Las pruebas y los jueces

EL MINISTERIO p¨²blico ha recurrido contra un auto dictado por el juez instructor de la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Nacional para poner en libertad provisional a Pilar Nieva, procesada por presuntas implicaciones con ETA Militar y con el secuestro de Diego de Prado llevado a cabo por esa banda terrorista. Al parecer, el magistrado no ha encontrado pruebas que respalden las graves acusaciones p¨²blicamente formuladas por el Ministerio del Interior contra la inculpada. Los jueces no dejan f¨¢cilmente en libertad a procesados sobre los que recaiga la presunci¨®n de una autor¨ªa directa en cr¨ªmenes terroristas, con independencia de sus responsabilidades penales en otros terrenos. El Gobierno, sin embargo, sigue haciendo suya la reconstrucci¨®n de los hechos elaborada en su d¨ªa por los servicios policiales y, en consecuencia, ha dado ¨®rdenes al fiscal para que interponga el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional.El Gobierno tiene perfecto derecho a dar instrucciones al fiscal para que recurra un auto. Permit¨¢senos se?alar, sin embargo, la preocupante tendencia de los servicios de informaci¨®n o de propaganda del Ministerio del Interior a sustituir a los jueces en su esfera de competencias y a decidir, ante la opini¨®n p¨²blica, sobre la culpabilidad o la inocencia de los ciudadanos detenidos en redadas policiales. En este terreno, la inercia de la Administraci¨®n parece imponerse sobre el principio constitucional de la presunci¨®n de inocencia, consagrado en el art¨ªculo 24 de nuestra norma fundamental. Se dir¨ªa que los avances realizados por el sistema democr¨¢tico respecto al r¨¦gimen autoritario en el ¨¢mbito de la garant¨ªa de las libertades no incluyen en sus conquistas la discreci¨®n y la prudencia de los servicios de prensa ministeriales, cuya ligereza para incriminar p¨²blicamente a los detenidos es ya proverbial -?habr¨¢ que recordar con qu¨¦ desenfado se anunci¨® p¨²blicamente la detenci¨®n de los fascistas responsables de la matanza de Bolonia?-.

El recurso del ministerio fiscal contra el auto que dictaba la libertad provisional de Pilar Nieva lleva inherente la suspensi¨®n de la medida: para quien no lo sepa, conviene decir que el origen legal de esa extra?a situaci¨®n es el art¨ªculo 6? del Decreto-ley de 26 de enero de 1979 sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana. De esta forma, y por segunda vez en tres semanas, el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez echa mano de una norma excepcional promulgada por el Gobierno Su¨¢rez y considerada en su d¨ªa inconstitucional por el Grupo Parlamentario Socialista. Si la orden ministerial con la que Barrionuevo trata de legalizar su fichero feudal de compradores y arrendadores de viviendas se apoya en el art¨ªculo 8? del Decreto-ley de 26 de enero, ahora le toca al turno al art¨ªculo 6? de esa misma disposici¨®n, seg¨²n el cual "no se llevar¨¢ a cabo la excarcelaci¨®n de los presos o detenidos cuya libertad se hubiese acordado, en tanto la resoluci¨®n no fuese firme, cuando el recurrente fuese el ministerio fiscal" y se trate de presuntos delitos cometidos "por persona o personas integradas en grupos o bandas organizados o armados y sus conexos".

En la sesi¨®n de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso que discuti¨® la convalidaci¨®n del decreto-ley, el actual presidente de la C¨¢mara, entonces portavoz del Grupo Socialista, se despach¨® a su gusto. Con toda raz¨®n, protest¨® contra quienes intentasen colocar a los socialistas "en la maniquea situaci¨®n de que estar en contra del decreto-ley es estar en contra de una correcta lucha contra el terrorismo", reflexi¨®n que, hoy como ayer, hacemos plenamente nuestra. A continuaci¨®n, Gregorio Peces

Barba se solidariz¨® con las cr¨ªticas realizadas por el comunista Sol¨¦ Tura contra el articulado del decreto-ley, entre las que figuraba la descalificaci¨®n del art¨ªculo 6? como "aberrante desde el punto de vista jur¨ªdico" y atentatorio contra el principio de independencia del poder judicial. El hoy presidente del Congreso formul¨® expresiones muy duras: "el decreto-ley es anticonstitucional"..., "estamos ante un supuesto evidente de arbitrariedad legal"..., "infringe claramente los l¨ªmites del art¨ªculo 86"..., "ejemplo de libro de una arbitrariedad legal". Su en¨¦rgica exposici¨®n fue rematada por una vehemente frase: "Y quiero recordar que la inconstitucionalidad formal fue el camino en el cual, y a trav¨¦s del cual, Hitler acab¨® con la Rep¨²blica de Weimar". Nos negamos a creer que el se?or Peces-Barba pensara aquello verdaderamente de los gobernantes de UCD y mucho menos que lo piense ahora del inimistro del Interior.

En cualquier caso, es evidente que los socialistas, denostadores en febrero de 1979 de un decreto-ley, ahora lo utilizan con entusiasmo desde el poder. Despu¨¦s de que Felipe Gonz¨¢lez. enarbolara durante su campa?a electoral la causa de las libertades como elemento fundamental de la plataforma socialista, es un mal sue?o contemplar c¨®mo miembros de su Gobierno utilizan a destajo un decreto-ley cuya inconstitucionalidad denunci¨® hace cuatro a?os persona tan moderada como Peces-Barba en nombre del PSOE. La conjetura de que Barrionuevo pueda estar alentando la odiosa pr¨¢ctica policial de juzgar a los detenidos mediante comunicados p¨²blicos incriminatorios, antes de que los jueces los procesen y los tribunales los condenen, se suma a la sensaci¨®n de que los socialistas comienzan a subordinar a la raz¨®n de Estado principios constitucionales y garant¨ªas procesales que defendieron mientras permanec¨ªan en la oposici¨®n. No queremos suponer que la explicaci¨®n a tanto desatino est¨¦ en la irritaci¨®n del Ministerio del Interior al contemplar el parcial desinflamiento, por obra de un juez de la Audiencia Nacional, de un globo que se hubiera artificialmente hinchado para justificar el peinado del Barrio del Pilar, hecho con la ley antiterrorista -y no con la Constituci¨®n- en la mano. Y no se diga que esa jurisdicci¨®n especializada ni ninguna otra pudiera albergar ni el m¨¢s m¨ªnimo vestigio de tibieza o complacencia para los acusados de actividades terroristas. M¨¢s bien es preciso reconocer que la polic¨ªa espa?ola no est¨¢ acostumbrada a trabajar con pruebas.