"El decreto ley de expropiaci¨®n de Rumasa es inconstitucional"

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Durante seis meses, desde que el 25 de febrero de este a?o fuera encargado de la defensa del caso Rumasa por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, Mat¨ªas Cort¨¦s ha declinado hacer declaraciones p¨²blicas sobre el caso. Ahora, una vez que le ha sido pedida la venia por otro colega, rompe el silencio; y lo hace para insistir en la solidez de su argumentaci¨®n jur¨ªdica, en la trascendencia del caso y -seg¨²n sus palabras- en defensa del Derecho.Mat¨ªas Cort¨¦s, granadino de 45 a?os, es hijo y hermano de abogados. De peque?o recorri¨® los juzgados andaluces de la mano de su padre y, cuando termin¨® la carrera de leyes, con primer premio extraordinario de la facultad de Derecho de, Granada, se march¨® a la universidad de Bolonia , donde hizo el doctorado y estudi¨® econom¨ªa.

Gan¨® la c¨¢tedra de Econom¨ªa Pol¨ªtica y Hacienda P¨²blica de la universidad de Granada cuando ten¨ªa 26 a?os. En 1970 se instal¨® en Madrid y, desde entonces ocupa la c¨¢tedra de Derecho Financiero Tributario de la universidad Aut¨®noma. Su nombre suena entre los estudiantes del Derecho por haber sido autor de un libro de texto considerado, quiz¨¢ por su difusi¨®n masiva, como uno de los cl¨¢sicos obligados para cualquier alumno de leyes. Mat¨ªas Cort¨¦s, casado y con cuatro hijos, fue miembro del Partido Popular (sector P¨ªo Cabanillas) al principio de la transici¨®n pol¨ªtica, ha sido presidente de la Fundaci¨®n para el Progreso y la Democracia y sigue siendo abogado de famosas causas multinacionales, por lo que, sin duda, ha sido en los ¨²ltimos a?os uno de los letrados espa?oles que m¨¢s impuestos ha pagado a la Hacienda P¨²blica.

Pregunta: ?Por qu¨¦ ha pedido usted a Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos que busque otro abogado para dirigir el equipo jur¨ªdico que le defiende en el caso Rumasa?

Respuesta: B¨¢sicamente, porque un asunto como ¨¦ste, con la complejidad y envergadura que, implica la expropiaci¨®n de Rumasa, exige una gran compenetraci¨®n entre el cliente y el abogado defensor. Debo decir, desde luego, que, Ruiz-Mateos siempre ha respetado todas mis actuaciones profesionales y nunca ha discrepado de ellas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ¨¦ste es un asunto con otras facetas, pol¨ªticas, de Prensa, de imagen p¨²blica, etc¨¦tera, en las que yo nunca he entrado. Estos temas los he entendido yo a veces de un modo distinto a RuizMateos, ya que ¨¦l insiste m¨¢s en soluciones y v¨ªas pol¨ªticas y de Prensa que en las estrictamente jur¨ªdicas, que son las m¨ªas. Por esa raz¨®n me ha parecido que es mejor que ¨¦l tenga un abogado con el que se entienda en todos los campos mucho mejor.

P. ?Cree que Ruiz-Mateos tiene razones jur¨ªdicas para ganar este pleito contra el Gobierno?

R. Por supuesto. Estoy convencido de que el decreto ley de expropiaci¨®n de Rumasa es inconstitucional y los centenares de folios, escritos judiciales, dict¨¢menes, etc¨¦tera, que mis compa?eros y yo hemos preparado y suscrito atestiguan nuestro convencimiento en ese sentido.

P. ?Por qu¨¦ ha llevado usted la defensa de Ruiz-Mateos tan en secreto?

R. En primer lugar, estoy obligado por el secreto profesional. En segundo lugar, he tenido durante estos seis meses un trabajo extraordinariamente extenso y dif¨ªcil, silencioso y poco lucido, pero que nosotros creemos importante, aunque a¨²n no se conozca en toda su dimensi¨®n jur¨ªdica. En esos centenares de folios a los que, me he referido antes se ha ido construyendo una doctrina sobre el caso, que estimamos s¨®lida y cuyos resultados se ver¨¢n en el futuro. Y, como el caso ha tenido una gran dimensi¨®n p¨²blica, vamos a publicar, en breve, los documentos de la defensa en un libro que incluir¨¢ un estudio introductorio que estoy elaborando ahora. De todas formas, en lo que era posible desvelar sin afectar al secreto profesional, y a pesar del silencio a que usted alude, la Prensa ha podido publicar informaci¨®n procedente de fuentes de la Defensa. De la lectura de los documentos p¨²blicos del caso Rumasa se desprender¨¢ que la trascendencia del asunto es enorme.

"El proceso va a poner a prueba el sistema jur¨ªdico"

P. ?Considera usted que la opini¨®n p¨²blica tiene los datos suficientes para valorar el tema Rumasa?

R. Pienso que hay una gran confusi¨®n en este tema. Entre las declaraciones a la Prensa sobre los sospechosos de haber intervenido en la expropiaci¨®n y el af¨¢n, por otra parte, de descubrir principalmente los aspectos policiacos del caso, creo que se est¨¢ dejando hu¨¦rfana a la opini¨®n p¨²blica-espa?ola de la verdadera trascendencia del problema. Por eso, con la publicaci¨®n del libro quiero contribuir a un debate m¨¢s serio sobre ello.

P. ?Cu¨¢l deber¨ªa ser el centro de ese dabate?

R. En mi opini¨®n, la verdadera importancia del proceso de Rumasa est¨¢ en que va a poner de manifiesto no solamente la legalidad o no de la conducta del Gobierno o de los administradores del holding, sino que va a poner a prueba todos los mecanismos de defensa y de reacci¨®n, la propia elasticidad de nuestro sistema jur¨ªdico, la profesionalidad de la Prensa, la capacidad de la inspecci¨®n de Hacienda, del Banco de Espa?a, de los abogados, del Parlamento" de la oposici¨®n, etc¨¦tera. Es como un ensayo general que va a poner a prueba todo nuestro sistema jur¨ªdico institucion?al.

P. ?Cree usted que el sistema jur¨ªdico espa?ol est¨¢ preparado para este reto?

R. Nuestro sistema funciona mal y es obvio que hay que reformar las leyes de enjuiciamiento ci vil, de enjuiciamiento criminal, et c¨¦tera, y tratar de construir un sis tema m¨¢s eficaz y r¨¢pido para, ad ministrar justicia. Pero, desde luego, yo entiendo y estoy conven cido de que, a pesar de las imperf¨¦cciones del sistema judicial y del sistema procesal, y a pesar tam bi¨¦n de la singularidad y de las dificultades del caso, el sistema jur¨ª dico institucional espa?ol permite que se haga justicia; es decir, que se restablezca finalmente el equilibrio jur¨ªdico. La agresi¨®n contra Ruiz-Mateos es singular, rar¨ªsim y particular¨ª sima, pero nuestro sis tema, con todos sus procedimientos, lentos y complejos, tiene capacidad objetiva para asumir el problema y restablecer el equilibrio jur¨ªdico.

P. ?Cu¨¢l ha sido la principal di ficultad en la elaboraci¨®n de una estrategia para la defensa de Ruiz-Mateos tras la ex propiaci¨®n?

R. La principal dificultad nace de la propia singularidad del caso ya que no hay precedentes. El Estado espa?ol se est¨¢ inventando un Derecho nuevo y particular para el caso Ruiz-M¨¢teos, pues no puede haber en nuestro ordena miento jur¨ªdico una ley particular para penalizar a una persona. El debate jur¨ªdico puede ser infinito, pero precisamente en la singularidad del decreto ley y de la ley, redactados y aplicados a una persona, como un traje hecho a medida, ah¨ª reside la profunda inconstitu cionalidad de la medida expropiatoria de Rumasa.

Hay muchos colegas que han criticado y critican duramente el decreto ley y se?alan sus defectos t¨¦cnicos, pero yo admiro, adem¨¢s, la capacidad de los redactores de tal decreto ley (quienes, dicho sea de paso, no s¨¦ si actuaron con nocturnidad, pero lo hicieron, desde luego, por la noche) porque han conseguido vestir de aparienciajur¨ªdica algo que no es posible. En el Derecho espa?ol no es posible que el Estado tome una medida legal por la que se, despoje a una persona de sus bienes.

P. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jur¨ªdico existen leyes particulares.

R. Claro que hay leyes particu lares. Pero la ley particular es un privilegio que se concede y no un castigo. En la medida que la ley Ruiz-Mateos est¨¢ cargada de una cierta substancia penalizadora, se est¨¢ castigando una manera de ac tuar de un individuo y eso no es posible. En el caso Rumasa estamos ante un Derecho nuevo y, la principal dificultad para m¨ª, al dise?ar la estrategia defensiva, consisti¨® en que estaba obligado a colgarla directamente de los princi pios b¨¢sicos del ordenamiento jur¨ªdico.

Adem¨¢s, el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol no tiene prevista respuesta r¨¢pida e inmediata a un decreto ley en virtud del cual se expropian todos los bienes de un se?or o de un grupo.

P. ?Quiere usted decir que Ruiz Mateos no puede defenderse?

R. No. Lo que quiero poner de manifiesto es la dificultad de esa, defensa, pero hay caminos y v¨ªa para la defensa. A un ge?er le dicen, o mejor dicho, no le dicen sino que se entera por la televisi¨®n, de que le han quitado todo lo que tiene y ese se?or no puede ir en el acto al Juzgado de Guardia o a otra instancia a defenderse y a pedir que le devuelvan lo que le han quitado. No hay un camino claro, un veh¨ªculo para defenderse de tal medida y hab¨ªa que buscarlo. Frente a una norma con rango de ley, s¨®lo queda el recurso de inconstitucionalidad. Personalmente, Ruiz-Mateos no puede dirigirse al Tribunal Constitucional sin antes haber agotado las v¨ªas ordinarias y ¨¦stas son, como se est¨¢ viendo, lent¨ªsimas, indirectas y complicadas. El Grupo Popular recurri¨® por su cuenta contra el decreto-ley en marzo y el Tribunal Constitucional tarda mucho en resolver porque est¨¢ cargado de recursos.

"El acto de despojo es ilegal y nulo"

P. ?Qu¨¦ sentido conten¨ªa el interdicto presentado por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos contra el Gobierno ¨¢nte el juzgado correspondiente?

R. A trav¨¦s del interdicto le dijimos al juez que los hermanos Ruiz-Mateos eran los due?os de las acciones de Rumasal que se las hab¨ªan quitado il¨ªcitamente, porque el decreto-ley es una medida nula por inconstitucional, y que, por lo tanto, el juez ten¨ªa y tiene que reponerles en la posesi¨®n de lo que es de ellos. El mensaje del interdicto es "prirnero devu¨¦lvame los bienes que eran m¨ªos y luego se ver¨¢ qui¨¦n es el due?o aut¨¦ntico, cuando resuelva el Tribunal Constitucional". Este procedimiento de car¨¢cter r¨¢pido y urgente a¨²n no ha sido resuelto por el juez correspondiente.

El juez tiene que preguntar al Tribunal Constitucional si el decreto-ley es o no es constitucional. Por ello, el interdicto es una pieza clave de la estrategia defensiva: es un mecanismo para llegar al Tribunal Constitucional. No es una simple demanda- interdictal, sino que lleva impl¨ªcito el recurso de insconstitucionalidad, pues el despojo de bienes es un acto il¨ªcito. No hay precedentes. Estamos en agosto y a¨²n no se sabe nada del asunto.

P. ?En qu¨¦ medida puede afectar el proceso judicial al desarrollo, a la Administraci¨®n o a la reprivatizaci¨®n de las 500 empresas del holding de Rumasa?

R. Afecta profundamente. Cada vez que la Administraci¨®n realiza un acto bas¨¢ndose en el decretoley y en la ley R¨²masa, Ruiz-Mateos puede poner un recurso con.. a la legalidad de ¨¦stos bas¨¢ndose en la inconstituciotialidad de la ley particular. La facultad de la Administraci¨®n para disponer de Rumasa nace de un acto que consideramos nulo. El acto de despojo es un acto ilegal y nulo y debe, por tanto, reponerse a Ruiz-Mateos en la posesi¨®n de sus bienes y a.cciones. Adem¨¢s, hay que demostrar que lo que se le ha quitado a RuizMateos vale m¨¢s de lo que ¨¦ste deb¨ªa, por ello tienen que pagarle una indemnizaci¨®n adecuada. No hay que olvidar que la expropiaci¨®n no es una confiscaci¨®n sino el cambio de titularidad de manos privadas a manos p¨²blicas para cumplir un objetivo de utilidad y previo pago de su valor.

Hay una dificultad adicional en este tema y es -que Ruiz-Mateos no dispone de los documentos para demostrar que era due?o de todo aquello, porque se los qued¨® el Gobierno y, adem¨¢s, no hay en Espa?a una legislaci¨®n sobre sociedades holding. Y si ten¨ªamos dificultad para demostrar que la sociedad madre, Rumasa, era de los Ruiz-Mateos, excuso decir lo dif¨ªcil que es probar sin papeles la propiedad de las filiales y tataranietas del holding. Todo ello era muy dif¨ªcil hasta que, el pasado 5 de agosto, recibimos un escrito de la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado en el que, por primera vez, se reconoce a la familia Ruiz-Mateos como parte.

"Entend¨ªamos de modo distinto la defensa"

P. ?Cu¨¢l cree usted que es el origen de la expropiaci¨®n?

R. El Gobierno, desde luego, no h dado a mi juicio una informaci¨®n detallada y suficiente de las razones por las que expropi¨® a Rumasa. Al margen de la supuesta evasi¨®n de capitales, irregularidades fiscales, impagos a la Seguridad Social, y. todo lo que el Gobierno pudo saber, con posterioridad a la expropiaci¨®n, hay que explicar las razones por las que tom¨® esa decisi¨®n tan desproporcionada. En seis meses, el Gobierno a¨²n no ha sido capaz de terminar las auditor¨ªas y, sin embargo, amenazaba a Ruiz-Mateos con las penas del infierno si no las terminaba en cuatro meses.

Se est¨¢ tratando de justificar la expropiaci¨®n porque no pagaba impuestos, o se llevaba el dinero fuera, etc¨¦tera, y por ello, si se demuestra, se podr¨¢ condenar a Ruiz-Mateos, pero no hay raz¨®n para expropiarle. Creo que es muy importante que la opini¨®n p¨²blica pueda distinguir el hecho fundamental y grave que es el despojo de bienes a un ciudadano particular. Todos los problemas penales, rocambolescos y misteriosos de que se ha ido rodeando el tema han llegado a apoderarse de la opini¨®n p¨²blica. Con ello, se ha desviado la atenci¨®n del hecho fundamental que es la expropiaci¨®n.

P. ?Cu¨¢les son los objetivos prioritarios de la defensa?

R. En primer lugar, demostrar que la expropiaci¨®n es ilegal y, en segundo lugar, obtener del Gobierno la mayor indemnizaci¨®n posible. Cualesquiera que sean los pecados y presuntos delitos de Ruiz-Mateos, se le puede condenar a cualquier pena que determinen las leyes. Pero, al mismo tiempo y paralelamente, habr¨¢ que devolverle sus bienes o la indemnizaci¨®n adecuada.

P. ?Hasta qu¨¦ punto estaba usted identificado con el comportamiento de su cliente?

R. Ya le he dicho que entend¨ªamos de un modo distinto algunos aspectos de la defensa del asunto, lo que me ha llevado a pedirle el relevo, en el per¨ªodo de vacaciones judiciales, ya que me pareci¨® el m¨¢s conveniente para no afectar a sus intereses. Pero, en lo dem¨¢s, a los abogados no se les puede definir nunca por -el tipo de clientes que defienden, sino por sus propios actos. Para defender a alguien de izquierdas o de derechas, guapo o feo, tan s¨®lo hace falta ser abogado. Al abogado hay que respetarle un poquito m¨¢s. Tiene que defender a su cliente y colaborar con la Justicia, pero no se le puede definir, en ning¨²n caso, por el comportamiento de sus clientes. Esto creo que es importante, porque el abogado es pieza b¨¢sica en la defensa de las libertades y derechos humanos. Por otra parte, yo no soy el ¨²nico abogado de Ruiz-Mateos, sino que he coordinado a un grupo de eminentes profesionales en el que, dicho sea de paso, no se ha producido ninguna fisura ni nada por el estilo.

P. ?Es cierto que ha cobrado usted por adelantado 400 millones de pesetas al hacerse cargo del caso Rumasa?

R. Este extremo lo he desmentido continuamente y, sin embargo, la Prensa sigue insistiendo en ello. La verdad es que hemos cobrado una cantidad a cuenta d¨¦ los gastos, desde luego, infinitamente inferior a los 400 millones a que usted se refiere. Ahora, cuando llegue el momento oportuno de conceder la venia al colega que me la ha pedido por encargo de Ruiz-Mateos, pasaremos la minuta de honorarios que corresponda al trabajo realizado hasta ahora de acuerdo con las normas de honorarios del Colegio de Abogados de Madrid y, por supuesto, dentro de la mayor moderaci¨®n posible. Pero lamento que se siga insistiendo en esa cifra a pesar de que, en numerosas ocasiones, como le digo, he expresado que es absolutamente falso.

P. Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos ha afirmado que la expropiaci¨®n de Rumasa forma parte de una operaci¨®n pol¨ªtica de largo alcance dirigida contra el Gobierno socialista. ?Qu¨¦ opini¨®n le merece esta afirmaci¨®n de su cliente?

R. Me parece l¨®gico que Ruiz-Mateos se pregunte y trate de encontrar una explicaci¨®n satisfactoria a una medida del Gobierno que ¨¦l ni entiende ni puede entender. Adem¨¢s, en la medida en que se afinan los argumentos jur¨ªdicos y se analizan los hechos con m¨¢s calma, es dif¨ªcilmente comprensible que el Gobierno, en lugar de adoptar otras medidas, acordara el decreto expropiatorio. De todos modos, yo me he preocupado de ordenar el trabajo jur¨ªdico, en frentes tan extensos que ignoro en absoluto cu¨¢l haya sido la g¨¦nesis de la decisi¨®n del Gobierno. No he tenido tiempo ni informaci¨®n necesaria para pronunciarme sobre el origen de esta decisi¨®n. Pero, en todo caso, no creo que nadie, excepto el propio Gobierno y el Banco de Espa?a, pueda responder adecuadamente a su pregunta.

"Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos volver¨¢ a Espa?a"

P. ?Cree usted que Ruiz-Mateos puede volver alg¨²n d¨ªa a Espa?a?

R. Estoy convencido de que Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos volver¨¢ a Espa?a. En primer lugar, porque as¨ª lo desea ¨¦l verdaderamente. Y en segundo lugar, porque creo que la evoluci¨®n del proceso penal a que est¨¢ sometido aqu¨ª le ser¨¢ muy favorable en el futuro. Hasta ahora se le ha juzgado en la calle, pero a¨²n no le han juzgado en los tribunales de justicia. Y, evidentemente, el trato que se ha dado a Ruiz-Mateos ha sido, muchas veces, muy t¨ªpico de la sociedad espa?ola, que modifica su valoraci¨®n sobre las personas de una manera tan r¨¢pida y fr¨ªvola.

P. ?Cree usted que la oposici¨®n ha sacado provecho pol¨ªtico de la expropiaci¨®n de Rumasa?

R. La oposici¨®n no ha seguido el asunto de Rumasa con la necesaria presi¨®n, quiz¨¢ por miedo a ser impopular. Sin embargo, han dejado pasar un caso muy importante, no por la cuant¨ªa de lo que est¨¢ en juego, sino porque con ¨¦l se va a poner a prueba una serie de tensores b¨¢sicos de la musculatura de nuestro pa¨ªs.

P. ?Qu¨¦ influencia atribuye usted al pulso o desaf¨ªo, seg¨²n la palabra empleada por el vicepresidente Alfonso Guerra, entre Ruiz-Mateos y el ministro Miguel Boyer como desencadenante de la expropiaci¨®n?

R. No s¨¦ qu¨¦ influencia ha podido tener ese tema. Pero, en todo caso, s¨ª observo una notable desproporci¨®n entre los antecedentes y los resultados. Es decir, se produce una aceleraci¨®n vertiginosa a partir de un momento determinado. El proceso de expropiaci¨®n desemboc¨® de un modo explosivo. Es lo m¨¢s contrario a un expediente administrativo.

P. ?Qu¨¦ opini¨®n le merece la petici¨®n de responsabilidad penal a uno de los empleados a sueldo de Ruiz-Mateos por valor de 100.000 millones de pesetas?

R. Me parece totalmente desproporcionada. Mis compa?eros, los profesores Rodr¨ªguez Mourullo y Oliva, cuando redactaron el recurso de reforma en contra del procesamiento de Jose D¨ªaz Hidalgo, pusieron ya de manifiesto las razones que, a juicio de la defensa, hac¨ªan improcedente el mismo. Yo estoy de acuerdo con la opini¨®n de mis compa?eros, pero quisiera a?adir, desde el punto de vista personal y humano, que el procesamiento de D¨ªaz Hidalgo me ha afectado especialmente porque considero un error judicial exigirle una responsabilidad de 100.000 millones de Pesetas a una persona que, aunque tuviese el t¨ªtulo de adjunto a la direcci¨®n, realmente era, como se ha puesto de manifiesto, un secretario particular a sueldo de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos.

P. ?Hay alguna diferencia esencial entre el decreto-ley de 23 de febrero y la ley de expropiaci¨®n?

R. El decreto-ley estaba, desde luego, peor hecho, pero la ley es una prueba m¨¢s de la inconstitucionalidad del decreto-ley al modificar algunos art¨ªculos que eran inconstitucionales. Sin embargo, no han podido evitar el tema de fondo del decreto-ley que es, naturalmente, la expropiaci¨®n y, por ello, la ley tambi¨¦n es inconstitucional.

"Al Derecho no se le pueden hacer trampas"

Al final, se ver¨¢ que al Derecho no se le pueden hacer trampas. Y Ruiz-Mateos debe ganar el pleito. Al Derecho le tienen que cuadrar las cuentas, como en una contabilidad. Y los actos que rompen el equilibrio jur¨ªdico acaban, tarde o temprano, siendo repudiados por el Derecho. Lo que le han hecho a Ruiz-Mateos no es una expropiaci¨®n, sino una cosa rar¨ªsima y el Parlamento puede expropiar, pero no puede hacer cosas rar¨ªsimas. Y no puede inventarse una expropiaci¨®n singular porque entonces est¨¢ atacando al principio de igualdad ante las leyes.

Lamento que el debate p¨²blico se haya desviado de lo fundamental para centrarse en la evasi¨®n de capitales y otras irregularidades o presuntos delitos cometidos por Ruiz-Mateos, que no afectan al motivo de la expropiaci¨®n. Creo que, adem¨¢s, el delito monetario tiene en Espa?a una importancia desmesurada, propia del pasado. Hay que distinguir entre el se?or que se lleva su dinero a una cuenta bancaria en Suiza y aquel otro se?or que se lleva su dinero fuera para montar una cadena de distribuci¨®n de sus productos en el exterior. Yo pienso que mi cliente no cometi¨® ning¨²n delito monetario, aunque pudo hacer cosas sin las autorizaciones pertinentes. Adem¨¢s, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dicho ya que es patente la inconstitucionalidad de la ley de Control de Cambios, en virtud de la cual se ha decretado la prisi¨®n incondicional de Ruiz-Mateos.