La ley de Educaci¨®n: hacia un pacto escolar

El pacto escolar es el gran objetivo que el autor defiende para la ense?anza en nuestro pa¨ªs y la guerra escolar, el fantasma que se adivina tras la pol¨¦mica que ha levantado la Ley reguladora del derecho a la educaci¨®n. El escrito analiza los aspectos positivos que el legislador introduce en la ordenaci¨®n educativa, y se?ala algunas deficiencias, entre las que se encuentra una insuficiente previsi¨®n rtespecto del hecho auton¨®mico.

El proyecto de ley de regulaci¨®n del derecho a la ense?anza ha desvelado una pol¨¦mica latente detr¨¢s de la cual se vislumbra el fantasma de la guerra escolar. La LODE pretende ser la concreci¨®n de diversos derechos constitucionales que hasta ahora no ten¨ªan plasmaci¨®n pr¨¢ctica. La LODE reafirma la libertad de ense?anza, derecho constitucional que supone la libertad de creaci¨®n de centros dotados de proyecto educativo propio y de identidad peculiar. La LODE concreta el derecho constitucional de profesores, padres y alumnos a participar en la gesti¨®n y control de los centros privados sostenidos con fondos p¨²blicos, al preceptuar para los centros concertados la constituci¨®n de un consejo escolar con amplios poderes que se extienden a la elecci¨®n del director y a la selecci¨®n, sanci¨®n y despido de profesores. La LODE garantiza la libertad docente del profesorado a trav¨¦s de esa participaci¨®n y de la voluntariedad de la pr¨¢ctica confesional en los centros concertados, voluntariedad que, por otra parte una mayor¨ªa de escuelas cat¨®licas practican ya. Por ¨²ltimo, el proyecto de ley quiere asegurar la gratuidad de una fracci¨®n importante de los centros privados de EGB, que podr¨¢n acogerse al r¨¦gimen de concierto. La gratuidad es la ¨²nica forma de garantizar el derecho de los padres a escoger la escuela donde se eduquen sus hijos en funci¨®n de sus convicciones y no de sus ingresos. El Estado se compromete a pagar los salarios del profesorado y el coste del mantenimiento de los centros concertados, que, al menos teoricamente, no perder¨¢n su personalidad y su identidad ideol¨®gica al pasar a ser costeados con fondos p¨²blicos.No es f¨¢cil conjugar libertades, pero las distintas libertades y derechos s¨®lo se convierten en reales cuando se hacen compatibles, y cuando se hacen compatibles se limitan mutuamente y se jerarquizan. Ninguna ley, por perfecta que sea, puede evitar los conflictos entre los que defienden sus respectivas libertades. Son las diversas organizaciones representativas de los diversos sectores de Ia sociedad civil, los que deben encauzar los conflictos, actuando como buenos componedores o creando instancias arbitrales y reglamentos, sin dejar que el Estado prevea todos los problemas con leyes demasiado r¨ªgidas e intervencionistas y sin dejar que los conflictos vayan a parar sin m¨¢s a los tribunales, cuando los enfrentamientos se han envenenado y se han iniciado movilizaciones que en el caso del mundo de la educaci¨®n tienen una gravedad especial.

No es justo enfrentarse con la ley haciendo un juicio de intenciones del legislador. Las posiciones que cierran los ojos a la realidad, bien amenazando con el cierre de centros por oposici¨®n a la LODE, bien negando subvenciones a la ense?anza privada y considerando demasiado condescendiente la LODE, son posturas unilaterales que nos conducen directamente a la guerra escolar, que la mayor¨ªa quiere evitar.

De todas formas, los recelos despertados por los poderes otorgados al consejo escolar del centro concertado, disminuir¨ªan si se incluyese en el t¨ªtulo IV de la ley un art¨ªculo que preceptuase el respeto al proyecto educativo y a las creencias de sus fundadores por parte del profesorado, a la vez que garantizase la libertad profesional del profesorado en el ejercicio de la docencia, su libertad de conciencia y la libertad de su vida extraescolar. Ambos tipos de deberes del titular y del profesor los establece en los centros privados mantenidos por el Estado en Francia la ley de 1977, que han mantenido los socialistas. El profesorado en nuestro pa¨ªs est¨¢ interesado en que los titulares de los centros privados entren en el r¨¦gimen de concierto y conviene para ello ofrecer un marco de estabilidad y de respeto mutuo.

Por otra parte, la LODE concentra tal cantidad de atribuciones en la Administraci¨®n central, que no deja casi margen alguno de acci¨®n a las comunidades aut¨®nomas que como la Generalitat de Catalunya, tienen competencias plenas en materia, de ense?anza. En el primer texto de la ley, se establecen diecisiete reservas de reglamentaci¨®n de temas diversos en manos del poder central.

Pero, por mucho que se perfeccionase la ley, los distintos sectores han de negociar un reglamento que no deje exclusivamente en manos del consejo escolar de un colegio concertado la responsabilidad y la potestad exclusivas en decisiones como las de sancionar o despedir a un profesor o cesar al director. Es necesario un pacto escolar. Sindicales, patronales, asociaciones escolares y corporaciones profesionales como los Colegios Oficiales de Licenciados -incomprensiblemente olvidados por la LODE- han de sentarse a negociar un pacto que establezca las reglas del juego de manera de los diversos sectores se ofrezcan garant¨ªas rec¨ªprocas.

Las patronales y asociaciones de escuelas y de padres cat¨®licos habr¨ªan de garantizar a los profesores que el respeto debido al proyecto educativo del centro no tendr¨¢ interpretaciones abusivas o inmovilistas. Las sindicales habr¨ªan de garantizar a los titulares que la participaci¨®n e intervenci¨®n de los distintos sectores en la gesti¨®n de los centros concertados no introducir¨¢n una lucha por el poder ni ser¨¢n utilizadas para liquidar el proyecto educativo fundacional del centro, ni servir¨¢n de escudo a un profesor incompetente o abiertamente contrario a dicho proyecto o que desacate la autoridad del director, para evitar la sanci¨®n o el despido. Descartemos el tipo de direcci¨®n omnipotente, que algunos centros tienden a desarrollar, pero preservemos la estabilidad de las escuelas y los leg¨ªtimos derechos de personas que han dedicado grandes esfuerzos y sacrificios a poner en marcha colegios que han tenido un papel relevante en la transformaci¨®n de las mentalidades en el dif¨ªcil proceso hacia la democracia.

Hay que abandonar las posiciones corporativistas de uno y otro signo que pretenden poner al Estado y a sus recursos exclusivamente a su lado. La experiencia hist¨®rica, sobre todo en Catalu?a debe hacernos sensibles a la necesidad de pactos en los que la sociedad civil asume sus problemas sin confiar su soluci¨®n exclusivamente al omnipresente Estado-Providencia.

Todo el mundo sabe que la mayor¨ªa de las escuelas privadas no pueden sobrevivir y mantener la calidad de la ense?anza sin el apoyo del Estado, a menos de enquistarse en un clasismo discriminatorio. El Estado debe fiscalizar que los recursos p¨²blicos son invertidos honestamente y provechosamente en la ense?anza concertada. Sin embargo no podr¨¢ atender todas sus necesidades ya que ha de garantizar con su acci¨®n directa la escolarizaci¨®n de zonas y sectores desatendidos o deficientemente atendidos. La LODE, sin embargo podr¨ªa abrir un amplio campo.

Nadie debe olvidar que la renovaci¨®n pedag¨®gica empez¨® en Catalu?a por un n¨²cleo diverso de escuelas privadas democr¨¢ticas y catalanas, que decidieron reanuadar bajo el franquismo la tradici¨®n renovadora interrumpida del primer tercio de siglo.

El pacto escolar no es una utop¨ªa, es una necesidad de una sociedad civilizada que quiere enterrar para siempre el fantasma de la guerra civil.

es vicedecano del Colegio Oficial de Licenciados en Letras y en Ciencias de Catalu?a.