La Delegaci¨®n de Obras P¨²blicas comprueba que 26 pisos de construcci¨®n oficial fueron vendidos ilegalmente

Santiago de la Fuente, delegado provincial del Ministerio de Obras P¨²blica y Urbanismo en Madrid, organismo que est¨¢ investigando en profundidad todos los aspectos relacionados con el mercado negro de viviendas oficiales, ha declarado que se han obtenido ya los primeros resultados concretos: est¨¢n comprobadas 26 compraventas ilegales y constatados 45 casos de viviendas no ocupadas y tres de doble adjudicaci¨®n. La delegaci¨®n ha abierto los correspondientes expedientes sancionadores.

Por su parte, la asociaci¨®n de vecinos de Reyes Cat¨®licos -una colonia de Alcal¨¢ de Henares construida por el antiguo Ministerio de la Vivienda-, que hace meses sac¨® a la luz p¨²blica la extendida pr¨¢ctica fraudulenta de compraventa de viviendas oficiales, ha denunciado ahora el hecho de que los compradores pudieran conseguir las correspondientes c¨¦dulas de habitabilidad firmadas por anteriores delegados provinciales.La asociaci¨®n de vecinos de Reyes Cat¨®licos fue la primera en tirar de la manta de una pr¨¢ctica habitual en Madrid, conocida por todo el mundo, pero a la que nadie se atrevi¨® a poner remedio: la compraventa de vivienda! construidas por los organismos oficiales. Viviendas que, obviamente, eran adjudicadas a personas que no las necesitaban y que especulaban con ellas, vendi¨¦ndolas a familias necesitadas -tampoco en todos los casos- por precios que pod¨ªan oscilar mucho, pero que han llegado a superar el mill¨®n de pesetas, precio l¨®gicamente superior al fijado inicialmente en la primera venta.

Las pesquisas de los miembros de la asociaci¨®n permitieron conocer que la principal marchante de la compraventa de viviendas era, presuntamente, una viuda domiciliada en San Blas, Dolores Romero, que cobraba comisiones sustanciosas por poner en contacto a vendedores y compradores, comisiones nunca inferiores a las 100.000 pesetas y que pod¨ªan llegar a las 300.000. Dolores Romero alega que lo ¨²nico que hace es presentar a una persona que busca piso y a otra que quiere venderlo. "Intento ayudar a la gente, y si alguien me da 2.000 pesetas de propina, las cojo", explic¨®.

Para tranquilizar la inquietud de los compradores, conscientes de que lo que estaban haciendo era ilegal -las viviendas oficiales no pueden ser vendidas, alquiladas ni ocupadas por otras personas que no sean los adjudicatarios-, Dolores Romero les aseguraba, al parecer, que no pod¨ªa pasar nada porque ten¨ªa mano en el ministerio, afirmaciones avaladas por el hecho cierto de que hasta hace poco nadie se hab¨ªa molestado en controlar ese mercado negro, del que a¨²n s¨®lo se conoce la punta del iceberg. Asimismo, comprador y vendedor firmaban un contraro de cesi¨®n en presencia de notario, contrato que no tiene ning¨²n valor legal, pero que serv¨ªa tambi¨¦n para tranquilizar los ¨¢nimos de los compradores.

Santiago de la Fuente, delegado provincial de Obras P¨²blicas, anunci¨® ya (v¨¦ase EL PA?S del pasado 21 de marzo) que su departamento era consciente de la gravedad de los hechos, por cuanto suponen, por un lado, defraudar las esperanzas de las familias realmente necesitadas de disfrutar de una vivienda digna y, por otro, una verdadera estafa al Estado por parte de los particulares que especulan con bienes construidos con fondos p¨²blicos. De la Fuente asegur¨® que s¨®lo se legalizar¨ªa la situaci¨®n de aquellos compradores que pudieran, demostrar, al margen del medio utilizado para conseguir la vivienda, que la necesitaban de verdad.

Desde entonces, varias decenas de vecinos de Reyes Cat¨®licos, que hab¨ªan conseguido sus pisos compr¨¢ndoselos a los beneficiarios, se pusieron en contacto con la asociaci¨®n. De entre ellos, hay que destacar que en nueve casos los compradores hab¨ªan conseguido la c¨¦dula de habitabilidad extendida al nombre de la persona en cuesti¨®n, a la que concept¨²a como propietario, y que iban firmadas por el jefe de secci¨®n y el delegado provincial y con el sello ministerial. La pregunta surge inmediatamente: ?qu¨¦ tipo de control sobre las viviendas se ejerce en el ministerio cuando se extienden c¨¦dulas de habitabilidad a personas que no figuran en las listas de adjudicatarios?

Controles casi nulos

Santiago de la Fuente reconoci¨® que los controles ministeriales han sido hasta hace muy poco tiempo casi nulos, lo que resulta agravado por el hecho de que todav¨ªa no existe una relaci¨®n ¨²nica y centralizada de las viviendas que forman el patrimonio ministerial. De la Fuente a?adi¨® que, en todo caso, la c¨¦dula no confiere derecho de titularidad, puesto que es un documento que se limita a certificar que la vivienda en cuesti¨®n es habitable.Otros datos comprobados por la asociaci¨®n de vecinos y corroborados inicialmente por la delegaci¨®n es que una buena parte -hasta que no se haya recogido m¨¢s informaci¨®n no se pueden hacer afirmaciones tajantes- de los contratos de cesiones de pisos se firman en una notar¨ªa madrile?a de la calle de Serrano, cuando en la misma ciudad de Alcal¨¢ existen tres notar¨ªas. Muchos de esos mismos contratos se prepar an para su firma en un bufete concreto de abogados. Fuentes de la asociaci¨®n declararon que "aunque tal vez no se pueda hablar de una verdadera organizaci¨®n dedicada a la compraventa de pisos oficiales, es evidente que hay demasiada gente que tiene la manga ancha". De la Fuente precis¨® que est¨¢ en estudio la posibilidad de enviar un escrito al Colegio de Notarios en el que se pida a sus asociados un mayor rigor legal a la hora de actuar como testigos en operaciones sobre las que haya dudas legales.

El delegado provincial asegur¨®, preguntado sobre estas cuestiones, que ya ha sido comprobada, y abierto el correspondiente expediente sancionador, la existencia de 26 compraventas de viviendas en los barrios de la Meseta de Orcasitas, Arroyo Fontarr¨®n y Marquesa de Amboage. En dos de ellas, la persona intermediaria fue la misma Dolores Romero, que monopoliza, por otro lado, el negocio en Alcal¨¢. Funcionarios de la delegaci¨®n se han entrevistado ya con todos los compradores para determinar sus caracter¨ªsticas y su grado de necesidad. Al mismo tiempo, se est¨¢ intentando localizar a los vendedores, sobre los que puede caer una sanci¨®n de hasta un mill¨®n de pesetas. Dado que de ninguno de ellos se conoce su domicilio actual, el Bolet¨ªn Oficial de la Provincia publicar¨¢ esta misma semana sendos edictos solicitando que se presenten ante las autoridades ministeriales.

En cualquier caso, De la Fuente se quej¨® de la complejidad de los tr¨¢mites que hay que cumplimentar para conseguir que una vivienda que haya sido objeto de irregularidades revierta al ministerio para una nueva adjudicaci¨®n. En el caso de aquellos compradores que no puedan demostrar la necesidad del acceso a la vivienda -en muchos casos se adquirieron preventivamente, para cuando un hijo se casara o por motivos similares, dif¨ªcilmente suficientes como justificaci¨®n-, ¨¦stas ser¨¢n entregadas a familias m¨¢s adecuadas.

Viviendas no ocupadas

Se han detectado tambi¨¦n 45 casos de viviendas que a¨²n no han sido ocupadas por sus adjudicatarios, lo que implica que fueron beneficiarios de un bien que no les era preciso, al menos con urgencia. La actuaci¨®n aqu¨ª es m¨¢s f¨¢cil, aunque tambi¨¦n complicada, puesto que el hecho de no ocupar un piso en un plazo indicado es motivo suficiente para que revierta al ministerio. Algunos de los expedientes abiertos por este motivo ya est¨¢n terminados, y se espera que seis de las viviendas sean recuperadas en el plazo de dos semanas. Aun as¨ª, la delegaci¨®n provincial est¨¢ preparando un informe, que habr¨¢ que someter a la consideraci¨®n de la secretar¨ªa general t¨¦cnica del ministerio, para modificar la ley de Viviendas de Protecci¨®n Oficial de forma que la recuperaci¨®n sea inmediata y autom¨¢tica pasado un mes desde la adjudicaci¨®n y no ocupaci¨®n.Por ¨²ltimo, la delegaci¨®n ha descubierto tres casos en que a las mismas personas se les adjudicaron dos viviendas diferentes. Tambi¨¦n en este caso la recuperaci¨®n de al menos una de las dos es m¨¢s f¨¢cil.