiento ha tenido que calcular cuidadosamente hasta d¨®nde po d¨ªa apretar. Cuando el plan est¨¦ aprobado", afirma De la Rocha "Fuenlabrada tendr¨¢ un marco de desarrollo coherente dentro de lo posible, teniendo en cuenta la base de partida, y podremos hablar de una ciudad terminada, con los ba rrios conectados unos con otros y con una serie de instalaciones sanitarias, culturales, deportivas, educativas, intercaladas entre ellos".

El triunfo

La corporaci¨®n paladea hoy, al cabo de cuatro a?os, una cierta sensaci¨®n de triunfo. Los integrantes del equipo de gobierno municipal piensan que lo han hecho bien y lo corrobora, siempre seg¨²n sus propias palabras, el que en un reciente estudio editado por la Confederaci¨®n Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) Fuenlabrada figura como la localidad en la que la relaci¨®n entre oferta y demanda, entre las viviendas construidas y las vendidas, se mantiene m¨¢s equilibrado. "El 27% de las viviendas vendidas en el ¨¢rea metropolitana de Madrid lo han sido aqu¨ª. La pol¨ªtica de dureza y colaboraci¨®n seguida por el ayuntamiento ha sido beneficiosa para todos, incluidos los empresarios", concluye el alcalde.

Sin embargo, en un pueblo cuya poblaci¨®n se encuentra empobrecida por el paro, formada por familias j¨®venes entrampadas por la compra del piso y con ni?os peque?os que atender, las situaciones de tensi¨®n pueden surgir en cualquier momento.