La obtenci¨®n ileg¨ªtima de pruebas por el Banco de Espa?a ha sido decisiva, seg¨²n los defensores de Ruiz-Mateos

La defensa de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos considera que la obtenci¨®n ileg¨ªtima de pruebas documentales en Inglaterra, por parte de funcionarios del Banco de Espa?a ha sido decisiva en el nuevo giro que ha tomado el juicio que se sigue en el Alto Tribunal de Justicia de Londres contra el fundador de Rumasa, a instancia de los representantes del Gobierno espa?ol. El juicio continua hoy en la capital brit¨¢nica para tratar sobre el futuro de la marca de jerez Dry Sack cuya propiedad se disputan el Gobierno espa?ol y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos.

Los defensores de Ruiz-Mateos estiman que el juez brit¨¢nico Justice Vinelott decidi¨® el viernes pasado el aplazamiento del tema Multinvest N.V (holding que, con un capital de unos 20 millones de d¨®lares, engloba a las sociedades de la Rumasa exterior, a¨²n no controladas por el Gobierno espa?ol) porque "ha tenido en cuenta la posibilidad de que el decreto-ley expropiador, de 24 de febrero de 1983, pueda ser declarado inconstitucional cuando el Tribunal Constitucional espa?ol decida sobre los recursos pendientes".Al igual que los representantes del Gobierno espa?ol, la defensa de Ruiz-Mateos tambi¨¦n trata ahora de mostrarse satisfecha por la decisi¨®n del juez Vinelott aplazando la soluci¨®n del tema Multinvest N.V. (cuya sede est¨¢ domiciliada en Curagao, antiguas Antillas Holandesas) hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la legalidad del decreto-ley y, posteriormente, de la ley expropiatoria de Rumasa.

El hecho de haber nombrado un administrador judicial que salvaguarde, entre tanto, los intereses de quien resulte ser el propietario real de Multinvest N.V. al t¨¦rmino del pleito ha sido celebrado como una victoria por ambas partes.

Sonrojante asunto para las autoridades espa?olas

Por un lado, el juez trata de evitar que Ruiz-Mateos, actual propietario del holding exterior, se lleve los bienes y vac¨ªe de activos las sociedades.

Por otro lado, tras el sonrojante asunto de la obtenci¨®n ileg¨ªtima de documentos por las autoridades espa?olas, mediante coacciones -como reconoci¨® el propio Saturnino Plaza, directivo del Banco del Norte, a Juan Llad¨®, responsable gubernamental de la Rumasa exterior- o mediante la ambig¨¹edad o el enga?o descarado, el juez brit¨¢nico se ha curado en salud sometiendo al nuevo administrador judicial a importantes limitaciones.

El administrador judicial de Multinvest N.V. no puede nombrar nuevos gerentes sin autorizaci¨®n del juez ante quien tiene que exponer sus argumentos y, sobre todo, tiene expresamente prohibido dar informaci¨®n alguna a las autoridades espa?olas as¨ª como al despacho de abogados brit¨¢nico Herbert & Smith que defiende, seg¨²n ellos mismos soprendentemente dicen en sus documentos, a su cliente "el Estado espa?ol".

Medidas cautelares

Con ello, seg¨²n la defensa de Ruiz-Mateos, que se ha abstenido hasta ahora de hacer comentarios p¨²blicos sobre el tema, el juez Vinelott no sigue tomando m¨¢s medidas cautelares sino que, sin entrar en el fondo del tema, prefiere esperar hasta que el Tribunal Constitucional espa?ol decida sobre la legalidad del decreto-ley expropiador.

Fuentes de la defensa de Ruiz-Mateos han valorado este decisi¨®n del juez brit¨¢nico como "el primer frenazo al Gobierno espa?ol, que cree que todas las empresas de Rumasa son ya suyas pero s¨®lo en Espa?a". "En cu¨¢nto los representantes del Gobierno espa?ol han salido al extranjero, con inagotables medios personales, materiales a su alcance, se han tenido que dar cuenta de que no es lo mismo actuar en Inglaterra que hacerlo dentro de Espa?a", opinan los citados abogados de la parte demandada, quienes consideran que "este frenazo es un punto de infexi¨®n para la estrategia gubernamental contra Ruiz-Mateos en el exterior".

Descalificar a Ruiz-Mateos

La estrategia seguida en Londres por los demandantes (Gobierno espa?ol) estaba basada hasta ahora, al igual que en Espa?a, a juicio de los demandados (Ruiz-Mateos), m¨¢s en descalificar personalmente al fundador de Rumasa, tratando de demostrar que es un granuja de quien no debe fiarse el juez, que en demostrar las razones concretas y la legalidad de la expro piaci¨®n del honding de la abeja.

El ¨²nico resultado exterior de tal estrategia ha sido hasta ahora la obtenci¨®n de garant¨ªas mediante el nombramiento de administradores judiciales. As¨ª, el Estado espa?ol s¨®lo tiene la propiedad exterior de Augustus Barnett, cadena de tiendas de licores en liquidaci¨®n, y el Banco del R¨ªo de la Planta.

Cuando los asistentes al juicio de Londres escucharon at¨®nitos la confesi¨®n de la parte demandante, seg¨²n la cual los funcionarios del Banco de Espa?a se hab¨ªan llevado documentos, que estaban, confiscados judicialmente y depositados en el despacho de Herbert & Smith, contra la prohibici¨®n expresa del juez brit¨¢nico, pudieron observar el rostro visiblemente enojado de mister Vinelott y el sonrojo de algunos espa?oles.

Un juez brit¨¢nico, con peluca, trataba de hacer justicia a dos espa?oles que mostraban en p¨²blico su ropa sucia. El comportamiento "tramposo" de las autoridades espa?oles dio un vuelco al juicio de Rumasa en Londres, insisten los abogados de Ruiz-Mateos.

Naturalmente, los abogados del Gobierno espa?ol, Herbert & Smith, salieron inmediatamente al paso del uso ileg¨ªtimo de pruebas para perseguir penalmente a Ruiz-Mateos en Espa?a, y se esforzaron en demostrar que ellos no sab¨ªan nada sobre el abuso de los documentos confiados en su momento a ellos por el juez.

Responsabilidad del Banco de Espa?a

Los abogados afirmaron que la responsabilidad de aquella desobediencia judicial reca¨ªa sobre Saturnino Plaza, empleado del Banco del Norte, y sobre los tres funcionarios del Banco de Espa?a -se?ores Bahamonde, Brasero y Camago- quienes estuvieron con ¨¦l en el despacho donde se encontraban guardadas y depositadas las 397 carpetas de documentos de Multinvest N.V.

El abogado brit¨¢nico contratado por el Gobierno espa?ol se vio obligado a pedir disculpas al Honorable Tribunal por lo ocurrido con los documentos que les fueron confiados.

Lo que se discute en estos momentos, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, es la eventual influencia que la obtenci¨®n ileg¨ªtima de pruebas podr¨ªa tener sobre el procedimiento penal que se sigue en Espa?a contra Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos.