Nadie cobrar¨¢ una pensi¨®n superior a 187.950 pesetas, seg¨²n una enmienda del Congreso

El grupo socialista introdujo ayer dos enmiendas de gran repercusi¨®n en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1984, que hoy terminar¨¢ de ser dictaminado en comisi¨®n y el pr¨®ximo martes pasar¨¢ al Pleno del Congreso de los Diputados. Si esas modificaciones prosperan en los siguientes tr¨¢mites parlamentarios, la Seguridad Social no pagar¨¢ a ninguna persona m¨¢s de 187.950 pesetas mensuales, por una o varias pensiones. Asimismo, integrar¨¢ a todos los montep¨ªos o cajas de empresas con mayor¨ªa p¨²blica. Para miles de jubilados y empleados de bancos oficiales, Tabacalera, Telef¨®nica o Campsa, por ejemplo, ello supone fuertes recortes de ingresos. Hay pensiones superiores a 350.000 pesetas.

La oposici¨®n conservadora, que argument¨® extensamente en contra del tope, apenas expres¨® inter¨¦s en la enmienda verbal socialista que pretende la integraci¨®n de dichas cajas de pensiones en la Seguridad Social. El asunto, sin embargo, se perfila como uno de los temas estelares del pleno, junto a los relativos a impuestos, reparto del dinero para ayuntamientos y autonom¨ªas, y distribuci¨®n de la subida salarial para funcionarios.Tanto el Grupo Popular como la Minor¨ªa Catalana hab¨ªan presentado enmiendas escritas contra la propuesta gubernamental que origin¨® luego la enmienda socialista: el paso a la Seguridad Social dela Mutualidad de Previsi¨®n, cuya crisis necesitar¨¢ este a?o ayudas estatales por unos 9.000 millones de pesetas, pese a que sus 13.000 pensionistas reciben al mes como promedio 130.000 pesetas, seg¨²n fuentes del PSOE. La pensi¨®n media en la Seguridad Social no llega a las 40.000 pesetas.

Frente al proyecto gubernamental, contestado por la oposici¨®n, el grupo socialista hizo sentir en conversaciones previas "el peso de los 10 millones de votos", en expresi¨®n de uno de sus miembros, y quiso al principio incluir tambi¨¦n a toda la banca oficial. Pero el grupo que mantiene al Gobierno fuer ayer m¨¢s all¨¢ y present¨® de viva voz, por boca de Alejandro Cercas, una enmienda que extiende el proyecto a todas las empresas con mayor¨ªa p¨²blica que actualmente funcionan con sistemas de pensiones sustitutorios alos de la Seguridad Social.

Triple objetivo

La intenci¨®n era impedir que el aumento de jubilados en relaci¨®n con el n¨²mero de trabajadores cotizantes plantee en dichos montep¨ªos o cajas situaciones como la registrada en la Mutualidad de Previsi¨®n, donde las cotizaciones de los 20.000 funcionarios que hoy la soportan resultan ya insuficientes para pagar a los 13.000 jubilados.Seg¨²n dijo fuera de la comisi¨®n Alejandro Cercas, se persigue un triple objetivo: que el Estado no financie desde ahora ning¨²n d¨¦ficit de dichos sistemas sustitutorios; que al integrarse a la Seguridad Social ¨¦sta s¨®lo preste sus coberturas generales con el dinero que le pasen los respectivos montep¨ªos; y que cada una de estas cajas s¨®lo complemente las pensiones de la Seguridad Social en la medida de sus posteriores disponibilidades. Mientras en la Seguridad Social las pensiones iniciales se calculan por el 60% del sueldo de los dos ¨²ltimos a?os, en tales montep¨ªos suele cubrirse el 100%. del ¨²ltimo sueldo, que por lo general es elevado al procederse a ascensos con motivo de la jubilaci¨®n.

Aunque la oposici¨®n no se pronunci¨® sobre las novedades anteriores, es previsible que extienda contra ellas los argumentos utilizados frente al tope de 187.950 pesetas en todas las pensiones a la hora de su acumulaci¨®n o revalorizaci¨®n: el mantenimiento de los derechos adquiridos. El argumento socialista es que no se puede hablar de derechos adquiridos cuando paga la gente que trabaja.

Tambi¨¦n hubo debate animado en torno a la incompatibilidad de cualquier pensi¨®n de la Segur¨ªdad Social con sueldos de administraciones u organismos p¨²blicos, introducida por el proyecto de presupuestos. Sin que fuera desmentido, el diputado conservador Juan Ram¨®n Calero se refiri¨® a que un gobernador civil socialista cobra pensi¨®n.