Una huelga despreciable

LA "HUELGA de examinadores" declarada por profesores no numerarios que prestan sus servicios en una cincuentena de facultades, escuelas t¨¦cnicas y escuelas universitarias -donde reciben ense?anza m¨¢s de 50.000 alumnos- para protestar contra el proyecto de ley de reforma universitaria coincide con el plante de algunos catedr¨¢ticos y agregados de bachillerato en diecisiete provincias, tambi¨¦n dispuestos a hacer pagar a los estudiantes los platos rotos de sus quejas mediante la no firma de las actas de fin de curso. De esta forma, los profesores contratados, agraviados por el futuro car¨¢cter funcionarial de las tareas docentes en la ense?anza superior, convergen, en la misma actitud lesiva para los derechos del alumnado, con aquellos profesores numerarios de la ense?anza media que defienden a ultranza los fueros del escalaf¨®n. El corporativismo, plaga que amenaza con atomizar el cuerpo social en peque?os grupos dedicados a proteger sus intereses gremiales, no conoce fronteras ni respeta profesiones.El proyecto de ley de reforma universitaria no ha comenzado todav¨ªa a ser discutido en las Cortes Generales. La imperativa pretensi¨®n de que cualquier nueva ley, orientada a modificar el statu quo consagrado por la rutina y a sentar sobre bases distintas el funcionamiento de la colectividad, sea negociada con los grupos afectados por su articulado, a fin de que los interesados impongan sus criterios particularistas al Gobierno y a los representantes de la soberan¨ªa popular, ser¨ªa algo as¨ª como la victoria postrera de la democracia org¨¢nica. Por supuesto, el poder ejecutivo y las Cortes deben recabar de la sociedad la mayor informaci¨®n posible en torno a las reformas proyectadas y tienen la obligaci¨®n pol¨ªtica de explicar el contenido y las razones de las nuevas normas a los sectores implicados por su promulgaci¨®n. Ahora bien, el Congreso y el Senado, que encaman a la soberan¨ªa popular y representan a los intereses generales de la naci¨®n, perder¨ªan su condici¨®n de poder legislativo si se convirtiesen en meras c¨¢maras de registro de lo ya existente y se limitasen a dar formalmente su visto bueno a las exigencias de los grupos de presi¨®n.

Ninguna ley puede satisfacer, por principio, a todos los ciudadanos. La democracia representativa cumple precisamente la tarea de articular, dentro del marco inviolable de la Constituci¨®n, el sistema de adopci¨®n de decisiones que garantice el predominio de los intereses mayoritarios sobre los minoritarios. La maliciosa confusi¨®n entre los derechos b¨¢sicos de las minor¨ªas, protegidos por nuestra norma fundamental, y los intereses de los grupos sociales minoritarios, cuya subordinaci¨®n a las decisiones de la mayor¨ªa democr¨¢tica es la regla de oro del r¨¦gimen representativo, no resiste el m¨¢s somero an¨¢lisis. La suposici¨®n de que el Gobierno y la mayor¨ªa parlamentaria deber¨ªan pactar con los m¨¦dicos la reforma de la sanidad, con los catedr¨¢ticos y profesores la reforma de la ense?anza, con los militares las leyes de defensa y con los magistrados las normas que afecten a la administraci¨®n de justicia, se desenvuelven el marco te¨®rico del corporativismo, que tan excelentes servicios prest¨® al fascismo italiano. La pretensi¨®n a?adida de que en la redacci¨®n de un proyecto legal s¨®lo -o primordialmente- deber¨ªan ser satisfechas las exigencias de los cuerpos afectados resulta inadmisible. Porque son los intereses de todos los ciudadanos -sean enfermos, estudiantes o necesitados de que se atienda su derecho y su seguridad- los que el Parlamento tiene que representar y proteger. No se compran aviones para satisfacer los sue?os de unos cuantos jefes militares, pero tampoco se dotan c¨¢tedras o se rubrican contratos para resolver los problemas de los cuerpos docentes. Es el inter¨¦s del conjunto de los espa?oles lo que debe estar detr¨¢s de cada una de estas decisiones. Y que esto haya que record¨¢rselo a quienes se denominan a s¨ª mismos profesores resulta humillante para los que reivindican ante la sociedad la condici¨®n de tales.

El proyecto de ley de reforma universitaria, cuyas grandes l¨ªneas parecen propiciar una salida adecuada a la degeneraci¨®n y anquilosamiento de nuestra ense?anza superior, ser¨¢ susceptible de mejoras y correcciones en los debates del Congreso y Senado. La discusi¨®n a extramuros del Parlamento puede contribuir a la eficacia de ese debate dentro de las C¨¢maras. Ahora bien, las tentativas de un sector del profesorado no numerario de imponer sus criterios a trav¨¦s de presiones tan inaceptables como una huelga de ex¨¢menes, es decir, de examinadores, proceden de la incomprensi¨®n (o del rechazo) de los mecanismos de la democracia representativa y del prop¨®sito de proteger intereses corporativistas sin reparar en medios. La Universidad no es patrimonio de los profesores numerarios, pero tampoco pertenece a los profesores no numerarios. Ni siquiera los estudiantes, cuyo acceso a la ense?anza superior se halla en gran medida condicionado por el nivel de renta de sus familias, pueden aducir t¨ªtulos de propiedad sobre una instituci¨®n cuyo ¨²nico due?o es la sociedad espa?ola, que la paga con sus impuestos y que tiene derecho a exigir, tanto a los profesores como a los alumnos, una buena utilizaci¨®n de los recursos -asignados a su mantenimiento.

La huelga de ex¨¢menes es contradictoria con la naturaleza jur¨ªdica de la vinculaci¨®n de los profesores no numerarios con la Universidad, no respeta el mantenimiento de los m¨ªnimos exigibles en cualquier servicio p¨²blico y ni siquiera repercute -como les sucede a los trabajadores del sector privado- en una merma de haberes de los huelguistas proporcionan a los d¨ªas no trabajados. Huelgas tan c¨®modas y tan carentes de costos para quienes las declaran, y tan perjudiciales para quienes las sufren (que adem¨¢s no son responsables de los hechos por los que se protesta ni tienen a su alcance los medios para solucionarlos), merecen el desprecio de la sociedad. Tal vez por temor a la airada reacci¨®n de los alumnos, los profesores huelguistas se mueven en el dilema de no celebrar las convocatorias, lo que har¨ªa perder el curso a los estudiantes, o de regalar a los matriculados un aprobado general, en un demag¨®gico intento de ganar para su causa a aquellos sectores de la poblaci¨®n estudiantil que est¨¦n ¨²nicamente interesados por los resultados de las papeletas. Cualquiera que fuese la f¨®rmula finalmente adoptada, los huelguistas, al aplicarla, dar¨ªan la raz¨®n a quienes propugnan la urgente necesidad de una reforma orientada a instalar la responsabilidad, la seriedad y el cumplimiento del deber en unos cuerpos, docentes abrasados por el descr¨¦dito.