El Congreso reelige a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional

El pleno del Congreso de los Diputados renov¨® ayer el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, sobre cuya continuidad correspond¨ªa decidir, desde finales del pasado a?o, seg¨²n la ley org¨¢nica del alto tribunal. Asimismo, el pleno rechaz¨® las dos enmiendas del Grupo Popular a la totalidad del proyecto de ley de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las formuladas con igual car¨¢cter por el mismo grupo y por los diputados centristas y comunistas contra la el proyecto de ley de medidas urgentes de saneamiento de las haciendas locales. La oposici¨®n critic¨® especialmente el recargo municipal que dicha ley permitir¨¢ en el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas.Los magistrados del Tribunal Constitucional cuya elecci¨®n se someti¨® al pleno de la C¨¢mara fueron Antonio Truyol, Manuel D¨ªez de Velasco, Francisco Tom¨¢s y Valiente y Francisco Rubio Llorente. La mayor¨ªa necesaria era de 208 votos, que qued¨® superada holgadamente, gracias al acuerdo entre los grupos socialista y popular. Los dos primeros magistrados citados obtuvieron 255 votos, y un voto menos los otros dos. Con este resultado se cancela uno de los problemas parlamentarios m¨¢s enojosos de la actual legislatura, debido a la posici¨®n socialista inicialmente favorable a confirmar solamente a dos de estos magistrados y a sustituir a los otros dos: Rubio Llorente y Truyol.

El Tribunal Constitucional se compone de doce magistrados, cuatro de ellos elegidos por el Congreso.Otros cuatro por el Senado y los cuatro restantes, dos designados por el Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. A finales de 1982 se decidi¨® por sorteo el grupo que deb¨ªa de iniciar la renovaci¨®n, prevista por terceras partes cada tres a?os. La pr¨®xima renovaci¨®n corresponder¨¢ a finales de 1985.

La posici¨®n socialista favorable a prorrogar el mandato de s¨®lo dos de los cuatro magistrados elegidos por el Congreso choc¨® con la actitud del Grupo Popular, que prefer¨ªa la renovaci¨®n o la confirmaci¨®n de los cuatro en bloque. La. sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, desfavorable para el Gobierno y la mayor¨ªa socialista, hizo cambiar de criterio al PSOE, que entendi¨® que de mantener sus prop¨®sitos de renovaci¨®n parcial podr¨ªa interpretarse como una forma de castigo a unos magistrados respecto a otros. Al menos, este es el argumento oficiosamente esgrimido sobre el cambio de actitud socialista, aunque la votaci¨®n de los doce magistrados del Tribunal Constitucional fue un¨¢nime en lo que se refiere a la LOAPA.

Debate de totalidad

El pleno rechaz¨® las dos enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil formuladas por el Grupo Popular y defendidas por Jos¨¦ Mar¨ªa -Ru¨ªz Gallard¨®n. En el debate, muy t¨¦cnico-jur¨ªdico, Ru¨ªz Gallard¨®n propuso la devoluci¨®n al Gobierno del proyecto de ley y defendi¨®, alternativamente, un texto sustitutorio. Entre otros argumentos estim¨® que la falta de leyes como la Org¨¢nica del Poder Judicial y la de Bases de la Administraci¨®n de Justicia hac¨ªan inutil el texto a debate. El socialista Antonio Sotillo se opuso a ambas enmiendas y sugiri¨® que las enmiendas al proyecto gubernamental se introdujeran durante los debates en ponencia y comisi¨®n.

El otro gran debate de totalidad se refiri¨® al proyecto de ley de medidas urgentes de saneamiento de las haciendas locales. Desde distintas perspectivas, la oposici¨®n critic¨® una de las innovaciones del proyecto, consistente en la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan un recargo en el impuesto sobre la renta.

El centrista Jos¨¦ Miguel Bravo de Laguna y el diputado del Grupo Popular Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar pidieron la devoluci¨®n del proyecto al Gobierno, mientras que el comunista Fernando P¨¦rez Royo, propuso un texto alternativo y justific¨®, en t¨¦rminos generales, el intento gubernamental de sanear las haciendas locales, si bien discrep¨® sobre el procedimiento.

Bravo de Laguna asegur¨® que el recargo municipal sobre el impuesto de la renta es injusto, ya que queda al arbitrio de los ayuntamientos decidir para sus residentes un, recargo sin l¨ªmite alguno y que afectar¨¢ por igual. a pobres y a ricos y a personas cuya renta proceda del trabajo o del capital. En igual sentido, Aznar asegur¨® que "todos los espa?oles van a tener que rascarse el bolsillo para pagar los errores de unos pocos".

El socialista Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n se opuso a las tres enmiendas y critic¨® a los grupos de la derecha por intentar negarse a un saneamiento de las corporaciones locales, que arrastran un d¨¦ficit acumulado desde hace muchos a?os, precisamente ahora, cuando "han dejado de ser burgos enmohecidos del franquismo". Frente a esta actitud, defendi¨® la voluntad socialista de superar definitivamente el ciclo del d¨¦ficit municipal.