El sector p¨²blico ha solicitado aplazamiento a la Seguridad Social por importe de mas de 60.000 millones de pesetas

El sector p¨²blico incluidas las empresas de Rumasa ha pedido aplazamiento en el pago de las deudas a la Seguridad Social por un importe de 60.000 millones de pesetas, lo que supone m¨¢s de la mitad del volumen total de la moratoria solicitada, seg¨²n manifest¨® ayer Joaqu¨ªn Almunia, ministro de Trabajo, en el transcurso de una conferencia de prensa. A partir de septiembre ser¨¢n los recaudadores de Hacienda los encargados de hacer efectivos los cobros, y no las magistraturas de Trabajo, como ven¨ªan. haci¨¦ndolo hasta ahora.Hasta el pasado 30 de junio el n¨²mero de empresas que le hab¨ªan acogido al real decreto sobre pago aplazado a la Seguridad Social por impago de cuotas era de 13.641. Y el monto total de la deuda alcanzaba los 109.170 millones de pesetas. De esta cantidad, s¨®lo el sector p¨²blico ha pedido aplazamientos por importe de 60.300 millones de pesetas, incluyendo las empresas de Rumasa, que por s¨ª solas han solicitado moratoria por un total de 13.000 millones de pesetas.

Las empresas p¨²blicas, inscritas o no en el Instituto Nacional de Industria (INI), han solicitado aplazamientos por valor de 32.000 millones de pesetas (30.000 millones son s¨®lo del INI). Otros 13.200 millones corresponden a empresas municipalizadas y 1.900 millones de pesetas es la cantidad adeudada por organismos aut¨®nomos. Renfe adeuda 2.200 millones; Seat, 7.200 millones, y Hunosa, 4.000 millones. Astilleros alcanza la cifra de 18.000 millones.

Por provincias, Madrid y Barcelona son las que mayor volumen de aplazamientos tienen solicitado, con 44.756 millones de pesetas y 31.709 millones, respectivamente. Oviedo, a considerable distancia -5.183 millones-, sigue a estas dos provincias.

El real decreto sobre moratoria de las cuotas pendientes de la Seguridad Social da la posibilidad de aplazar el pago de las deudas que las empresas manten¨ªan con este organismo y que fuentes de la Administraci¨®n estiman en unos 800.000 millones de pesetas. Para acogerse al mismo las empresas deben ponerse al corriente de las cuotas correspondientes a 1983. El aplazamiento abarca un per¨ªodo de 42 meses desde enero de 1984, con un tipo de inter¨¦s de un 8%.

El ministro se?al¨® que a partir de septiembre comenzar¨ªa a ejecutarse el cobro de la deuda a trav¨¦s de los recaudadores del Ministerio de Hacienda, abandon¨¢ndose el sistema de las magistraturas de Trabajo, que eran las que hasta el momento ven¨ªan realizando los cobros. El proceso se realizar¨¢ en forma progresiva, y la Administraci¨®n conf¨ªa en que el procedimiento resulte m¨¢s ¨¢gil.

Por otra parte, el ministro explic¨® que desde el pasado s¨¢bado las magistraturas de Trabajo no pueden conceder nuevos aplazamientos para el pago de la deuda. Una orden publicada el s¨¢bado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado ha derogado esta posibilidad.