Sociedad y pol¨ªtica de defensa
Una de las tareas planificadoras que corresponden a un Estado social de derecho es la relativa a su pol¨ªtica de defensa. Corresponde al Estado determinar su contenido y lograr la m¨¢xima adhesi¨®n posible por la sociedad. Ambas responsabilidades no se han asumido, a mi juicio, en nuestro pa¨ªs con la suficiente intensidad que su trascendencia social requiere. La opini¨®n p¨²blica no ha tenido acceso a los principios de nuestra defensa m¨¢s que de una forma fragmentaria y difusa, por lo que ignora sus objetivos y m¨¦todos.Durante las ¨²ltimas d¨¦cadas se ha producido una desvinculaci¨®n de la sociedad respecto a su defensa, debido al car¨¢cter tutelar del sistema pol¨ªtico anterior. Pero ni esta desvinculaci¨®n tradicional ni los problemas que conlleve el asumir esta responsabilidad justifican, en una sociedad democr¨¢tica como la actual, el car¨¢cter esot¨¦rico con el que se rodean sus contenidos.
Asunci¨®n civil
El protagonista de una pol¨ªtica de defensa es la propia sociedad, y sus ¨®rganos ejecutivos no pueden aislar a ¨¦sta del papel que le corresponde. No basta que nuestras elites definan el inter¨¦s general, sino que ¨¦ste debe trascender a la comunidad para que ¨¦sta lo asuma o lo conteste por las v¨ªas democr¨¢ticas existentes, participando de esta manera en la elaboraci¨®n del proyecto com¨²n que debe ser la defensa.
Existe cierta tendencia a confundir pol¨ªtica de defensa con pol¨ªtica militar, y entre ambos conceptos ho s¨®lo media una distinci¨®n cualitativa de g¨¦nero a especie, sino una cualitativa de competencia. La pol¨ªtica de defensa, como se?ala su ley org¨¢nica, no es s¨®lo competencia de los militares. La sociedad no debe delegar en su administraci¨®n militar otras funciones que las asesoras.
Es cierto que la sociedad civil ha retomado muchas funciones en este campo, pero sigue existiendo un vac¨ªo de participaci¨®n a nivel de contenidos. A nivel de formas puede que se haya progresado m¨¢s, pero sigue pendiente esa convocatoria social a la discusi¨®n y participaci¨®n en nuestra pol¨ªtica de defensa.
La reserva l¨®gica piara algunos asuntos no debe transformarse en una raz¨®n de Estado que perpet¨²e el divoircio existente entre la sociedad y su defensa.
No se puede pedir a la opini¨®n p¨²blica que se vincule a la tarea de su defensa cuando s¨®lo conoce sus aspectos gravosos, como los costes econ¨®micos, las servidumbres del servicio militar o los riesgos de una confrontaci¨®n b¨¦lica. M¨¢s a¨²n, desde esta perspectivia de desconocimiento y desvinculaci¨®n respecto a un tema tan complejo, una consulta a esta opini¨®n p¨²blica como la que se anuncia, puede carecer de la objetividad necesaria.
Asunci¨®n urgente
Se deben explicitar las razones de inter¨¦s social que justifican la necesidad de la, defensa. De no ser as¨ª, se fomenta la apat¨ªa, la contestaci¨®n y el deterioro de las instituciones vinculadas a la defensa.
Esta asunci¨®n de responsabilidades y esta transparencia necesaria deben realizarse de forma inmediata, ya que la determinaci¨®n de una pol¨ªtica de defensa coherente es una condici¨®n previa a cualquier planificaci¨®n o reforma que se quiera realizar.
Debido a la complejidad de la estructura a coordinar bajo los presupuestos de una pol¨ªtica de defensa y que ¨¦sta no puede modificarse a corto plazo, cualquier planificaci¨®n a plazo superior necesita una pol¨ªtica definida y estable por cuanto las decisiones de hoy comprometen y gravan las del ma?ana. No existiendo la posibilidad de cambios bruscos, la determinaci¨®n es urgente y anterior a cualquier otra acci¨®n a tomar. De lo contrario se corre el riesgo de estar perdiendo tiempo y recursos o, lo que es peor, de acometer reformas en el vac¨ªo, sin compatibilidad con una pol¨ªtica posterior, lo que complicar¨ªa nuestra situaci¨®n futura.
Urge por tanto abordar la determinaci¨®n, la transparencia y la discusi¨®n de nuestra pol¨ªtica de defensa. La sociedad no se interesa ni se siente segura con lo que desconoce en t¨¦rminos concretos e inmediatos.
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