Hacienda investiga otra vez las entregas de dinero de Rumasa a personas del Opus Dei

Varios inspectores de Hacienda han investigado a fondo, por segunda vez, las entregas financieras ordenadas por Ruiz-Mateos al Instituto de Educaci¨®n e Investigaci¨®n (IEI), promovido por diversas personalidades del Opus Dei. La inspecci¨®n fue abierta de nuevo por sugerencia de los fiscales encargados de denunciar los aspectos penales del caso Rumasa, despu¨¦s de apuntar que en la operaci¨®n se pudo incurrir en delito fiscal penado con la c¨¢rcel. Si prosperara tal calificaci¨®n, una de las. consecuencias m¨¢s probables, seg¨²n medios jur¨ªdicos, ser¨ªa lla eventual implicaci¨®n del ex ministro Gregorio L¨®pez Bravo, gestor de tales apoyos y presidente del IEI.El trabajo encomendado a los inspectores, de acuerdo, con la informaci¨®n confirmada en medios de la Administraci¨®n, ha sido analizar la gesti¨®n y vincula ciones que rodearon a la entrega de letras por valor de 1.500 millones de pesetas, cantidad de la cual fue cobrada una parte.

Tras analizar la documentaci¨®n recibida, los fiscales observaron la necesidad de profundizar en los datos. No obstante, apuntaron, seg¨²n las versiones disponibles, que se hablaba en los mismos de donaci¨®n. Este acto jur¨ªdico debe ser gravado con elevados impuestos, que superan la mitad del valor de los bienes transmitidos si no hay vinculaci¨®n de parentesco entre los transmisores. Y los fiscales recordaron que no se hab¨ªan comprobado pagos a Hacienda.

Las dificultades para llegar a conclusiones determinantes parecen ser, sin embargo, numerosas. Rumasa Mateos, hab¨ªa contabilizado la transmisi¨®n como "donaci¨®n", seg¨²n consta en los apuntes descubiertos por los administradores nombrados por el Gobierno. Pero se ha sabido que el Instituto de Educaci¨®n e Investigaci¨®n la hab¨ªa registrado como pr¨¦stamo, no susceptible de dicho impuesto.

Comprobaciones

De momento, el primer paso ordenado desde Econom¨ªa y Hacienda consiste en inducir la calificaci¨®n jur¨ªdica de las ayudas, para distinguir si fueron pr¨¦stamo o donativo. Luego se tratar¨ªa de concretar, en su caso, qui¨¦n deber¨ªa pagar.

Seg¨²n fuentes allegadas a la inspecci¨®n, tambi¨¦n est¨¢ resultando complicado avanzar en la obtenci¨®n de conclusiones inmediatas, porque los administradores del instituto ten¨ªan mucha experiencia en la constituci¨®n de sociedades. Junto a L¨®pez Bravo figuraban el notario V¨ªctor Manuel Garrido de Palma, el banquero Enrique Sendagorta (consejero del Vizcaya, presidente de Induban y presidente de honor de Petronor), el catedr¨¢tico de Qu¨ªmica Agr¨ªcola Octavio Carpena Artes, el abogado Ram¨®n Mas y Calvet y el catedr¨¢tico de Pol¨ªtica Econ¨®mica Javier Irastorza Revuelta, jefe del gabinete de estudios de la Comisar¨ªa del Plan de Desarrollo y luego jefe de la asesor¨ªa econ¨®mica de la Presidencia del Gobierno.

Otras dudas proceden de que el IEI no hab¨ªa realizado hasta el momento ninguna actividad, as¨ª como de su aparentemente escasa vinculaci¨®n a otras empresas del grupo. Constituido el 15 de diciembre de 1981, su capital de 50 millones fue desembolsado en junio de 1982 (el 25% por el Instituto brit¨¢nico), siendo ¨¦ste su primer ejercicio. En cuanto a sus relaciones con el grupo Rumasa, ha trascendido que las tuvo con una empresa del holding, en fase muy inicial, por lo que se limitaron a la matriz y, fundamentalmente, al propio Ruiz-Mateos.

Las ayudas descubiertas en mayo pasado por los nuevos administradores de Rumasa se remontaban a mayo de 1981, cuando la inmobiliaria Hispano Alemana (40% de propiedad directa de Rumasa) libr¨® cinco letras de 300 millones de pesetas cada una, sin contrapartida aparente. Los efectos fueron aceptados despu¨¦s como librado por la cabecera Rumasa y endosados al instituto. Los vencimientos eran anuales, de 1981 a 1985. Por este aplazamiento de los pagos, Rumasa se comprometi¨® a pagar un 10% de lo no cobrado. Y el fruto de las dos letras ya vencidas fue ingresado en una cuenta de Rumasa denominada Operaci¨®n Ejecutivo, que pagaba un 20% de inter¨¦s. As¨ª, el saldo en el momento de la expropiaci¨®n era de 598 millones, correspondientes a los 150 millones del 10% sobre los 1.500 totales, los 300 de la letra cobrada en 1981, los 120 millones de pesetas de la segunda anualidad del 10% y los 300 millones de la segunda letra, todo ello menos retiradas de fondos por valor de 270 millones.