Ruiz-Mateos tiene en su poder los documentos confidencial del Gobierno sobre la reprivatizaci¨®n de Rumasa

La Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado, de la que depende en ¨²ltima instancia Rumasa, es partidaria de una r¨¢pida reprivatizaci¨®n de las empresas no bancarias del, grupo, proceso a llevar a cabo en dos a?os, y previa una operaci¨®n de clarificaci¨®n que permita, mediante liquidaciones y concentraci¨®n, convertir el n¨²mero actual de sociedades, 670, en una "cifra muy manejable", de unas 250. La primera fase, que deber¨ªa entrar en funcionamiento inmediatamente despu¨¦s de la sentencia del Tribunal Constitucional, consistir¨ªa en reprivatizar las participaciones de los accionistas minoritarios de las empresas expropiadas.Francisco Javier Moral Medina, director, general del Patrimonio del Estado, elev¨® el pasado 20 de junio un Informe confidencial sobre el estado actual y estrategia futura de la operaci¨®n Rumasa, al que ha tenido acceso EL PAIS en Londres, de mano de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, presidente del holding expropiado. Varias de las medidas sugeridas en el informe, entre ellas la destituci¨®n de todos los administradores generales y el nombra miento de un empresario al frente de las empresas y la separaci¨®n de la divisi¨®n bancaria, han sido ya llevadas, a la pr¨¢ctica.

El informe contiene una detallada quejadel director general, quien se amenta de no poseer informaci¨®n suficiente respecto a los bancos expropiados, "aunque esta direcci¨®n general sea responsable legalmente de la ejecuci¨®n de la operaci¨®n Rumasa en su conjunto". "Ciertamente", prosigue, "este director general no ha intentado hasta la fecha ejercer los derechos a que como responsable es acreedor, por v¨ªas que hubieran suscitado fricciones probablemente trascendentes en orden al desenvolvimiento razonable de la operaci¨®n". Francisco Javier Moral afirma comprender lo sucedido, pero reclama el t¨¦rmino de lo que denomina "pintoresca situaci¨®n".

El informe califica de "concluida" la primera etapa de la operaci¨®n Rumasa. "Puesto que el ¨¦xito de esta operaci¨®n depende en buena medida de la rapidez de su desarrollo y de nuestra capacidad de transmitir la sensaci¨®n de que todo est¨¢ previsto, ser¨ªa muy positivo anunciar de inmediato el comienzo y las directrices de la estrategia relativa a la segunda fase, dirigida a la reprivatizaci¨®n y gesti¨®n empresarial".

Todas las sociedades

En el ¨¢mbito nacional, incluyendo las llamadas sumergidas y las participadas no expropiadas, as¨ª como. las meramente instrumentales, Rumasa cuenta con 670 empresas, de las que alrededor de 350 realizan alguna actividad. De las 350 activas, s¨®lo 250 son verdaderamente empresas con alguna entidad. A su vez, alrededor de 775 sociedades re¨²nen el 98,8% del activo total de grupo. En el ¨¢mbito internacional, existen 50 sociedades, de las cuales, s¨®lo un tercio son reales.El informe confidencial reitera que, a 23 de febrero, el neto negativo del grupo era de 210.000 millones de pesetas, es decir, 10.000 millones m¨¢s que a 31 de diciembre anterior. "Es, pues, una situaci¨®n de quiebra t¨¦cnica evaluable, como m¨ªnimo, en 210.000 millones".

Se insiste en que las empresas no bancarias vendieron en 1982 una cantidad inferior a esos 200.000 millones de pesetas, cifra de la que no menos de 75.000 millones son imputables a s¨®lo dos empresas (Galer¨ªas Preciados y Constructora Hispano-Alemana), en las que el valor a?adido por unidad vendida a nivel de grupo es inferior al presumible, y los costes de venta, superiores.

El informe de la direcci¨®n general desvela cu¨¢l fue la estrategia de Rumasa en la vista preliminar celebrada ante el Alto Tribunal de Londres el pasado mes de julio. Los directivos de la Rumasa expropiada pretend¨ªan una providencia nombrando administrador judicial y, sobre todo, que los jueces brit¨¢nicos sugirieran la conveniencia de interponer querella criminal. A fin de apoyar esta estrategia se sugiere que puesto que existen indicios m¨¢s que suficientes, se aceleren las actuaciones para que la justicia espa?ola se pronuncie sobre el procesamiento de Ruiz-Mateos antes que la brit¨¢nica. El auto de procesamiento del fundador de Rumasa fue hecho p¨²blico en Madrid el pasado mes de julio, poco antes de iniciarse la vista ante el tribunal brit¨¢nico, pero la estrategia fall¨®, porque los jueces brit¨¢nicos se limitaron a prorrogar la situaci¨®n de intervenci¨®n judicial, sin proponer, por el momento, ninguna v¨ªa penal.

Entre los indicios que permit¨ªan el procesamiento de Ruiz-Mateos en Espa?a figura, seg¨²n el informe confidencial, el no reintegro de divisas por exportaci¨®n, con un saldo de 5.039 millones de pesetas en cuatro empresas investigadas con car¨¢cter definitivo. "Hay tambi¨¦n", a?ade, "cartas de pago falsificadas, que por ahora no suman m¨¢s de un centenar de millones. Han sido remitidas a los fiscales". "Tenemos constancia, y hay posibilidades efectivas de recurrir a prueba testifical solvente, de que el propio Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos orden¨® al menos una parte de estas falsificaciones, lo que constituye un delito com¨²n".

Reducci¨®n escalonada

A fin de clarificar la situaci¨®n de las empresas *no bancarias, el director general propone una serie de actuaciones. "Esta clarificaci¨®n", explica, "adem¨¢s de ser compleja e interesante, no deja de tener inter¨¦s a efectos de imagen p¨²blica. Al fin y al cabo, hay la sensaci¨®n de que el grupo Rumasa comprende cerca de '700 empresas, y las medidas propuestas, por s¨ª solas, permiten una, reducci¨®n escalonada de este n¨²mero hasta el de 250 al t¨¦rmino de este a?o, lo que en, en todo caso, transmitir¨ªa una cierta ilusi¨®n de progresi¨®n acelerada en la ejecuci¨®n de la segunda fase (r¨¦privatizacion)".En el campo de la reprivatizaci¨®n aut¨¦ntica, y para acelerar el proceso, se propone reprivatizar las participaciones de los accionistas minoritarios en las empresas expropiadas. Esto se realizar¨ªa a trav¨¦s de un acuerdo del Gobierno que autorizar¨ªa a la direcci¨®n general a enajenar directamente a los minoritarios expropiados sus participaciones al mismo precio que en su momento resultara del procedimiento de aprecio. Un proyecto de acuerdo ha sido ya sometido a los abogados del Estado, a la Direcci¨®n de lo Contencioso y a la Unidad de Expropiaci¨®n. La Direcci¨®n de lo Contencioso estima que ser¨ªa prudente esperar a que, el Tribunal Constitucional resolviera el recurso interpuesto antes de re privatizar estas acciones. Un motivo m¨¢s, seg¨²n el Patrimonio del Estado, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie r¨¢pidamente.

El informe se?ala que se ha hecho un discreto sondeo sobre la respuesta probable a esta medida. El acuerdo ser¨ªa, trascendente -afirma- respecto al Banco Atl¨¢ntico (que se convertir¨ªa en banco mixto, con el 55% del Estado), Loewe (35% de minoritarios), Fenix Peninsular (50% Estado franc¨¦s) y Calmante Vitaminado (50% de minoritarios). "Parece que hay excelente predisposici¨®n de los minoritarios a readquirir sus antiguas participaciones", a?ade el documento.

Un puro dislate

"Un acuerdo de esta naturaleza clarificar¨ªa extraordinariamente el procedimiento de justiprecio, porque los minoritarios dejar¨ªan de estar sustantivamente interesados en el mismo, y el Patrimonio no habr¨ªa de entenderse, en el fondo, sino con la familia Ruiz-Mateos. T¨¦nganse en cuenta que el n¨²mero de minoritarios asciende a varias decenas de miles ( ... ), y que parece dif¨ªcil garantizar la enorme discreci¨®n que exigen las gestiones de enajenaci¨®n si una multitud de minoritarios reclama informaci¨®n al respecto como interesados en orden al procedimiento de aprecio".El acuerdo no afectar¨ªa a las instituciones bancarias "por el argumento puro y simple de sus peculiaridades inherentes a la delicada situaci¨®n financiera por la que han atravesado, o porque no es improbable que en el futuro reunieran todav¨ªa alguna ayuda p¨²blica". Tampoco se refiere este an¨¢lisis a las explotaciones agr¨ªcolas del grupo Rumasa.

Respecto a las empresas comerciales e industriales, el director general manifiesta un cierto pesimismo en cuanto a las posibilidades de su no reprivatizaci¨®n, "debido a un inevitable deterioro, ajeno a la competencia y voluntad de los actuales gestores p¨²blicos". Las empresas no bancarias -prosigue- sufren una impresionante descapitalizaci¨®n, y una cierta parte de sus altos ejecutivos "no son precisamente partidarios de la situaci¨®n actual". "En estas condiciones", juzga el director general, "a lo m¨¢s que es posible aspirar es a gestionar con la diligencia de un padre de familia conservador que va a menos. Gr¨¢ficamente, estamos administrando una quiebra m¨¢s que unas empresas, y los resultados no podr¨¢n ser ni m¨ªnimamente brillantes". Quiere ello decir que, adem¨¢s de las razones de ¨ªndole pol¨ªtica, hay razones t¨¦cnicas que aconsejan la reprivatizaci¨®n de las empresas no bancarias.

Cara a esa tercera etapa de reprivatizaci¨®n y gesti¨®n empresarial, el director general propone un organigrama en el que se separa la divisi¨®n bancaria y en el que desaparecen los administradores generales, sustituidos por un administrador ¨²nico con experiencia empresarial, para que gestione las empresas del grupo hasta su reprivatizaci¨®n. La organizaci¨®n que ha venido funcionando hasta ahora -a juicio de la Direcci¨®n General del Patrimonio- era un "puro dislate", pese a lo que ha funcionado "razonablemente bien". El proceso de reprivatizaci¨®n deber¨ªa concluirse, seg¨²n el director general, en un plazo de dos a?os a contar desde su inicio; existen muchas complejidades t¨¦cnicas: la hetereogeneidad de las empresas, la necesidad de preservar, al menos en cierta medida, la causa expropiatoria que en lo relativo al mantenimiento de empleo incide sobre dos de las empresas m¨¢s importantes (Galer¨ªas Preciados y Constructora Hispano-Alemana), dificultad de hallar un grupo solvente que compre en bloque la cadena hotelera (Hotasa), cuya enajenaci¨®n a extranjeros puede no resultar conveniente para los intereses del sector tur¨ªstico nacional.

Alejar del proceso a las altas instancias

La Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado estima que es alejar a las m¨¢ximas instancias pol¨ªticas del Ejecutivo del proceso, de suerte que no intervengan formalmente "sino para capitalizar a su favor decisiones positivas". El procedimiento a seguir, seg¨²n el informe confidencial, ser¨ªa el siguiente: creaci¨®n de un pool de organizaciones profesionales especializadas. Se suscribir¨ªa un contrato entre el pool y la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado, y el pool actuar¨ªa en la doble condici¨®n de asesor (adviser) y de intermediario (broker), siempre en ¨²ltima instancia por cuenta del vendedor, es decir, la direcci¨®n general. En su condici¨®n de asesor perfilar¨ªa la estrategia de venta (Galer¨ªas Preciados tiene prioridad absoluta), teniendo en cuenta los siguientes elementos: precio m¨¢ximo de venta compatible con rapidez, solvencia empresarial en el doble orden de gesti¨®n y financiero, y mantenimiento de empleo.El pool deber¨ªa estar integrado por cinco firmas: tres espa?olas y dos extranjeras. "En Espa?a", afirma el informe, "los ¨²nicos brokers existentes, que, adem¨¢s, han demostrado inter¨¦s, son la divisi¨®n industrial del grupo Hispano-Urquijo, el Banco del Progreso, del grupo March, y la divisi¨®n industrial del Banco de Bilbao. Una de las m¨¢s importantes organizaciones norteamericanas, The First Boston Corporat¨ªon, se ha tomado gran inter¨¦s, al igual que las tambi¨¦n norteamericanas Lehman Brothers y Dillon Read.

De los europeos, ha dado se?ales de estar interesado el grupo Rothschild brit¨¢nico. Para dar rapidez al proceso y resolver las fricciones que eventualmente surjan entre los componentes del pool, la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado propone la creaci¨®n de un comit¨¦ t¨¦cnico de valoraci¨®n y negociaci¨®n de propuestas, que actuar¨ªa con alto grado de confidencialidad y cuya creaci¨®n no deber¨ªa recibir publicidad. El informe sugiere tres personalidades que conocen bien el grupo Rumasa (Ricardo Bolufer, Juan Llad¨® y J. M. Mart¨ªn Oviedo). A trav¨¦s de un decreto se constituir¨ªa tambi¨¦n una comisi¨®n de vigilancia y asesoramiento, integrada por representantes del Colegio Notarial, Colegio de Registradores, s¨ªndico de la Bolsa de Madrid, Colegio de Corredores de Comercio y C¨¢mara de Comercio de Madrid.

Al parecer, la mayor parte de las recomendaciones incluidas en este informe han sido aceptadas por el Ministerio de Econom¨ªa.

Con independencia del destino final de los bancos de Rumasa, el Gobierno debe acordar cuanto antes la enajenaci¨®n directa de las participaciones bancarias expropiadas en el Fondo de Garant¨ªa.

La direcci¨®n general estima que la rapidez que debe aplicarse a la reprivatizaci¨®n de las empresas del grupo no es aplicable a las bancarias, "donde factores pol¨ªticos gravitan con fuerza muy superior a los t¨¦cnicos". Aun as¨ª, se considera muy urgente que el Gobierno decida si piensa reprivatizarlos o no. La solidez de las instituciones bancarias -se explica- descansa en la confianza del p¨²blico.

Francisco Javier Moral considera justificado, como mal menor, que el Banco de Espa?a, v¨ªa Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, ejerza la direcci¨®n de los bancos expropiados, "hasta tanto el Ejecutivo no decida la procedencia de superar la contradictoria y conflictiva situaci¨®n presente". Pero el director general solicita que la titularidad jur¨ªdica de las acciones de los bancos y del resto de las empresas se sit¨²en en distintas manos, es decir, que en el caso de que no se reprivaticen, las participaciones bancarias sean ubicadas en otra esfera p¨²blica distinta a la del Patrimonio del Estado. "Este director general considera ineficiente asumir responsabilidades org¨¢nicas te¨®ricas en un proceso en el que figurar¨ªa como parte vencedora y, sin embargo, acerca del cual poseer¨ªa una desinformaci¨®n pantagru¨¦lica y una nula influencia decisoria".

La enajenaci¨®n directa de las participaciones bancarias expropiadas en el Fondo de Garant¨ªa ser¨ªa una salida para evitar una "situaci¨®n insostenible", en la que "delicad¨ªsimas responsabilidades legales son asumidas por quien, de hecho, carece de competencias, y a este respecto me preocupa que lo que haya ocurrido en el pasado est¨¦ ocurriendo en el presente o pueda ocurrir en el futuro en el ¨¢mbito del Banco Atl¨¢ntico, que inquieta en todos los aspectos bastante m¨¢s que la suma de los 17 restantes expropiados". El Patrimonio del Estado afirma que no modificar la situaci¨®n actual supondr¨ªa exigirle que permita la enajenaci¨®n de esas acciones "ignorando lo que vende, ni por cu¨¢nto lo vende, ni la raz¨®n por la que lo vende a cada quien, sea organismo p¨²blico o entidad privada".

El autor del informe cree que las disposiciones reguladoras del Fondo no impiden la cooperaci¨®n que ¨¦l propone, aunque admite que tal vez habr¨ªa que introducir alguna cl¨¢usula espec¨ªfica en las normas de rango de decreto.