?Se debe 'compensar' a las el¨¦ctricas?

El presidente de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) critica la ¨²ltima subida de las tarifas el¨¦ctricas que, en su opini¨®n, supone una imposici¨®n extrafiscal, destinada a amortizar el quebranto econ¨®mico que para las compa?¨ªas del sector supone la paralizaci¨®n de algunas centrales -nucleares, Los consumidores -dice- se ven obligados a costear inversiones que fueron producto de decisiones empresariales privadas y que no se ajustaron a las previsiones de la demanda.

El ¨²ltimo Consejo de Ministros, tras una tramitaci¨®n de urgencia, aut¨¦nticamente sin precedentes, aprob¨® una nueva subida de tarifas que el ministro del ramo, en la referencia subsiguiente, trat¨® de explicar. Inform¨® que se trataba, en parte, de una compensaci¨®n al quebranto que algunas compa?¨ªas pueden experimentar como consecuencia de la decisi¨®n, tambi¨¦n adoptada en el Consejo, de paralizar los planes de construcci¨®n y puesta en funcionamiento de algunas de las centrales nucleares inicialmente previstas en el Plan Energ¨¦tico Nacional (PEN).Un 3% de las tarifas que a partir de ahora pagaremos a las el¨¦ctricas, correspondientes a algo m¨¢s de la mitad de la nueva subida, ir¨¢ a parar a las arcas de quienes un d¨ªa, libremente, dentro del juego de econom¨ªa de mercado (por la que sin duda se manifiestan, y que, por otra parte, ampara nuestra Constituci¨®n), vamos a suponer, sencillamente, se equivocaron. ?Es justa esta extrafiscalidad (pues no puede d¨¢rsele otra consideraci¨®n a esta subida) destinada a beneficio de empresas privadas?

Dejemos de lado el procedimiento de la subida (sobre el que ya ha manifestado su enojo la organizaci¨®n que presido), que aut¨¦nticamente no tiene precedentes, como se dec¨ªa al principio, y que falta al compromiso, escrito, del propio ministro con quien esto escribe, que se?alaba, no hace mucho, que los ¨®rganos que aseguran una cierta participaci¨®n de los afectados por este tipo de subidas ser¨ªan consultados con la debida antelaci¨®n y el necesario detenimiento. La consulta fue de mero tr¨¢mite y a trota caballo. Dejamos tambi¨¦n ahora de lado la legalidad de la misma, a pesar de haberse guardado las correspondientes formalidades, en cuanto a que las tarifas deben ser equitativas, y en este caso hay fundamento, en virtud, precisamente, de ese destino que explicaba el ministro, para recurrirlas en alzada y en v¨ªa contencioso-administrativa, como va a hacer la OCU.

A lo que queremos referimos, en concreto, es a esa compensaci¨®n, independientemente de quien la pague, aunque nos duela, claro, que el pagano sea el consumidor.

Las centrales nucleares, decisi¨®n privada

Quiero, en primer lugar, reiterar que la decisi¨®n de construir las centrales objeto ahora de la paralizaci¨®n gubernamental fue una decisi¨®n de car¨¢cter empresarial, e incluso anterior al Plan Energ¨¦tico Nacional. ?ste, aprobado por las Cortes a finales de 1978, vino, ¨²nicamente, a bendecir lo que las el¨¦ctricas, por su cuenta y riesgo (debiera ser), hab¨ªan decidido. A nadie se le escapa que, d¨ªgaselo que se diga, en ¨¦ste, como en otros casos (y a uno de ellos, el Programa Sider¨²rgico Nacional y la IV Sider¨²rgica Integral a instalar en Sagunto, me refer¨ªa en una recienteTribuna libre de este peri¨®dico), no fueron los t¨¦cnicos de la Administraci¨®n del Estado (en muchos casos carente de ellos), sino los de las empresas del sector, los. que elaboraron las decisiones que, con membrete ministerial, se han oficializado m¨¢s tarde. Pero es que, adem¨¢s, los planes oficiales no obligaban. ?O s¨ª? Eran indicativos, como ha sido siempre, hasta ahora, la planificaci¨®n en nuestro pa¨ªs. ?Indujeron a error? Dif¨ªcilmente en el caso que estamos considerando, si las inversiones fueron decididas antes de que se aprobara el PEN. Adem¨¢s, ?de verdad que los expertos se cre¨ªan las cifras recogidas como previsiones?

La OCU y el PEN en 1978

La OCU, en 1978, antes de aprobarse el PEN, con los escas¨ªsimos recursos disponibles al respecto, limitados pr¨¢cticamente a un gabinete de estudios unipersonal, dijo rotundamente en abril y reiter¨®, antes del debate en el Congreso, en noviembre, as¨ª como en el curso de unas Jornadas sobre Energ¨ªa por ella organizadas, en Barcelona, que las previsiones de consumo energ¨¦tico eran err¨®neas y estaban sobrevaloradas. Que el procedimiento utilizado para realizar la previsi¨®n era inadecuado, ya que no pod¨ªa extrapolarse una situaci¨®n como la de los a?os sesenta y primera mitad de los setenta, no s¨®lo en cuanto a crecimiento del PIB, sino en cuanto a elasticidad de la demanda de energ¨ªa con respecto a aqu¨¦l.

El modelo elegido, dec¨ªamos, era el de la electrificaci¨®n. Se olvidaba, a?ad¨ªamos, que era posible efectuar importantes ahorros evitando derroches energ¨¦ticos, y que no era preciso, frente a la crisis energ¨¦tica plantearse c¨®mo producir m¨¢s por otros procedimientos, sino c¨®mo conseguir un mejor aprovechamiento energ¨¦tico. La energ¨ªa nuclear no era, a nuestro juicio, desde luego, la soluci¨®n. Hay otras fuentes alternativas, a las que se prestaba escas¨ªsima atenci¨®n. Pens¨¢bamos, en resumen, que el PEN pretend¨ªa justificar unas decisiones de nuclearizaci¨®n ya tomadas, probablemente en funci¨®n de intereses distintos a los de asegurar el abastecimiento energ¨¦tico o de evitar que tuvi¨¦ramos que volver al candil, como nos amenazaban entonces algunos empresarios del sector.

E, insisto, lo dijo la OCU (y lo recogi¨® la Prensa y un informe que recibieron todos los diputados del Congreso), sin contar para ello con un plantel de expertos en la materia. ?Las el¨¦ctricas se dejaron enga?ar por el PEN? ?O fueron ellas las que impulsaron la aprobaci¨®n de un PEN en el que en el fondo no cre¨ªan, pero les interesaba, como interes¨® la construcci¨®n de autopistas a concesionarios que sab¨ªan que el tr¨¢fico no las har¨ªa nunca rentables, pero que eran un buen negocio financiero "con la garant¨ªa del Estado".

El doble baremo de 'econom¨ªa de mercado'.

No creo, insisto, en que las el¨¦ctricas, con buenos expertos a su servicio, fueran sorprendidas, en su deseo de servir al pa¨ªs, por el Gobierno y las Cortes. Si se equivocaron, se equivocaron ellas. Aunque, m¨¢s bien, pienso que en realidad no hubo tal equivocaci¨®n, y lo interesante era construir, teniendo en cuenta las relaciones existentes en nuestro pa¨ªs entre empresas de uno y otros sectores, v¨ªa grupos bancarios. Lem¨®niz, probablemente, no habr¨¢ sido rentable a Iberduero hasta la fecha. Pero ?y a los que la construyeron? ?Y a los que la financiaron? Y ello es s¨®lo un ejemplo.

Que conste, no obstante, que, a mi juicio, es leg¨ªtimo que los empresarios pretendan obtener beneficios. Que quienes buscaban la concesi¨®n de una autopista, para beneficiarse de los correspondientes cr¨¦ditos exteriores con garant¨ªa del Estado, al margen de la viabilidad de la misma, estaban en su derecho en hacerlo. Y, l¨®gicamente, los de las centrales nucleares tambi¨¦n.

Lo que podemos criticar los ciudadanos es que la acci¨®n del Estado, concertada o no, mirase m¨¢s hacia aquellos beneficios que hacia los aut¨¦nticos intereses del desarrollo de nuestro pa¨ªs. Pero, insisto, es l¨ªcita la b¨²squeda de beneficios dentro de un sistema de econom¨ªa de mercado, incluso aprovechando cuantos recursos legales puedan existir. Pero, en caso de equivocaci¨®n empresarial, ?hay que enjugar las p¨¦rdidas? Seamos serios. A eso, desde luego, no debiera jugarse. Econom¨ªa de mercado y libre decisi¨®n empresarial, de acuerdo, pero socializaci¨®n de p¨¦rdidas o garant¨ªa de beneficios, por favor, no.

Justificar las compensacionesNo entendemos, desde luego, el significado de la paralizaci¨®n gubernamental del programa nuclear. Si, como pensamos, y pens¨¢bamos ya hace m¨¢s de cinco a?os, las centrales programadas no son necesarias para el abastecimiento energ¨¦tico, quienes no debieron decidir invertir ni seguir invirtiendo en ellas son los empresarios, privados, del sector el¨¦ctrico. Si las tarifas el¨¦ctricas, sometidas a control de precios, en virtud de que se trata de un monopolio natural y no por otra raz¨®n, se calculasen siempre en virtud de los costes de prestaci¨®n del servicio y no (como pretende con frecuencia el sector y, en parte, consigue del Gobierno de turno) en virtud de sus costes gl¨®bales (lo que equivaldr¨ªa, por ejemplo, a que si alguien ampl¨ªa su negocio sin necesitarlo habr¨ªa que garantizarle la cobertura de los costes que supondr¨ªa su capacidad ociosa), no me cabe la menor duda de que las el¨¦ctricas no pretender¨ªan seguir ampliando su potencia instalada por encima de las necesidades de la demanda. Por consiguiente, ?por qu¨¦ paralizar lo que se paralizar¨ªa por s¨ª mismo si hubiera una pol¨ªtica tarifaria adecuada?

O es que en realidad, como denunci¨® en su d¨ªa EL PA?S en un editorial, hubo un pacto del cap¨® tras la decisi¨®n de nacionalizar la red de alta, acogida con tanta deportividad por los mismos que en 1978 provocaron la primera crisis ministerial del Gobierno de Su¨¢rez, ante la eventualidad de una decisi¨®n semejante?

?Es acaso la paralizaci¨®n oficial la cobertura de esa compensaci¨®n pactada? Cobertura, como el PEN, de un doble baremo de econom¨ªa libre de mercado para asegurar beneficios y garantizar p¨¦rdidas.

Lo de menos, al final, es c¨®mo se paga esa compensaci¨®n. Quienes la pagan son siempre los mismos. Sea con impuestos, mayor d¨¦ficit del sector p¨²blico o... directamente, v¨ªa tarifas. Somos paganos todos y cada uno de los ciudadanos-consumidores. ?Y no es justo!

es presidente de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU).