Las anunciadas medidas laborales

Las medidas anunciadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social buscan ampliar las posibilidades de traslado de los trabajadores de un lugar geogr¨¢fico a otro distinto, o de cambio de la funci¨®n para la que fueron contratados. Por otra parte, se prev¨¦ la reducci¨®n, para determinados casos, del seguro de desempleo. As¨ª, mientras hoy la percepci¨®n m¨¢xima est¨¢ concretada en un 220%, del salario m¨ªnimo interprofesional, lo que supone unas 70.000 pesetas al mes, se pretende su reducci¨®n al 15,0% de dicho salario, lo que supondr¨ªa un cobro m¨¢ximo de 50.000 pesetas mensuales.El mismo ministro ha dicho tambi¨¦n que el prometido adelanto de la jubilaci¨®n a los 64 a?os no es un tema urgente ni prioritario y que, por lo tanto, cuando menos por el momento, no se modificar¨¢ en este sentido la legislaci¨®n laboral.

Casi al mismo tiempo en que se produc¨ªan tales declaraciones, confirmaci¨®n de otras anteriores efectuadas por miembros del Gobierno, se anuncian severas medidas en el mismo campo laboral. Se han concretado en el despido de varias decenas de miles de trabajadores para lograr, como ¨²nica medida posible, la rentabilidad de empresas del sector p¨²blico. O en la reducci¨®n de salarios, con igual finalidad, en una concreta e importante empresa con capital p¨²blico mayoritario. La misma reciente ley de jornada de 40 horas -por excepci¨®n progresiva es interpretada por el Gobierno de forma sumamente restrictiva a trav¨¦s de una circular interna.

Las reformas y medidas apuntadas tienen, como, fundamento, la pretensi¨®n de paliar la actual crisis econ¨®mica mediante la limitaci¨®n, reducci¨®n o anulaci¨®n de importantes derechos y condiciones de los trabajadores, en el marco de las relaciones laborales.

Algunos de los derechos cuya eliminaci¨®n se pretende, tienen car¨¢cter hist¨®rico en el mundo del trabajo y son considerados como b¨¢sicos y fundamentales por los trabajadores. Su concreci¨®n, en mayor o menor medida, la encontramos ya en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, promovida, como es sabido, por el socialista, Largo Caballero.

Se trata de unas reformas y medidas propias de un Gobierno con servador y, por lo tanto, impropias de un partido socialista y obrero. Se trata de medidas que conducen a un mayor y grave desnivel en las ya injustas y desiguales relaciones entre el mundo empresarial y el del trabajo. Con las mismas, los mayores costes de la crisis seguir¨¢n repercutiendo, casi exclusivamente, en los trabajadores. El mismo Fraga Iribarne ha tenido que admitir, esta vez con raz¨®n, que los socialistas en el Gobierno se est¨¢n aproximando al programa econ¨®mico-social de la derecha.

En marzo de 1980 le promulg¨® el Estatuto de los Trabajadores, obra del Gobierno de UCD. En aqu¨¦l, al mismo tiempo que se reconoc¨ªan los derechos democr¨¢ticos fundamentales, en el orden laboral se limitaban muy notablemente derechos de los trabajadores.

El Gobierno socialista, en lugar de recuperar -o incluso ampliar- tales derechos, ampl¨ªa y extiende el camino iniciado por el Gabinete anterior, adoptando una reforma y unas medidas que ni la misma derecha quiso -o pudo- llevar a la pr¨¢ctica.

Variar el rumbo

El partido socialista ha logrado sintonizar con los intereses populares mayoritarios en algunas cuestiones de trascendencia. Han merecido especial aprobaci¨®n, por parte de amplios sectores, importantes medidas de todo orden en contra de la corrupci¨®n, incluida la practicada en el campo laboral por algunos funcionarios, y empresarios. Pero todo ello resulta muy insuficiente si no va acompa?ado de una pol¨ªtica, en lo econ¨®mico y social, progresiva, que atienda los intereses de los trabajadores y, en definitiva, menos temerosa frente a los poderes f¨¢cticos empresariales. De no variar el actual rumbo, que se manifiesta con las reformas y medidas laborales anunciadas, a nadie podr¨¢ sorprender que se extienda y generalice la conflictividad obrera. es abogado laboralista.