La banca, otra vez
EN EL libro de la historia de las crisis bancarias espa?olas, el largo cap¨ªtulo dedicado a Banca Catalana ser¨¢ uno de los m¨¢s desgraciados. Fue dram¨¢tica su gestaci¨®n, a causa de las connotaciones pol¨ªticas que arrastraba. Ha resultado ins¨®lita su duraci¨®n (la lentitud en abordarla y la lentitud en resolverla no tiene precedentes). Constituy¨® una sorpresa la doble actitud de los accionistas y la Administraci¨®n de no exigir las responsabilidades personales que pudieran existir en el esc¨¢ndalo. Y resulta pol¨¦mica la f¨®rmula final. Aunque es preciso reconocer el valor al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez de enfrentar un espinoso asunto, este s¨ª verdaderamente heredado del pasado.En cuanto al retraso en solucionar el problema, no hay precedentes de una crisis tan larga, de un pudrimiento tan morosamente contemplado. Es cierto que, de un a?o a esta parte, en el tratamiento de la crisis no han faltado razones t¨¦cnicas de peso para justificar todos y cada uno de los pasos que se han dado. Pero no es menos cierto que esas razones t¨¦cnicas no se han ido plasmando en decisiones que reflejaran una f¨¦rrea y no ambigua voluntad pol¨ªtica. En un tema en el que jugaban papeles tan fundamentales como el elemento sentimental, la identificaci¨®n de la entidad y su p¨²blico, no s¨®lo ha faltado decisi¨®n para aclarar lo sucedido, sino que tampoco se ha valorado correctamente lo que significaba para un pa¨ªs como Catalu?a -para Catalu?a, no para el partido de Pujol- la existencia de una banca propia que impulsara desde cerca las iniciativas locales.
En la terap¨¦utica aplicada a la crisis han tropezado los Gobiernos centristas y se ha desenvuelto con torpeza el socialista. Y, sobre todo, ha fallado la autoridad monetaria, com¨²n en ambos casos. Hace ahora a?o y medio, los inspectores del Banco de Espa?a descubrieron, en una primera aproximaci¨®n, un importante desequilibrio patrimonial en Banca Catalana: un agujero -que entonces se cifr¨® s¨®lo en unos 30.000 millones de pesetas- fruto de las infelices inversiones inmobiliarias e industriales realizadas en ¨¦poca de crisis y de una gesti¨®n cuando menos ingenua y deficiente. Los rectores del banco trataron de quitar importancia al hecho (en aquel momento se aprestaban incluso a repartir dividendos a los accionistas, como si nada suycediese), a la espera de alg¨²n milagroso remedio. La ausencia de realismo del equipo rector del banco se acompa?¨® por la falta de tacto de su fundador, Jordi Pujol. Si bien es cierto que en el momento de alcanzar la presidencia de la Generalitat, en la primavera de 1980, hac¨ªa ya tiempo que Pujol hab¨ªa abandonado su protagonismo en la gesti¨®n del grupo bancario, no lo hizo de la forma fehaciente necesaria para impedir que, por sus vinculaciones personales, la
Generalitat quedara moralmente da?ada e imposibilitada de ¨¦ontribuir al esclarecimiento y soluci¨®n del asunto. Las lecciones de modernidad y europe¨ªsmo con que a veces el nacionalismo de Converg¨¦ncia trata de ilustrar al resto del pa¨ªs y de las fuerzas pol¨ªticas podr¨ªan haber sido aplicadas por su principal dirigente: los l¨ªderes de los pa¨ªses no bananeros, cuando acceden a cargos de responsabilidad p¨²blica, suelen hacer declaraciones de bienes que aclaran su distanciamiento respecto a todo tipo de actividades financieras.
El tema se complic¨® por las lagunas legales que impidieron que la inspecci¨®n que hizo el Banco de Espa?a en oto?o de 1981, cuando el problema ya era dram¨¢tico, diera unos resultados m¨¢s exactos, lo que hubiera anticipado que la dimensi¨®n del desequilibrio cuatriplicaba lo intuido por los funcionarios. Meses despu¨¦s, convencidos de que el problema se circunscrib¨ªa ¨²nicamente a una treintena de miles de millones, un grupo de notables, representativos de las principales empresas e instituciones financieras catalanas, se dispusieron a allegar recursos y capacidad de gesti¨®n para resolver el asunto sin traumas. Luego se vieron sorprendidos por la magnitud del desastre, y resultaron impotentes para hacer frente al tema, y menos con la convocatoria de las elecciones generales ya encima.
Las opciones sobre las que ahora ha tenido que decidir el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos eran ambas escasamente excitantes. La adjudicaci¨®n a La Caixa supon¨ªa, estrat¨¦gicamente, abrir el camino a la actividad bancaria de las cajas e hipotecar la proyectada reforma del sistema de ahorro que figura en el programa socialista, abandonando la exigencia de la territorialidad de las cajas y su condici¨®n de instrumento independiente para la financiaci¨®n de inversiones en sus ¨¢mbitos auton¨®micos. La otra alternativa, por la que finalmente se ha optado, la adjudicaci¨®n al grupo de bancos privados, tiene el peligro de que en realidad s¨®lo aplace los problemas (resulta muy dif¨ªcil de creer en la administraci¨®n conjunta de una entidad que entrar¨¢ en competencia directa con sus propietarios), prefigura un troceamiento futuro del grupo a pesar de todos los desmentidos y desprecia el gran esfuerzo hecho ya por el erario p¨²blico para el reflotamiento del banco. Por lo dem¨¢s, es un incumplimiento manifiesto de la promesa del partido en el poder, seg¨²n la cual en los casos en que se hubieran destinado ingentes recursos p¨²blicos para reflotar un banco se ejercer¨ªa el derecho de retracto legalmente reconocido al Estado.
La persistente falta de imaginaci¨®n, a lo largo de todo el proceso, ha impedido arbitrar otras posibles soluciones no dogm¨¢ticas (el esquematismo de plantearlo como nacionalizaci¨®n contra privatizaci¨®n, o a la inversa) que aunasen a un tiempo lo p¨²blico y lo privado, lo catal¨¢n y lo espa?ol. Es decir, los intereses del Tesoro y los de los banqueros (puesto que ambos sectores, aunque en diversa medida, han allegado recursos de hasta 200.000 millones de pesetas en este caso); y las ra¨ªces catalanas del grupo (sin las cuales no hay recuperaci¨®n posible), con la evidente realidad de que se han destinado al mismo ingentes cantidades procedentes de todos los rincones de Espa?a.
La noticia de que el Gobierno va a investigar las responsabilidades derivadas del tema es una gran noticia. El presidente de la Generalitat debe pronunciarse respecto a ella. Tambi¨¦n la autoridad monetaria. El Gobierno mismo debe explicar por qu¨¦ ha esperado tanto tiempo para hacerlo. Pero, en cualquier caso, es bueno saber que el fiscal del Estado est¨¢ probablemente dispuesto a admitir la tesis de que un asunto bancario de esta ¨ªndole, donde tienen que ir a parar miles de millones de pesetas de los espa?oles, es tambi¨¦n un esc¨¢ndalo p¨²blico.
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