La Seguridad Social espera que se acojan a la moratoria casi 300.000 millones de pesetas en deudas acumuladas

El aplazamiento y fraccionamiento de deudas a la Seguridad Social servir¨¢ para regularizar cerca de 300.000 millones de pesetas, sobre una cifra hist¨®rica de morosos pr¨®xima a 800.000 millones, seg¨²n estimaciones oficiales. Algo m¨¢s de la tercera parte -unos 100.000 millones- proceder¨¢ del sector p¨²blico, al que el Gobierno ha dado Instrucciones de que todas las empresas y organismos se acojan a esta posibilidad de pagar a partir del pr¨®ximo a?o y en un plazo de hasta 36 meses, con s¨®lo el 8% de inter¨¦s. Para los d¨¦bitos restantes -otro medio bill¨®n de pesetas- hay previsto un seguimiento m¨¢s ¨¢gil y duro. Pero oficiosamente se habla de la imposibilidad de recuperar al menos 300.000 millones, por corresponder a empresas desaparecidas o insolventes desde hace tiempo.

Las cifras sobre solicitudes registradas hasta finales de mayo -3.348 empresas, con una deuda total de 27.000 millones- son algo inferiores a las esperadas inicialmente por altos cargos de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, tras considerar que puede haber tenido alg¨²n efecto el anuncio de la ampliaci¨®n de plazo desde finales de mayo a finales de junio, han ratificado sus estimaciones iniciales. Otro elemento de confianza ha sido el apoyo social recibido.Seg¨²n fuentes de la Seguridad Social, los sindicatos mayoritarios y la patronal CEOE han respondido favorablemente a la operaci¨®n, recomendando a las empresas que la secunden. Despu¨¦s de unas reservas iniciales, la c¨²pula empresarial ha aconsejado a todas sus organizaciones provinciales que las empresas afiliadas se acojan.

La ampliaci¨®n del tiempo de solicitud ha sido razonada, precisamente, en la necesidad de que todas las empresas, y en especial las peque?as y medianas, hayan podido informarse sobre las ventajas e inconvenientes de la medida. Ahora, una vez que se extinga con este mes el plazo definitivo, la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social dispondr¨¢ durante todo julio para se?alar posibles defectos o denegar el acceso a los beneficios del aplazamiento y fraccionamiento.

Los responsables de la Seguridad Social, seg¨²n fuentes informadas, piensan aplicar amplitud de criterios para otorgar tales beneficios a las empresas que cumplan los requisitos del decreto, que apareci¨® el pasado 30 de marzo en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Todas aquellas sociedades que no hayan recibido notificaci¨®n en contrario antes de que termine julio gozar¨¢n de los beneficios, salvo que no cumplan con el requisito de pagar las cuotas ordinarias devengadas desde principios de 1983 o si la compa?¨ªa deja de cumplir cualquiera de los plazos fijados para la deuda.

Sector p¨²blico

Para el sector p¨²blico se han dado instrucciones en el sentido de que ninguna empresa u organismo deje de ponerse al corriente. Sin contar a las corporaciones locales, que disfrutan de autonom¨ªa respecto a las directrices impartidas, el conjunto de dicho sector absorbe un 14% de las deudas totales.

Algo m¨¢s de la mitad del total, en concreto un 8% sobre los impagados hist¨®ricos a la Seguridad Social, corresponde a las sociedades del Instituto Nacional de Industria, que adeudan entre 60.000 y 65.000 millones de pesetas.

Otro de los grandes deudores actualmente en el sector p¨²blico es el grupo de empresas de Rumasa. En principio se estima que las sociedades del holding de la abeja tendr¨¢n que pagar m¨¢s de 11.000 millones de pesetas por atrasos. Pese a la instrucci¨®n general, ya prestaron en las ¨²ltimas semanas los avales bancarios necesarios para formalizar la solicitud.

Con todo, a los 100.000 millones que se estima supondr¨¢ la regularizaci¨®n de deudas del sector p¨²blico se suma casi otro tanto de empresas privadas, para las que se han manejado estimaciones de nuevas solicitudes de aplazamiento que van desde los 50.000 a los 100.000 millones, inclin¨¢ndose m¨¢s por la segunda cifra. Pero hay otra partida, cercana tambi¨¦n a los 100.000 millones, de operaciones de moratoria realizadas en los ¨²ltimos a?os. El decreto prev¨¦ que ¨¦stas pueden incorporarse a la actual. Lo hagan o no las empresas, esa masa de 100.000 millones quedar¨¢ incorporada a la regularizada dentro de los 800.000 totales, pues seguir¨¢n vigentes las moratorias pactadas en su d¨ªa.

Para los 200.000 millones de pesetas que la Administraci¨®n considera recuperables, una vez descontados 300.000 millones correspondientes a empresas que entraron en situaci¨®n de insolvencia hace a?os, las condiciones de recuperaci¨®n han sido endurecidas o lo ser¨¢n todav¨ªa m¨¢s en los pr¨®ximos meses.

Mayor agilidad en los ejecutivos

Gracias a un reciente acuerdo entre la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social y la Direcci¨®n General del Tesoro, los ¨®rganos de recaudaci¨®n del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda se encargar¨¢n del cobro en v¨ªa ejecutiva de las deudas contra¨ªdas por las empresas con la Seguridad Social. La agilizaci¨®n de cobros por esta v¨ªa permitir¨¢ llegar al embargo en un plazo de un a?o, frente al de cinco habitualmente alcanzado hasta ahora. Asimismo, la informatizaci¨®n de la red permitir¨¢ enviar los requerimientos previos en un mes, cuando antes a veces tardaban a?os.

No obstante, las magistraturas de Trabajo seguir¨¢n tambi¨¦n ocup¨¢ndose de los ejecutivos, con facultad para llegar a su vez a acuerdos sobre aplazamientos que eviten el embargo. Por todas estas medidas, fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han indicado que las recaudaciones mantendr¨¢n durante el presente a?o una evoluci¨®n excelente. De los 20.000 millones de pesetas que se espera conseguir por mejora de gesti¨®n, la mayor parte proceder¨¢ de la puesta al d¨ªa obligada por el aplazamiento y de la mayor celeridad en los cobros ejecutivos.