A qui¨¦n beneficia la nacionalizacion de la red de alta

EN EL programa del partido socialista se anunciaba una pol¨ªtica industrial dentro de las exigencias de la econom¨ªa de mercado y en la que el sector p¨²blico fuese uninstrumento de apoyo a sectores en crisis y un instigador de sectores con futuro. El recurso a las nacionalizaciones era la excepci¨®n, y como tal figuraba la "constituci¨®n de una empresa con mayor¨ªa de capital p¨²blico para explotar el monopolio nacional de la red primaria de transporte de energ¨ªa el¨¦ctrica". La nacionalizaci¨®n de la red de alta tensi¨®n cumple as¨ª con el enunciado de ese programa. Y es, de hecho, la ¨²nica nacionalizaci¨®n de sentido socialista emprendida por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, pues el caso Rumasa resulta del todo coyuntural y fuera de programa.

La red est¨¢ formada por las l¨ªneas de transporte de electricidad, a 400 y 220 kilovoltios de tensi¨®n, que unen los centros de producci¨®n de las siete grandes compa?¨ªas el¨¦ctricas con los puntos de consumo. La energ¨ªa hidroel¨¦ctrica del Noroeste, la electricidad procedente del carb¨®n de Teruel, la del fuel localizado en el litoral y la de las centrales nucleares se transporta por estas l¨ªneas a los centros de mayor consumo del Pa¨ªs Vasco, Catalu?a y Madrid.

La red de alta garantiza la seguridad de suministro para todo el sistema el¨¦ctrico. Las grandes l¨ªneas de conducci¨®n el¨¦ctrica est¨¢n interconectadas a trav¨¦s de la red, lo que permite hacer m¨ªnima la reserva de potencia del sistema; pero esta estructura de distribuci¨®n eficaz confiere un aut¨¦ntico monopolio a las productoras. Sectores como el sider¨²rgico se han quejado de la indiferencia de los el¨¦ctricos a la hora de negociar unas tarifas competitivas con las europeas. El fuerte grado de monopolio en la distribuci¨®n de energ¨ªa ha contribuido a esta rigidez, sin que los usuarios hicieran uso del servicio de defensa de la competencia, por la conocida desconfianza en el funcionamiento del aparato institucional espa?ol.

Despu¨¦s de la decisi¨®n nacionalizadora, la empresa Asel¨¦ctrica, gestora de la red de alta tensi¨®n, tendr¨¢ al Estado como socio mayoritario. El proceso de nacionalizaci¨®n se ha desarrollado a trav¨¦s de un acuerdo elaborado por el Ministerio de Industria. Gobierno y compa?¨ªas han conseguido algo sustancioso en este acuerdo. El Gobierno ha logrado tomar la iniciativa sobre un poderoso sector econ¨®mico. Las compa?¨ªas se han asegurado la promesa de unas tarifas que remuneren los capitales de los accionistas y saneen financieramente sus pasivos, incluida la costosa carga de su deuda exterior. (Al finalizar el pasado ejercicio, la deuda del sector ascend¨ªa a 2,3 billones de pesetas, de los que un bill¨®n estaba denominado en divisas, mayormente en d¨®lares.)

Esta importante operaci¨®n tiene unos costes y un riesgo. El Estado asume la explotaci¨®n del sistema el¨¦ctrico, mientras a las compa?¨ªas se les ofrecen m¨¢s seguridades respecto a la rentabilidad de sus inversiones. El coste de la operaci¨®n corre, en principio, a cargo de los abonados, quienes ver¨¢n incrementados sus recibos de luz. No se tiene noticia de ninguna reacci¨®n en contra, ni siquiera de la Organizaci¨®n de Consumidores, tan cr¨ªtica y activa con los Gobiernos anteriores. Sin embargo, la depreciaci¨®n de la peseta y la situaci¨®n financiera de las empresas impone un coste a la poblaci¨®n consumidora, que diricilmente podr¨¢ mantener el nivel de vida de ¨¦pocas recientes. Como modesta contrapartida, los consumidores no han obtenido nada, ni siquiera un recibo inteligible ni un m¨ªnimo de atenci¨®n a la hora de contratar la energ¨ªa. La nacionalizaci¨®n de la red de alta era una necesidad para organizar y modernizar el sistema energ¨¦tico espa?ol. Por eso resulta lamentable que la oportunidad se pierda para que el ciudadano encuentre una respuesta positiva a sus quejas por parte de la nueva Administraci¨®n socialista.