"La notificaci¨®n de la detenci¨®n al Colegio de Abogados debe ser inmediata", seg¨²n Pedrol
"No advertimos raz¨®n alguna para que, en el caso de los detenidos no incomunicados, no se notifique inmediatamente al Colegio de Abogados el hecho de la detenci¨®n". Esto manifest¨® el presidente de los abogados espa?oles, Antonio Pedrol, en relaci¨®n con la regulaci¨®n de la asistencia letrada al detenido aprobada el pasado jueves por la Comisi¨®n Constitucional del Congreso. Por su parte, el presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH), Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, consider¨® negativo que esta ley no acabe con la incomunicaci¨®n, "que favorece la tortura".
Entre las reacciones suscitadas en sectores jur¨ªdicos y promotores de los derechos humanos por el texto aprobado por la citada comisi¨®n (ver EL PAIS de 1 de julio), es de destacar la de? presidente del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol, quien aunque hizo una valoraci¨®n global positiva de la nueva regulaci¨®n, no ocult¨® a este peri¨®dico sus cr¨ªticas sobre algunos extremos.Pedrol resalt¨® los aspectos "fundamentalmente positivos" del proyecto, "que da satisfacci¨®n a las reivindicaciones constantemente expresadas por la abogac¨ªa sobre la irrenunciabilidad y la participaci¨®n activa del abogado en las diligencias policiales y sumariales". Estim¨® especialmente valioso que se ponga fin al "inexplicable volumen de renuncias a la asistencia letrada, que alcanzan en algunas comisar¨ªas al 50% de los detenidos y suele no bajar del 20%". Con la nueva normativa, "s¨®lo ser¨¢ posible la renuncia en los casos de infracciones de tr¨¢fico, que carecen de inter¨¦s", a?adi¨®.
"Falta de imaginaci¨®n" de los diputados
Antonio Pedrol reconoci¨® como "un avance" que los detenidos incomunicados puedan contar con la asistencia de abogado, "aunque sea de of?cio". Sin embargo, record¨® que el Consejo General de la Abogac¨ªa se ha manifestado repetidamente -no ahora, con ocasi¨®n de la elaboraci¨®n de esta ley, sino desde mucho antes- por la libertad plena de todo detenido a la elecci¨®n de abogado, "por lo que yo me pronuncio", dijo, "absolutamente en favor de la designaci¨®n libre de letrado". En cuanto a la supresi¨®n de la exigencia de que la detenci¨®n se comunique "de inmediato" al Colegio de Abogados, Pedrol manifest¨® que se produce un retroceso respecto a la pr¨¢ctica actual, en que se comunica inmediatamente al colegio el hecho de la detenci¨®n, aunque sea m¨¢s tarde cuando se avise para que acuda el abogado a prestar su asistencia.Juristas expertos que no quisieron revelar su identidad, para evitar, seg¨²n dijeron, la susceptibilidad de los parlamentarios, denunciaron a este peri¨®dico la "falta de imaginaci¨®n" de los diputados que, deseando, a tenor de sus afirmaciones en la comisi¨®n, evitar la inmediatez de la asistencia letrada para los detenidos incomunicados, la suprimieron para toda clase de detenidos. Como f¨®rmula posible aventuraron la de que se mantuviera la regla general de la inmediatez, y que en el art¨ªculo que se refiere a los incomunicados se introdujera una f¨®rmula tal como que la notificaci¨®n al Colegio de Abogados para que designe abogado de oficio se realizar¨¢ "cuando lo permitan las diligencias".
Desde una perspectiva m¨¢s exigente, el presidente de la APDH, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, consider¨® que la clave de los derechos del detenido es que no se produzcan torturas, por lo que "resulta negativo que la nueva ley no acabe con la f¨®rmula de la incomunicaci¨®n". Sobre la posici¨®n del PSOE en este tema, Mohedano manifest¨® que "no se puede subordinar la moral al utilitarismo". Para Mohedano, lo decisivo es que no exista incomunicaci¨®n y para ello cualquier f¨®rmula es buena: "asistencia letrada, presencia del m¨¦dico, de la familia o de quien sea".
En esta misma l¨ªnea, contra la incomunicaci¨®n de los detenidos, se manifestaron recientemente en Ginebra juristas de varios pa¨ªses, con ocasi¨®n de un seminario organizado por las Naciones Unidas sobre la aplicaci¨®n de la regulaci¨®n internacional de los derechos humanos al derecho interno, en el que particip¨® una delegaci¨®n del Ministerio de Justicia espa?ol.
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