El cohecho y el corporativismo

DE FORMA casualmente simult¨¢nea, dos jueces en Barcelona y 17 guardias civiles en Pontevedra han sido denunciados por utilizar para su beneficio personal las funciones p¨²blicas que les han sido confiadas por la sociedad. De confirmarse las acusaciones, ambos supuestos entrar¨ªan directamente en el tipo delictivo del cohecho, regulado en el cap¨ªtulo IX del t¨ªtulo VII del C¨®digo Penal, dedicado a los delitos cometidos por los funcionarios p¨²blicos en el ejercicio de su cargo. Pero no acaban aqu¨ª las similitudes. En los dos casos, los presuntos comportamientos delictivos no s¨®lo no han sido tapados por los poderes p¨²blicos en nombre del esp¨ªritu de cuerpo o el principio de autoridad, sino que la indagaci¨®n de los hechos est¨¢ siendo promovida por gentes que visten la toga o el uniforme.El expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial a los titulares de dos juzgados de primera instancia de Barcelona se propon¨ªa investigar pr¨¢cticas de cohecho, al parecer realizada s por los magistrados con la ayuda de un despacho de abogados que se ocupa ba de expedientes de suspensi¨®n de pagos y de quiebra. La decisi¨®n del ministerio p¨²blico de interponer la co rrespondiente querella ha elevado al nivel penal el litigio, que tendr¨¢ que ser resuelto, como consecuencia de las peculiaridades del fuero procesal de la carrera judicial, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los encausados, as¨ª pues, tendr¨¢n sobradas oportunidades para defenderse de los graves cargos formulados, cuya eventual veracidad mostrar¨ªa un alto grado de venalidad y corrupci¨®n. De probarse que la designaci¨®n de interventores, comisarios y depositarios para suspensiones de pagos y quiebras la realizaban los magistrados contra el pago de suculentas comisiones, los inculpados habr¨ªan incurrido en un delito de cohecho, cuya condena implicar¨ªa automl¨¢ticamente la expulsi¨®n de la carrera judicial.

Las investigaciones llevadas a cabo por la comandancia de la Guardia Civil. de Pontevedra apuntan por ahora a esclarecer las connivencias de 17 guardias civiles -n¨²mero que podr¨ªa elevarse hasta casi la treintena- con las partidas de contrabandistas que operan en la frontera entre Espa?a y Portugal. Guardias civiles de los puestos de Cuntis y de Cambados y del subsector de Tr¨¢fico de Pontevedra estar¨ªan implicados en la comercializaci¨®n ilegal de tabaco,mediante su tolerancia activa y remunerada con el acarreo de los alijos. La conclusi¨®n del expediente podr¨ªa dar lugar a un conflicto entre la jurisdicci¨®n ordinaria y la jurisdicci¨®n castrense, ya que resultar¨ªa muy dif¨ªcil no atribuir a los tribunales ord¨ªnarios la competencia de este sumario. En cualquier caso, es altamente elogiable que el teniente coronel jefe de la, Guardia Civil de Pontevedra haya asumido la iniciativa de esclarecer los hechos y no haya vacilado ante la ini agnitud de la red de sost¨¦n que los contrabandistas ten¨ªan dentro de ese instituto armado.

Pero seguramen te el aspecto m¨¢s destacable de esos esc¨¢ndalos independientes, cuyo paralelismo Se reduce a su com¨²n car¨¢cter de cohechos y a la simultaneidad de su aparici¨®n en los medios de comunicaci¨®n, sea la rectitud y firmeza mostradas por los cuerpos del Estado a los que pertenecen los acusados para realizar la indagaci¨®n de los acontecimientos y perseguir a los presuntos culpables. Se dir¨ªa que comienzan a desaparecer del horizonte las abusivas reacciones de solidaridad corporativa que amparan en ocasiones a los miembros individuales de un escalaf¨®n sospechosos de haber incurrido en conductas delictivas. No hace demasiado tiempo pod¨ªa ocurrir incluso que la justificada denuncia de casos de prevar¨ªcaci¨®n o de cohecho, lejos de ser recogida por el ministerio p¨²blico o las autoridades para averiguar su fundamento, diera lugar a un proceso contra el desprevenido ciudadano, acusado del delito de injurias "contra la autoridad p¨²blica, corporaci¨®nes o clases determinadas del Estado" o "contra los Ej¨¦rcitos o instituciones, armas, clases o cuerpos determinados de los mismos" por su honesta decisi¨®n de contribuir a la defensa de la legalidad.

Con ocasi¨®n de algunas acusaciones ciudadanas formuladas contra funcionarios p¨²blicos, en asuntos menos di¨¢fanos en sus contenidos delictivos o cuya aclaraci¨®n ha sido obstaculizada por poderes p¨²blicos, hemos tenido ocasi¨®n de escuchar el argumento de que los cr¨ªticos no pretenden en realidad denunciar conductas individuales, sino desprestigiar a las instituciones a las que ¨¦stos pertenecen. Un ejemplo que puede ilustrar ese ciego reflejo corporativo de cerrar filas y negarse a escuchar razones y a comprobar hechos es la reacci¨®n del Ministerio del Interior frente a las llamadas de atenci¨®n dirigidas al nuevo Gobierno por letrados e intelectuales de probadas convicciones democr¨¢ticas en torno a la persistencia -aunque debilitada- de torturas en departamentos gubernativos. Y al mismo orden de atrabiliaridad gre¨ªnialista pertenecen las tentativas de procesar por injurias a las Fuerzas Armadas a quienes critican las conductas de algunos de sus miembros, o de condenar por desacato a quienes disienten de magistrados o fiscales.

El comportamiento del Consejo General del Poder Judicial y del ministerio fiscal, en el presunto cohecho de Barcelona, y del teniente coronel de la Guardia Civil, a prop¨®sito del supuesto cohecho de Pontevedra, son, en consecuencia, un serio motivo para confiar en la definitiva clausura de esas aberrantes pr¨¢cticas encaminadas a proteger in¨²tilmente, con el honor o la honestidad de toda una instituci¨®n, el deshonor o la corrupci¨®n de algunos de sus miembros.