Los restos de la LOAPA

HOY DECIDEN las Mesas del Congreso y del Senado, en una reuni¨®n conjunta, el tratamiento t¨¦cnico-jur¨ªdico que deber¨¢ aplicarse a los art¨ªculos del proyecto de la LOAPA que el Tribunal Constitucional no consider¨® invalidados en su sentencia del pasado mes de agosto. Los grupos parlamentarios mantienen posturas encontradas. Mientras los socialistas afirman que los trozos de la desvencijada LOAPA salvados de la quema s¨®lo requieren una labor t¨¦cnica de ajuste y una nueva clasificaci¨®n ordinal, a fin de impedir que los lectores del Bolet¨ªn Oficial del Estado se lleven la sorpresa de tropezarse con una ley que arranca con el apartado cuarto del art¨ªculo 5 y est¨¢ salpicada de blancos, los nacionalistas vascos y catalanes y los representantes de Alianza Popular son partidarios de que las C¨¢maras discutan y voten el texto residual de una norma que ha dejado en el tr¨¢mite jurisdiccional las plumas de 14 art¨ªculos y la cresta de su car¨¢cter org¨¢nico y armonizador.El vac¨ªo legal dejado por la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional en torno al procedimiento a seguir para la entrada en vigor de las normas declaradas parcialmente nulas como consecuencia de un recurso previo de inconstitucionalidad deja un ampl¨ªsimo margen de discrecionalidad a las interpretaciones. Sin embargo, el sentido com¨²n y la sensibilidad jur¨ªdica parecen aconsejar que las Cortes Generales se hagan de nuevo cargo, para su debate y votaci¨®n, de un texto cuyo contenido ha sido gravemente mutilado y cuyo esp¨ªritu fue declarado inconstitucional por el alto tribunal. Aunque s¨®lo fuera para anular la disposici¨®n transitoria que suspende durante cinco meses la entrada en vigor de la ley, ese tr¨¢mite resultar¨ªa indispensable. Los socialistas disponen, por supuesto, de la suficiente fuerza parlamentaria para imponer sus puntos de vista en ambas C¨¢maras. Sorprende, empero, que la sentencia del Tribunal Constitucional no sea lealmente aprovechada por el Gobierno para inaugurar un nuevo clima de entendimiento con las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas en materias que exigen la misma voluntad de concertaci¨®n que hizo posible la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n de 1978 y de los estatutos de Sau y de Guernica. La promesa del presidente del Gobierno, formulada en el debate de investidura, de negociar con las minor¨ªas nacionalistas y otros partidos el desarrollo de la legislaci¨®n b¨¢sica prevista por el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n, que se ocupa de las competencias exclusivas del Estado, tendr¨ªa una privilegiada oportunidad de comenzar a ser ensayada con este motivo.

El ministro de Administraci¨®n Territorial, cuya continuidad al frente de ese departamento tras el tropiezo de la LOAPA (de la que fue inspirador y art¨ªfice) resulta a estas alturas inveros¨ªmil -es ya, se mire por donde se mire, el peor ministro posible para lidiar la cuesti¨®n auton¨®mica-, defiende la devaluada LPA con el argumento de que el Tribunal Constitucional salv¨® de la quema los art¨ªculos salteados e incompletos que formar¨ªan el contenido de la futura norma. Esa explicaci¨®n juega con el equ¨ªvoco de dejar traslucir que el Tribunal Constitucional, convertido a la fuerza en tercera C¨¢mara, respaldar¨ªa valorativamente toda norma que no haya sido declarada inconstitucional por los magistrados. Sin embargo, la sentencia sobre la LOAPA, a la vez que consider¨® inconstitucionales unos art¨ªculos del proyecto de ley, se limit¨® a se?alar que el resto de su contenido no rebasaba los l¨ªmites constitucionales. Ahora bien, eso no autoriza en modo alguno a extraer la conclusi¨®n de que los magistrados afirmaran que ese desarrollo normativo fuera el ¨²nico leg¨ªtimo o el m¨¢s congruente con el buen funcionamiento del Estado de las autonom¨ªas. Y una correcta interpretaci¨®n l¨®gic¨¢ -pol¨ªtica y jur¨ªdica- de la decisi¨®n del Triburibal Constitucional reside en la suposici¨®n de que la LOAPA era un artefacto impresentable, montado al socaire del miedo del 23-F e instrumentando sobre t¨¦cnicas jur¨ªdicas abstrusas. Resulta dudoso que el desmantelamiento de su t¨ªtulo I y la descalificaci¨®n de su doctrina b¨¢sica no hayan afectado pol¨ªticamente a los art¨ªculos respetados como constitucionales.

Por lo dem¨¢s, el partido de la mayor¨ªa y el Gobierno son muy due?os de no negociar las leyes b¨¢sicas con las dem¨¢s fuerzas parlamentarias, aunque esa posici¨®n contradiga las palabras del presidente Gonz¨¢lez en el debate de investidura. Pero, si insiste en esa arrogante estrategia, especialmente en el terreno minado de las autonom¨ªas, habr¨ªa que decirle al presidente que la historia ya puede contar que el consenso UCD-PSOE en tomo a la soluci¨®n del problema auton¨®mico fue anticonstitucional.