El terrorismo, ante el Congreso

HOY CONOCER? el Congreso los planes del Gobierno para mejorar la eficacia de las acciones emprendidas contra las bandas terroristas. Los crispados momentos y las emociones desatadas por el monstruoso asesinato del capit¨¢n Alberto Mart¨ªn se hallan en los or¨ªgenes de la convocatoria de este pleno. Sin embargo, ETA no hab¨ªa cejado en su acoso desde la investidura de Felipe Gonz¨¢lez. La larga y dolorosa lista de atentados y asesinatos de este per¨ªodo as¨ª lo testimonia.Es posible que el Gobierno socialista creyera al comienzo de su mandato que las puertas del infierno terrorista no podr¨ªan prevalecer contra la nueva mayor¨ªa. Tal vez esa confianza inicial les hiciera bajar la guardia o infravalorar los peligros en los primeros momentos. Cabe especular, as¨ª, sobre omisiones en el terreno de las presiones diplom¨¢ticas y errores en Ja reorganizaci¨®n de los servicios de informaci¨®n y polic¨ªa. Las d¨¦biles esperanzas en una tregua de las diferentes ramas terroristas mostraron su car¨¢cter ilusorio al fracasar, en parte por culpa del propio PSOE, la iniciativa de Garaikoetxea de convocar una mesa de la paz.

Las informaciones disponibles dan fundamento para suponer que el Gobierno ha desistido de adoptar algunas medidas antiterroristas que a corto plazo s¨®lo tendr¨ªan efectos propagand¨ªsticos, y que a medio y largo plazo ser¨ªan contraproducentes. Sugerencias acaloradas de declarar el estado de excepci¨®n, reclamar la intervenci¨®n militar o prolongar nada menos que hasta 20 d¨ªas el plazo de detenci¨®n preventiva antes de pasar al juez para los sospechosos de ser miembros de bandas armadas han estado sobre la mesa del Gobierno. Tambi¨¦n la ilegalizaci¨®n expresa de Herri Batasuna y de los partidos que forman la coalici¨®n, situados actualmente en una especie de limbo de alegalidad, ilegalizaci¨®n que s¨®lo conducir¨ªa a una crispaci¨®n mayor en el cuerpo social del. Pa¨ªs Vasco. Finalmente, la guerra sucia -alguno de cuyos m¨¦todos parece estar usando el Gobierno- es un recurso prohibido a cualquiera que crea en la superioridad pol¨ªtica y ¨¦tica de los sistemas democr¨¢ticos y que se halle comprometido en la defensa de sus valores. Pero adem¨¢s la experiencia se?ala que el terrorismo institucional -baste con el ejemplo de Argentina- no s¨®lo rebaja a los que lo practican a la misma m¨ªsera condici¨®n moral de las bandas armadas, sino que les condena a una segura bancarrota pol¨ªtica.

En cualquier caso, estas noticias que llegan -y que esperemos se confirmen hoy- de que el Gobierno ha decidido juiciosamente renunciar a las rentas de una escenificaci¨®n espectacular pero in¨²til de la lucha antiterrorista no significan que pueda resistirse por completo a las presiones encaminadas a exigirle que confirme con gestos visibles -eficaces o no- su obvia voluntad de oponerse a las bandas armadas. Seg¨²n parece, las medidas ideadas que hoy debatir¨¢ el Parlamento ser¨¢n judiciales, penitenciarias, procesales y penales. En el ¨¢mbito judicial se ampliar¨ªan las excepciones al principio general de territorialidad de la ley penal, a fin de perseguir las extorsiones y acciones de los terroristas en el extranjero, y se tratar¨ªan de modificar las pr¨¢cticas de extradici¨®n con otros pa¨ªses. En el terreno penitenciario, las precauciones adoptadas para garantizar la seguridad de los funcionarios pueden castigar indirectamente a los familiares de los reclusos y poner en cuesti¨®n los principios de la reforma penitenciaria. En el campo procesal, las medidas para aplicar el per¨ªodo m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva no necesitan, a nuestro juicio, modificaci¨®n alguna de las leyes. En el ¨¢mbito penal, la equiparaci¨®n del militar con la autoridad en casos de atentado permitir¨ªa utilizar el tipo penal agravado que se emplea cuando las v¨ªctimas son miembros de las Fuerzas de Orden P¨²blico. Los ultrajes a la bandera cometidos por cargos p¨²blicos ser¨ªan sancionados m¨¢s severamente. La realidad es que, a la postre, el Gobierno se encuentra con el hecho de que existen leyes m¨¢s que poderosas -y algunas hasta dudosamente constitucionales para luchar contra el terrorismo, y que no se trata de modificarlas si no es para acallar la hidra golpista o la tribulaci¨®n popular por la escalada terrorista. Pero ser¨ªa un error peligroso que el Gobierno recorriera la pendiente del p¨¢nico en esta cuesti¨®n.

Esta pendiente se insin¨²a en la decisi¨®n de perseguir con mayor rigor, y bajo la expectativa de penas m¨¢s severas, los llamados delitos de apolog¨ªa del terrorismo. Una vez m¨¢s es preciso se?alar que la indeterminaci¨®n y vaguedad de ese tipo delictivo conculcan, a nuestro juicio, los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jur¨ªdica. El C¨®digo Penal hab¨ªa considerado siempre la apolog¨ªa del delito -tal y como la define el art¨ªculo 566- como una simple falta. La elevaci¨®n a delito sustantivo de "la apolog¨ªa p¨²blica" de las conductas o actividades de las personas "integradas en grupos o bandas organizados y armados y sus conexos" trata vanamente de encerrar dentro de los l¨ªmites del derecho penal fen¨®menos Jur¨ªdico-pol¨ªticos de dif¨ªcil definici¨®n, y para cuya denuncia el ministerio fiscal carece de criterios fijos y seguros. Por lo dem¨¢s, la experiencia de la llamada ley de Defensa de la Democracia ense?a que no son este tipo de amenazas las que logran vencer al terrorismo, sino las que agitan sus aguas. El Gobierno no est¨¢ obligado a ofrecer milagros en su lucha contra ETA, pero est¨¢, en cambio, obligado a no cometer equivocaciones en su respuesta represiva. Esperamos y deseamos que este sea el ¨¢nimo con que hoy comparece ante las Cortes.