Los accionistas privados de Campsa no tendr¨¢n representaci¨®n en los ¨®rganos de gesti¨®n
El proceso de reordenaci¨®n del subsector de hidrocarburos ha entrado en la segunda fase, tras concluir el viernes pasado la Oferta P¨²blica de Adquisi¨®n de Acciones (OPA) que el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) puso en marcha hace dos meses para hacerse con el 100% de las acciones de Campsa. Portavoces autorizados del INH calificaron el resultado de la OPA de "todo un ¨¦xito", aunque alrededor de un 3% del accionariado quedar¨¢, sin representaci¨®n en los ¨®rganos de gesti¨®n, en manos privadas. Por otro lado, parece estar en una fase avanzada la valoraci¨®n de la red primaria de distribuci¨®n de productos petroleros por parte del Ministerio,de Econom¨ªa y Hacienda, situ¨¢ndose su valor en algo menos de 100.000 millones de pesetas.
Seg¨²n los datos disponibles al t¨¦rmino de la OPA, fue una parte de los 18.000 accionistas privados, que poseen menos de 100 acciones cada uno, los que decidieron no aceptar la oferta`de venta de sus valores al 250% de su cotizaci¨®n nominal. Todo indica que, salvo algunos casos concretos, los que no vendieron lo hicieron porque no tuvieron conocimiento de la OPA o porque su n¨²mero de acciones era tan peque?o que ni se molestaron en acudir a las entidades de cr¨¦dito o a los agentes de bolsa a intercambiar sus efectos.Teniendo en cuenta que el n¨²mero de acciones sometidas a la OPA era de casi nueve millones -el 45% del capital social, con un valor de algo m¨¢s de 10.000 millones de pesetas-, la Oferta P¨²blica puede caracterizarse como un ¨¦xito. Todas las entidades accionistas o con una cartera muy importante decidieron vender e incluso se comprometieron a recomendar la venta a los accionistas privados clientes suyos.
El resultado final puede resumirse en que un 97% de Campsa es ya del INH y que se puede proceder a la segunda fase del proceso de reordenaci¨®n del sector de hidrocarburos, consistente en el traspaso a la nueva sociedad de la red primaria de transporte -oleoductos, flota, etc.- de petr¨®leoy productos que, propiedad del Patrimonio del Estado, usufructuaba la compa?¨ªa arrendataria del monopolio. Queda pendiente, sin embargo, la valoraci¨®n de esa red, para la que se nombr¨® una comisi¨®n dentro del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, que se situar¨ªa en torno a los 100.000 millones de pesetas. Una vez traspasada la red a Campsa, las compa?¨ªas refinadoras espa?olas entrar¨¢n en el capital de la sociedad con la distribuci¨®n accionarial acordada en el documento que se firm¨® el pasado junio.
Al no alcanzarse el objetivo de convertir a Campsa en un 100% p¨²blica, algunos medios del sector petrolero estiman que la operaci¨®n de reordenaci¨®n del sector puede estar sujeta a incertidumbres. Si lo que se persegu¨ªa era que Campsa tuviese, aparte del Estado, s¨®lo refinadores entre su accionariado, y que la compa?¨ªa fuese la distribuidora ¨²nica de sus productos, dentro de una maniobra de defensa de sus intereses frente a la eventual entrada en la Comunidad Europea, es muy Posible que en ese 3% que no quiso vender se cuelen accionistas no previstos.
Al parecer, entre los propietarios de ese 3% se encuentran distribuidores independientes de productos petrol¨ªferos -concretamente, dos conocidos gasolineros-, cuyas intenciones al rechazar la OPA permanecen oscuras. Algunos creen ver que persiguen s¨®lo hacerse o¨ªr en las juntas generales de la sociedad, mientras que se sospecha que su intenci¨®n puede ser crear un sindicato de accionistas y hacer valer sus voluntades minoritarias en los ¨®rganos de gesti¨®n. Sin embargo, para estar representados en el consejo de administraci¨®n, compuesto de 16 personas, necesitar¨ªan algo m¨¢s de un 5%, lo que no sucede. Por tanto, su representaci¨®n est¨¢ descartada.
Por otro lado, el riesgo de que vendan su participaci¨®n minoritaria a una compa?¨ªa extranjera es nulo. Los estatutos de Campsa prohiben la participaci¨®n extranjera. Adem¨¢s, el porcentaje de acciones que podr¨ªan obtener es tan peque?o, que no tienen derecho ni siquiera a un consejero. No obstante, s¨ª podr¨ªan forzar a una modificaci¨®n de los acuerdos entre Gobierno y refiner¨ªas, al no alcanzarse el 100% previsto.
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