La Administraci¨®n estafa a la Administraci¨®n

Invenci¨®n de tasas, disposiciones de dudosa legalidad que han permitido embolsarse a grandes transportistas cantidades superiores a los 1.500 millones de pesetas, cuentas bancarias extraoficiales de libre disposici¨®n a nombre de tres funcionarios y con saldos medios superiores a los 600 millones de pesetas, adjudicaci¨®n de contratas a empresas irregulares propiedad de familiares de los responsables de la Administraci¨®n y ausencia de los m¨¢s elementales criterios de contabilidad p¨²blica en buen n¨²mero de partidas son algunas de las irregularidades observadas por la Inspecci¨®n General de Servicios del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en la Direcci¨®n General de Transportes Terrestres y en las jefaturas provinciales de dicha direcci¨®n.La inspecci¨®n, ordenada a los pocos d¨ªas de tener acceso al cargo de ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones Enrique Bar¨®n, todav¨ªa no ha concluido; pero, dada la gravedad de las irregularidades y anomal¨ªas ya observadas, el asunto ha sido elevado a Consejo de Ministros y remitido al Tribunal de Cuentas, a la Intervenci¨®n General del Estado, Fiscal¨ªa del Estado y tribunales ordinarios. Fuentes del citado Ministerio de Transportes, alegando que el asunto se encuentra pendiente de resoluci¨®n, han declinado hacer cualquier nuevo comentario sobre este esc¨¢ndalo, y ¨²nicamente han insistido en circunscribir el mismo a unas decenas de funcionarios "que no pueden poner en entredicho la honestidad de los cerca de 1.000 funcionarios con que contaba el ministerio cuando sucedieron los, hechos".

Or¨ªgenes del esc¨¢ndalo

El sector del transporte, implicado en uno de los hechos m¨¢s negros de la transici¨®n (la matanza de abogados laboralistas de la calle de Atocha) y asilo de fascistas del antiguo sindicato vertical en alguna de las grandes empresas, protagoniz¨® una huelga -que pr¨¢cticamente paraliz¨® durante varios d¨ªas el transporte de mercanc¨ªas por carretera- en las primeras semanas del primer Gobierno democr¨¢tico espa?ol. En aquellas fechas, seg¨²n se refleja en las informaciones publicadas por este diario en los primeros d¨ªas de agosto de 1977, uno de los principales dirigentes de la patronal en sus contactos con la Administraci¨®n fue el propietario de Mateu & Mateu, conocido por "el rey del transporte". Dos a?os despu¨¦s, la citada firma procedi¨® a una oscura declaraci¨®n de quiebra que sac¨® a la luz numerosas irregularidades, provoc¨® dos autos de procesamiento y orden de busca y captura contra Mariano Mateu.

En este clima de huelga, el ministro de Transportes, Jos¨¦ Llad¨®, llega a un acuerdo con los camioneros para poner fin al paro. El acuerdo se plasma en una orden ministerial de 4 de agosto de 1977, por la que se estableci¨® la reducci¨®n progresiva de las cuant¨ªas del canon de coincidencia (cantidad que se abona al Tesoro y a los ferrocarriles en trayectos competitivos tren-carretera) correspondiente a los transportes p¨²blicos discrecionales. Esta orden ministerial, a juicio de los actuales auditores, puede ser nula de pleno derecho, porque por una simple disposici¨®n administrativa no se pueden vulnerar preceptos de una ley. La aplicaci¨®n de la citada orden, siempre seg¨²n estimaciones de la Administraci¨®n, ha supuesto una importante minoraci¨®n de ingresos al Tesoro y unos beneficios adicionales para los transportistas del orden de 1.500 millones de pesetas.

Una situaci¨®n similar se produjo dos a?os m¨¢s tarde, cuando era titular del ministerio Salvador S¨¢nchez Ter¨¢n, y subsecretario, su hombre de confianza, Alejandro Rebollo. En esta ocasi¨®n, la orden ministerial de 28 de noviembre de 1979 reduce dr¨¢sticamente el canon para los servicios regulares de transportes, con la particularidad de regalar la mayor parte del citado canon, que legalmente se sigue cobrando a los viajeros sin disminuci¨®n alguna, a las empresas transportistas. De la cantidad percibida por ¨¦stos, s¨®lo una 76? parte se entrega al Tesoro y a los ferrocarriles (un 4% de la cantidad va al Tesoro, y el resto, a los ferrocarriles).

Esta disposici¨®n de S¨¢nchez Ter¨¢n, que incurre tambi¨¦n en nulidad de pleno derecho, ha beneficiado a las empresas de forma "solapada" e "injustificada" (ambos calificativos, seg¨²n ha sabido este diario, aparecen en el informe de la inspecci¨®n). Las empresas se han venido apropiando del 98,68% del canon de coincidencia cobrado a los usuarios, lo que, seg¨²n estimaciones, les ha podido suponer ingresos extras de unos 1.900 millones de pesetas a partir de la citada orden.

Cuentas corrientes incontroladas

El esc¨¢ndalo no acaba ah¨ª. Los fondos procedentes de la recaudaci¨®n del canon de coincidencia se ingresan en cuentas corrientes privadas, abiertas en toda Espa?a, en los bancos Hispano Americano, Banesto y Central. Estas cuentas no han sido autorizadas por Hacienda ni tienen el car¨¢cter de restringidas, por lo que sus fondos son de libre disposici¨®n. Las cuentas centrales, que reciben las transferencias de las agencias bancarias en provincias, est¨¢n a nombre de tres funcionarios: Diego Calleja Gonz¨¢lez, Ricardo Allu¨¦ Chico y Juan Cham¨®n L¨®pez.

Desde estas cuentas se remite al Tesoro, con retraso de hasta 18 meses, la parte que le corresponde el canon de coincidencia, y con morosidad parecida se remiten los fondos correspondientes a Renfe. Los movimientos de estas irregulares cuentas bancarias no se circunscriben s¨®lo a estas operaciones. Con estos fondos (recaudaciones, recargos e intereses) se han pagado n¨®minas del personal al servicio de la Oficina del Canon, se han otorgado gratificaciones a funcionarios, se han abonado gastos ordinarios de funcionamiento (recibos de luz, tel¨¦fono, etc¨¦tera), se han dado dietas, adelantos a cuenta e incluso atenciones sociales. Gastos que deber¨ªan haberse afrontado en muchos casos con cargo a los correspondientes cr¨¦ditos presupuestarios y que en otros casos no deber¨ªan haberse realizado.

De todos modos, y aparte de las discutibles facturas y justificantes presentados a movimientos de las citadas cuentas, la inspecci¨®n ha encontrado salidas de fondos sin justificaci¨®n alguna, por un importe superior a los 100 millones de pesetas. Entre las variopintas operaciones efectuadas con esta cuenta hay que citar un adelanto de m¨¢s de 48 millones de pesetas a la empresa Maribel Artes Gr¨¢ficas (firma que tiene un papel destacado en todo este esc¨¢ndalo), una subvenci¨®n de medio mill¨®n de pesetas a una patronal del sector (Federaci¨®n Nacional Empresarial de Transporte Interurbano de Viajeros de Madrid) y adelantos de dinero a varios funcionarios.

Estas cuentas han llegado a tener saldos medios entre 600 y 700 millones de pesetas, entre 1978 y 1980, y en unos 80 millones, en 1981 y 1982. Su retribuci¨®n ha oscilado entre el 2,75% y el 3,75%, en una ¨¦poca en que han sido frecuentes los pagos de extratipos. Sobre este ¨²ltimo extremo, nada ha sido observado por la inspecci¨®n hasta el momento.

Maribel y la extra?a familia

El embrollo tiene otros hilos conductores. Hay que volver a 1978, fecha en la que un hombre muy vinculado a Mateu & Mateu, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa L¨®pez, a la saz¨®n director general de Transportes, env¨ªa una circular a las jefaturas regionales -que hoy la inspecci¨®n ha comprobado que no iba firmada, pero que fue cumplida- que da origen al trabucazo. El trabucazo, en la jerga del sector, sirve para calificar tasas pintorescas sin amparo legal alguno y recargos arbitrarios que se han venido cobrando a los transportistas.

Estas irregularidades, que han afectado a la pr¨¢ctica totalidad de las jefaturas regionales, primero, y provinciales, despu¨¦s, de Transportes, han consistido en lo siguiente: aplicaci¨®n simult¨¢nea a un mismo hecho imponible de diversas tasas o exacciones, percepci¨®n de cantidades adicionales a las tasas legalmente establecidas, exigencia de cantidades no previstas legalmente (se ha llegado a cobrar la compulsa de documentos innecesarios y el plastificado de tarjetas) y extensi¨®n de autorizaciones de transporte a supuestos no contemplados por la tasa correspondiente.

Todas estas cantidades, al igual que en el caso relatado del canon de coincidencia, son ingresadas en oficinas de 11 entidades bancarias en toda Espa?a. Los fondos, tambi¨¦n en este caso, sirven para abonar gastos de funcionamiento, otorgarse gratificaciones y contratar personal at¨ªpico.

Dentro de estas curiosas operaciones hay que destacar la correspondiente a los libros de declaraci¨®n administrativa de porte: el precio de los mismos se fijaba arbitrariamente; la edici¨®n se adjudicaba discrecional e ilegalmente, a precios abusivos, a una empresa denominada Maribel Artes Gr¨¢ficas. Esta firma, de legalidad precaria seg¨²n la inspecci¨®n (careci¨® de licencia fiscal y no estaba inscrita en el Registro Mercantil), es propiedad de familiares directos de un hombre de Alejandro Rebollo, que fue alto cargo del ministerio y que pas¨® a Renfe al ser nombrado presidente de dicha empresa este ¨²ltimo. Fuentes de la Administraci¨®n se?alan que el funcionario presuntamente vinculado a la citada empresa es Aquilino Pe?a (este diario intent¨® infructuosamente conectar con ¨¦l para que aclarara sus relaciones con la firma de artes gr¨¢ficas). Sin concurso alguno, incumpliendo todas las normas exigibles para una adjudicaci¨®n, Maribel Artes Gr¨¢ficas logr¨® que se le encomendara la confecci¨®n del citado libro de declaraci¨®n de porte. Con ello obtuvo una facturaci¨®n media de unos 55 millones anuales y disfrut¨® de un generoso adelanto de 48 millones, procedente de las irregulares cuentas p¨²blico-privadas de las que dispon¨ªan los mencionados Calleja, Allu¨¦ y Cham¨®n. Con todo ello, el libro se vend¨ªa a los transportistas a 400 pesetas ejemplar, cuando la inspecci¨®n, tras pedir presupuesto a distintas empresas de artes gr¨¢ficas, estima que hoy valdr¨ªa cada ejemplar unas 160 ¨® 170 pesetas, como mucho.

La investigaci¨®n ordenada por Enrique Bar¨®n es la primera que se realiza sobre estos hechos a nivel de toda Espa?a, aunque su predecesor, Luis G¨¢mir, hab¨ªa ordenado, meses antes de cesar, una auditor¨ªa en la Jefatura de Transportes de Sevilla tras una denuncia de la Junta de Andaluc¨ªa. Las infracciones observadas suponen el quebrantamiento de m¨²ltiples leyes e indicios suficientes para la posible exigencia de responsabilidades penales. La investigaci¨®n no ha acabado, y muchos piensan que si hay voluntad pol¨ªtica y se sigue tirando del hilo podr¨ªa llegarse a desvelar oscuros acontecimientos de la historia pol¨ªtica reciente.