Las finanzas de los ayuntamientos

LA DECISI?N de poner freno al gasto p¨²blico y la necesidad de reducir el d¨¦ficit presupuestario fuerzan al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez a incumplir parcialmente algunos de los compromisos del programa electoral socialista, que precisan para su realizaci¨®n la correspondiente asignaci¨®n de recursos. Si bien cabr¨ªa formular una cr¨ªtica retrospectiva de la excesiva alegr¨ªa electoralista del PSOE a la hora de anunciar reformas que exig¨ªan una financiaci¨®n por encima de las posibilidades presupuestarias, s¨®lo la irresponsabilidad o la demagogia podr¨ªan hoy descalificar al Gobierno por sus esfuerzos orientados a salvar al Estado de la quiebra fiscal. El descubrimiento por los gobernantes socialistas de que la situaci¨®n de la Hacienda espa?ola a finales de 1982 era peor de lo que hab¨ªan sospechado mientras permanec¨ªan en la oposici¨®n ensancha a¨²n m¨¢s la brecha entre los proyectos deseables y los programas realizables. Las cuentas pendientes del grupo de Banca Catalana, la expropiaci¨®n de Rumasa -cuya factura crece de d¨ªa en d¨ªa- y las catastr¨®ficas inundaciones del pasado mes de agosto limitan al m¨¢ximo el margen de maniobra presupuestario del Gobierno y le obligan a rebajar dr¨¢sticamente las generosas ofertas de la campa?a electoral. Partiendo del dato inexcusable de que no hay m¨¢s cera que la que arde, ¨²nicamente cabe analizar si la pol¨ªtica presupuestaria de asignaci¨®n de los recursos escasos posee racionalidad interna y respeta las prioridades b¨¢sicas.Seg¨²n informaciones oficiosas, los Presupuestos Generales del Estado para 1984 destinar¨¢n tan s¨®lo 35.000 millones a sufragar los d¨¦ficit acumulados por los ayuntamientos entre 1979 y 1982, pese a que el ministro de Administraci¨®n Territorial hab¨ªa anunciado en el Senado durante el pasado mes de febrero, cuando las elecciones locales se perfilaban en el horizonte, el compromiso del Gobierno de absorber, entre 1983 y 1984, la totalidad de esa deuda, estimada en 100.000 millones de pesetas. Matizaciones oficiosas posteriores, seguramente aconsejadas, por el Ministerio de Hacienda, rebajaron esa cifra a 70.000 millones de pesetas, frente a los 130.000 millones alegados por la Federaci¨®n Espa?ola de Municiplos, que libr¨®, durante la anterior legislatura, una dura batalla para conseguir que la Administraci¨®n de UCD se Ibiciera cargo ¨ªntegramente de los d¨¦ficit acumulados por los ayuntamientos.

Para frustraci¨®n de las esperanzadas corporaciones democr¨¢ticas, los Presupuestos Generales del Estado de 1983, aprobados en la pasada primavera de este a?o, no incluyeron partida alguna destinada a sufragar los d¨¦ficit munlicipales. El Gobierno, no obstante, prepar¨® un proyecto de ley de medidas urgentes de saneamiento y regulaci¨®n de las haciendas locales que se compromet¨ªa a asumir, la totalidad de esos d¨¦ficit. El proyecto, remitido a las Cortes Generales hace tres meses, impone muy duras condiciones a los ayuntamientos deseosos de liberarse de sus deudas, entre ellas la nivelaci¨®n desde este a?o de sus presupuestos, el aumento de sus impuestos y congelaciones de plantillas y sueldos. Los ayuntamientos espa?oles comenzaron as¨ª a preparar sus cuentas para el pr¨®ximo ejercicio en el convencimiento de que los Presupuestos Generales del Estado de 1984 consignar¨ªan partidas para absorber la totalidad de sus d¨¦ficit. Pero la noticia oficiosa de que la dotaci¨®n destinada en los presupuestos de 1983 para afrontar los d¨¦ficit municipales ser¨¢ rebajada a 35.000 millones ha provocado en los ayuntamientos una nueva decepci¨®n. A las corporaciones locales s¨®lo les resta ya la esperanza de que los presupuestos de los a?os 1985 y 1986 absorban la totalidad de la deuda, tal y como el ministro de Administraci¨®n Territorrial ha prometido.

Simult¨¢ncamente, tambi¨¦n se anuncia oficiosamente que la participaci¨®n de las corporaciones locales en los Presupuestos Generales del Estado de 1984 ser¨¢ del 7,2%, frente, al 8% en los de 1983, de forma tal que la asignaci¨®n jocibal a los ayuntamientos espa?oles, seg¨²n estimaciones de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, se situar¨¢ en torno a los 234.000 millones. Sin embargo, el programa electoral del PSOE propugnaba que la participaci¨®n de la Administraci¨®n local en los Presupuestos Generales del Estado alcanzase el 12% porcentaje inferior al que suele darse en la gran mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos. Antes de alcanzar la mayor¨ªa parlamentaria, y cuando los socialistas ocupaban el poder en gran n¨²mero de los ayuntamientos espa?oles, el PSOE defendi¨® con entusiasmo la autonom¨ªa pol¨ªtica y econ¨®mica municipal. La Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias lanz¨® una en¨¦rgica campa?a frente al Gobierno centrista para exigir que las Cortes Generales debatiesen y aprobasen la ley b¨¢sica de R¨¦gimen, Local y la ley de Financiaci¨®n de las Haciendas Locales, los dos instrumentos normativos sobre los que debe asentarse la autonom¨ªa pol¨ªtica y financiera de los ayuntamientos espa?oles. Pero el retraso en la elaboraci¨®n de los proyectos legislativos y el bajo porcentaje de gasto p¨²blico asignado a las corporaciones locales muestran las inevitables diferencias que hay siempre entre lo pintado y lo vivo.

En cualquier caso, la rumoreada reducci¨®n tanto de las sumas destinadas a amortizar el d¨¦ficit municipal acumulado como de la participaci¨®n de los ingresos locales en los Presupuestos Generales del Estado -medidas comprensibles en t¨¦rminos hacend¨ªsticos, pero lesivas, para las corporaciones- no s¨®lo incumple uno de los compromisos electorales del PSOE, sino que adem¨¢s asesta un duro golpe a las ya malparadas econom¨ªas de los ayuntamientos espa?oles, que se ver¨¢n obligados a endeudarse m¨¢s y a aumentar la presi¨®n impositiva sobre los ciudadanos. Parad¨®jicamente, la honestidad de la pol¨ªtica restrictiva del gasto p¨²blico del Gobierno le ha llevado a castigar especialmente a las corporaciones municipales de mayor¨ªa socialista, ya que la abstinencia presupuestaria en el ¨¢mbito local obligar¨¢ a los alcaldes del PSOE de las ciudades con mayor d¨¦ficit (en especial, Madrid y Barcelona) a pagar un elevado coste pol¨ªtico por las medidas impopulares que la escasez impone. En todo caso, parece razonable la propuesta de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios de que el Gobierno, a trav¨¦s del Banco de Cr¨¦dito Local, habilite l¨ªneas de cr¨¦dito para los ayuntamientos m¨¢s endeudados a cuenta de las partidas que vayan a incluirse en los Presupuestos Generales del Estado de 1985 y 1986.